La conectividad en Colombia no es buena en las regiones; y seguirá así por algún tiempo, gracias al escándalo de Centros Poblados en el pasado Gobierno. Conectar la ruralidad es un reto grande que tiene la nueva ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia, para quien algunas de sus prioridades son impulsar la conectividad y lograr la democratización de las comunicaciones.
Para el presidente Petro, las telecomunicaciones y la conectividad son cruciales para la seguridad, la educación, la transformación económica, la agricultura, el uso en industria y para que los pequeños empresarios puedan mejorar sus niveles de productividad.
Y son buenas las intenciones del Gobierno. Sin embargo, otro puede ser el rumbo que tome este sector. De acuerdo con el abogado Pablo Márquez, socio de la firma ECIJA Colombia, “desde hace más de 8 años, el sector de tecnologías de la información colombiano ha venido siendo dirigido principalmente por abogados. Esto no es casualidad sino la consecuencia de la alta carga jurídica que tiene”.
Dijo además que “la remoción de barreras regulatorias en la prestación de servicios de valor agregado y la garantía del principio de neutralidad de red estarán presentes, como cada cuatro años”. Para no detener la expansión de las TIC se debe garantizar la disponibilidad del espectro para la prestación de nuevos servicios, así como la extensión de servicios de infraestructura para utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados para Triple Play que es telefonía, internet de banda ancha y televisión, a los hogares y empresas.
En esto coincide Andrés Fernández de Castro, de Gómez-Pinzón: “El principal reto del nuevo Gobierno es propiciar condiciones óptimas para aumentar la conectividad de los ciudadanos y la apropiación de servicios digitales por los mismos. Además, otro frente relevante será la generación de escenarios para que las empresas de distintos sectores de la economía avancen en la digitalización de sus servicios y puedan llegar a más ciudadanos”. Esto incluiría la posibilidad de revisar la actual regulación en materia de protección de datos personales para su adecuación o actualización a estándares internacionales.
Lo anterior va de la mano con la digitalización de muchos de los servicios del Estado, cuyas entidades tienen el gran reto de implementar programas de privacidad y de seguridad digital que permitan el desarrollo de un ecosistema que garantice los derechos de los ciudadanos.
“Así mismo, es importante equilibrar las cargas regulatorias y tributarias de los actores del sector, para incentivar la inversión y la entrada de nuevas tecnologías que promuevan el cierre de la brecha digital”, comenta Juan Nicolás Laverde, de Brigard Urrutia.
Implementando el 5GY como la tecnología no se detiene, la llegada del 5G es un hecho. Según Asomóvil, desde el primer semestre de 2020, el MinTIC autorizó el uso del espectro radioeléctrico a 5 compañías: ETB, Claro, Movistar, ITICS y Xiro Investment Group. El objetivo es que realicen el plan piloto de uso del espectro en la red 5G en la franja 3.5 GHz por un plazo de seis meses con posibilidad de renovación. Si bien al 5G aún le quedan varios años para desarrollar todo su potencial, la mayoría de los expertos espera que cambien las reglas del juego para toda la industria tecnológica y se allane el camino para innovaciones emocionantes, que van desde infraestructura renovada hasta vehículos totalmente autónomos.
Pero la rentabilidad del 5G entra a jugar un papel importante para las empresas y su desarrollo. Pablo Márquez comenta que la “rentabilidad de una empresa es también una función de las cargas tributarias y no tributarias que impone el Estado. Y eso es muy evidente en la reforma tributaria presentada por el Gobierno. Una empresa de telecomunicaciones con un margen operacional menor al 3,9 por ciento queda con una carga tributaria de más del 100 por ciento de su utilidad. Un modelo donde el prestador del servicio público queda debiendo al Estado a pesar de ser eficiente solo castiga al consumidor”.
Por ello, para que haya un modelo de 5G con suficiencia financiera para el operador se debe reducir a mínimos el precio del espectro, se debe acabar con la contribución de uso de espectro y se debe limitar la capacidad de los municipios de impedir el despliegue en dichas zonas. Estos cambios seguramente facilitarán que los operadores puedan prestar el servicio con suficiencia financiera en la mayor parte del país.
El espectro radioeléctrico
¿Cómo ven los expertos la renovación de licencias de espectro para ampliar la cobertura en zonas alejadas? Para Laverde, de Brigard Urrutia, “el uso del espectro radioeléctrico es una de las vías más efectivas para ampliar la cobertura en zonas alejadas, especialmente en aquellas en las cuales el despliegue de fibra óptica es costoso o inviable. En este sentido, la renovación de licencias y permisos de uso de espectro, así como los planes para el desarrollo y la promoción de servicios de radiocomunicación satelitales, son esenciales para ampliar la cobertura en las zonas más apartadas del país”.
En ese orden de ideas, en el marco de las discusiones de renovación de permisos vigentes, el Estado deberá analizar cómo aplicar dichos criterios para que, a través de los mismos operadores, y por la vía de obligaciones de hacer, se logre el cometido de llegar a zonas apartadas sin que, por supuesto, esto vaya a implicar una carga exagerada, excesivamente onerosa o desproporcionada para los titulares de los permisos respectivos.
Y esto lo corrobora Gustavo Tamayo Arango, de Lloreda Camacho, al afirmar que “es un buen mecanismo permitir a los operadores pagar el valor de los permisos de uso de espectro a través de la ejecución de obligaciones que corresponden al despliegue de cobertura en zonas alejadas, pues beneficia finalmente a la población y permite a los operadores contar con alternativas para el pago de sus obligaciones”. Dice Tamayo que “sin embargo, el Gobierno debe continuar apoyando a los operadores en la etapa de ejecución de sus obligaciones, pues generalmente dichos despliegues de red se dan en zonas alejadas, con problemas de orden público que imposibilitan a los operadores desplegar sus redes en los tiempos ordenados por el Gobierno. Los despliegues de red en zonas con problemas de orden público están permeados por hechos de fuerza mayor que impiden cumplir a los operadores, y esto es una realidad que debe ser acatada por el Estado, en vez de sancionar a los operadores por no haber cumplido con los tiempos exigidos para el despliegue”.
En definitiva, con los planes que adopte el Gobierno para implementar el marco jurídico y subastar las bandas de frecuencia a través de las cuales operarán los servicios 5G, se debe procurar que la cobertura de los servicios llegue a zonas alejadas o poco rentables. Para ello, es necesario incentivar el despliegue de infraestructura por parte de los operadores equilibrando las cargas regulatorias y promoviendo la competencia entre estos, para que se aumente gradualmente la penetración en el país.