En medio de las afugias por el presupuesto de 2025, las amenazas de incumplimiento de la regla fiscal y la caída del recaudo tributario, le nació otra pata al cojo. Esta vez, por cuenta de un acto legislativo que busca hacer un cambio en la Constitución para subir los ingresos que el Gobierno central les gira a las regiones.
La iniciativa, que ya fue aprobada en cinco de los ocho debates que requiere para convertirse en ley, tiene lógica, pues el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que se gira a departamentos y municipios ha venido descendiendo desde 1991, cuando la carta magna creó el llamado Sistema General de Participaciones (SGP). Este es el mecanismo para distribuir los recursos fiscales a las entidades territoriales y en ese momento se estableció que debería girarse el 46,5 por ciento de los ingresos corrientes para financiar, principalmente, salud, educación, agua potable y saneamiento básico.
No obstante, diez años después llegaron las vacas flacas, tras la mayor crisis que el país había vivido hasta ese momento y el SPG tuvo que ser modificado, pues el Gobierno tenía graves problemas de caja. Luego, en 2007 se volvió a ajustar. Hoy, por SGP les transfieren a las regiones alrededor del 22 por ciento de los ingresos de la nación. Esa caída y la creciente idea de que los departamentos deberían ser autónomos para administrar sus recursos y recibir en proporción a lo que tributan motivaron el nuevo acto legislativo para volver al nivel de transferencias establecido en 1991.
El senador caldense Guido Echeverri Piedrahita es el autor del proyecto de ley y asegura que las regiones han perdido unos 400 billones de pesos en los últimos años por los reversazos que se les dieron a los recursos del SGP en las reformas de 2001 y 2007. “Lo que se busca es acentuar la descentralización para que las regiones ganen autonomía. Estudios del Banco Mundial señalan que cuando los recursos se administran en las entidades territoriales en donde se originan, el gasto es más eficiente”, precisa, al tiempo que admite que es una propuesta taquillera entre congresistas, gobernadores y alcaldes.
Dice además que cuenta con el apoyo del Ejecutivo, aunque allí serían partidarios de un ajuste menor. Su propuesta es volver al nivel del 46,5 por ciento de forma gradual en diez años, con incrementos anuales del 2,26 por ciento.
Otra idea tienen desde Anif: alertaron sobre este acto legislativo, pues consideran que podría conducir a la quiebra del Estado colombiano. Su argumento es que cambiar el SGP, cuyas transferencias hoy no están atadas a un porcentaje fijo (se calculan con base en el crecimiento de los ingresos corrientes de los cuatro años anteriores), implicaría aumentar la inflexibilidad presupuestal, eliminando el margen para la inversión social del Gobierno y su funcionamiento.
Para ilustrar su punto, muestra qué pasaría hoy si a las regiones se les transfiriera 46,5 por ciento de los ingresos de la nación. Eso equivale a 148 billones de pesos, en lugar de los 71 billones programados para este año. Así, el 95,3 por ciento del presupuesto del Gobierno nacional en 2024 quedaría comprometido y solo dejaría 15 billones de pesos disponibles para inversión pública y funcionamiento.
Echeverri dijo que en ese cálculo no se tuvo en cuenta que el acto legislativo irá acompañado de otro proyecto para transferir competencias y obligaciones del Gobierno central a las regiones, ya que estas, al recibir más plata, se encargarían de temas como vías o educación, y el Estado, de orden público y justicia. “Es que en los últimos años se les han asignado más cargas a los entes territoriales, como el PAE y el transporte escolar, pero no les han dado más plata”, reitera.
Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, opina que, evidentemente, las regiones necesitan más recursos para cubrir sus gastos de inversión y de tipo social, pero que este no es momento para pedirle más dinero al Gobierno central, teniendo en cuenta sus dificultades fiscales y su elevada deuda externa (hoy, de unos 198.000 millones de dólares).
“No solo habría que pensar en la magnitud de ese aumento del SPG, sino considerar otras alternativas, como una mejora de los impuestos territoriales. Desde el Gobierno Duque quedó contratado un estudio en ese frente, que lo recibió con beneplácito el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, pero no lo pudo tramitar, como tampoco lo ha hecho su sucesor Ricardo Bonilla”, explica Amorocho y agrega que los cambios en las transferencias también requieren exigirles fortaleza administrativa y sistemas de control a los entes territoriales. En suma, una costosa amenaza para las ya complicadas finanzas públicas.