La vivienda en Colombia está distribuida en manzanas clasificadas por estratos sociales, que se han convertido en el bastión de la injusticia y la desigualdad.
El ordenamiento de inmuebles por estratos, que fue instituido en 1985 para facilitar el acceso de toda la población a los servicios públicos básicos como el agua, la luz y el gas, independientemente de su condición monetaria, ahora tiene un uso completamente distinto.
Al principio nadie pareció detectar que podría llegar a convertirse en un instrumento de discriminación, tanto para los ricos como para los pobres. El objetivo inicial era simplemente hacer un cobro diferencial de las facturas para asignar subsidios a unos y poner un sobrecosto o contribución a otros –como de hecho se continúa haciendo– sin ningún otro miramiento que la fachada de un inmueble.
La vivienda se organizó en las ciudades en seis estratos, entre los cuales, los tres primeros: bajo-bajo o 1; bajo o 2, y medio bajo o 3, hoy constituyen el 89,6 por ciento de los inmuebles, según el Dane.
Es decir, son los candidatos a subsidios, aunque a veces albergan a personas pudientes. Entre tanto, las familias que habitan en el estrato 4 son consideradas de clase media y las del 5 y el 6 son media alta y alta. En estas franjas está el 6,8 por ciento de las unidades habitacionales; mientras que hay otro 3,5 por ciento de viviendas que registran como piratas o de estrato desconocido, según le dice al Dane el encuestado.
Esa jerarquización se fue convirtiendo en un sello, no solo para la vivienda, sino para otros asuntos, pues se suele relacionar el estrato al que pertenece el ciudadano con su forma de vestir, su actividad laboral, su ingreso y sus modales, entre otras características, y, en la mayoría de los casos, se utiliza de manera despectiva, tanto de un lado como del otro: “los ricos filipichines o los pobres desarrapados”, según la zona en la que se habita.
‘Pobreza vergonzante’, el testimonio de una mujer que fue rica
Pero las personas no son la vivienda. Abigaíl* es la muestra fehaciente de la distorsión que se genera alrededor de los estratos. Habita en un apartamento de estrato 6 en Bogotá, pero de puertas para adentro su situación es dramática. Proviene de una familia adinerada, de comerciantes que lograron edificar una empresa, la cual, finalmente, tuvo un revés en el camino y terminó en la quiebra.
Cuando sucedió la desgracia familiar, ella era una ejecutiva que había logrado escalar posiciones, debido a su alto nivel educativo. Era casada, con dos hijos a quienes podía tener en los mejores colegios de la capital. Pero llegó la adversidad y lo perdieron todo. La situación desestabilizó su entorno. Vino la separación conyugal y se quedó sin empleo.
La dificultad para encontrar un nuevo trabajo se ha mantenido hasta ahora, cuando aún tiene a cargo a su hijo menor, que cursa la secundaria. Vive en arriendo, en un espacio de 60 metros, después de haber tenido un inmueble de 300 metros.
Se quedó en la misma zona porque uno de sus amigos ricos le arrendó un apartamento pequeño y barato, que paga con ‘el rebusque’, como ella lo llama: hace velas, de vez en cuando presta una asesoría en etiqueta y protocolo, pero eso no le alcanza para cubrir de manera permanente los gastos.
“La sociedad juzga y critica porque no me mudo a otro barrio más modesto, pero no tengo papeles para sustentar ante una inmobiliaria que podría pagarles el arriendo, aunque con dificultad”. También se quedó en el sitio de estrato 6 porque está ubicado cerca al colegio donde estudia su hijo, no solo porque, como madre, quiso ofrecerle un mejor futuro al menor, sino porque se ahorra al menos el transporte.
Abigaíl está cerca de cumplir la edad de pensión sin que haya podido cotizar el total de las semanas necesarias para aspirar a recibir el beneficio, y aunque ha buscado empleo en “lo que salga”, siempre la rechazan con el argumento de que está sobrecalificada para el cargo. “Cada mes tengo que escoger entre pagar el arriendo, hacer mercado o comprar los medicamentos para la artritis. Hay días en que salgo adelante con la ayuda de Dios, porque me dan la mano en la parroquia”, sostiene la mujer.
Las distorsiones
En Colombia, los subsidios que se irrigan a la población necesitada, aplican desde el estrato 3 hacia abajo y generan una alta inequidad. Es más, en ocasiones hasta promueven la falsedad y la corrupción. Sucede, por ejemplo, con los créditos educativos en el Icetex. Allí, los beneficios son otorgados –en teoría– a los estudiantes de menores ingresos. Implica pagar el crédito con intereses bajos y hasta condonación de las deudas, lo que lleva a que los avivatos se consigan recibos de servicios públicos del pariente más pobre o de la empleada que hace las labores domésticas en la casa y vive en estrato 1 para obtener las ayudas que ofrece el Estado con los recursos públicos.
En el caso de los apoyos estatales para el pago de servicios como la luz, en algunas oportunidades los reciben viviendas de estrato 3 que en el garaje tienen una fábrica de zapatos, actividad que, por demás, es altamente consumidora de energía.
Eso, sin contar con que hay viviendas que valen una verdadera fortuna, pero están catalogadas en estrato 1 por ser bienes de interés cultural, y reciben subsidios en la factura de la luz.Los estratos quedaron obsoletos, dice el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quien ahora adelanta una transformación, la cual fue introducida en el Plan de Desarrollo, por lo tanto, ya es una medida con respaldo de ley.
Desde la perspectiva del funcionario, “la estratificación ya llegó a su punto máximo. Informa sobre las condiciones de la vivienda, pero no sobre los ingresos de las personas”. Dejarla atrás no es tarea fácil. De hecho, el hoy director de Planeación Nacional es uno de los que más han insistido en Colombia en la urgencia de pasar la página de un capítulo que ya se agotó, tras haberse originado hace 38 años.
González fue uno de los investigadores del estudio ‘Hacia una nueva metodología de estratificación socioeconómica urbana’, promovido por la Secretaría de Planeación de Bogotá. De allí, ahora expone la complejidad de hacer ese cambio, puesto que “ningún barrio se deja subir el estrato, pese a las mejoras en el entorno. Las viviendas en los estratos 4, 5 y 6 son urbanizaciones nuevas, pero en las viejas no parece haber más remedio que dejarlas quietas, lo que ha llevado a una acumulación en los estratos 2 y 3, que representan casi el 60 por ciento”, dice González.
El director de Planeación Nacional cuenta que, en el ejercicio investigativo que realizaron, buscaban crear un modelo para pasar de una estratificación por manzana, como aplica en la actualidad, a una por predio, pues, a su juicio, el problema es que nunca se pueden llegar a conocer las condiciones del hogar para aplicar las políticas sociales de forma más eficiente. “El Dane, con la Encuesta Integrada de Hogares, entra a barrios como La Candelaria o al Nicolás de Federmán, en Bogotá, pero un joven encuestador toca la puerta en una vivienda del barrio Rosales, que tiene apartamentos de entre 3.000 y 4.000 millones de pesos, y no lo dejan entrar.
Por lo tanto, en la mencionada encuesta no hay nadie que tenga ingresos de 40 millones de pesos. El más rico en la encuesta es una pareja de profesores que gana 11 o 12 millones de pesos entre los dos”. González narró una historia similar a la de Abigaíl.
“En esa oportunidad, encontramos, por ejemplo, viviendas en el barrio Nicolás de Federmán, en Bogotá, en el que todos los integrantes, durante ese año, se habían quedado sin empleo. El papá o la mamá se enfermaron y tenían una aguda crisis económica. No podían vender la casa, porque pese a que ya la habían pagado y no tenían deuda, en medio de su compleja situación no tendrían para dónde irse. Poco a poco fueron llegando los desempleados: el hijo, la hermana. Todos se juntaron y empezaron los conflictos. Eso es lo que no puede captar el estrato”.
El ‘pinito’
Con esas realidades en mente, el director de Planeación dice que ahora, la meta es avanzar en el registro universal de ingresos, que ya está en marcha, luego de haber sido lanzado hace un mes. “La idea es llegar a que todos los colombianos informemos sobre el ingreso, cada año, como se hace en Europa. De esa manera, el que tiene más plata paga impuestos, el que tiene menos recibe subsidios”.
El registro social de hogares ya suma la información de 33 millones de personas. Para ello, utiliza todas las bases de datos de entidades del Estado. Con el cruce de información en la Dian, por ejemplo, se puede detectar a una persona que aparece registrada en los niveles más bajos del Sisbén, pero en el Día sin IVA compró cinco televisores, manifiesta el director de Planeación Nacional.
“Vamos a tener datos de todos, del tendero, del vendedor ambulante, en la medida en que la tecnología avance. Por ello, hay que lograr pagarle al vendedor ambulante a través del celular. Con ello se podría tener toda la información de ingresos del país”.
La expectativa de González es que Colombia pueda llegar al punto de poder decirle al hogar del barrio Nicolás de Federmán o a Abigaíl: “A ustedes en este año les fue muy mal, el Estado les va a dar subsidio”. ¿Será posible?
* Nombre cambiado.