Un grupo de 25 exministros y exviceministros de Hacienda enviaron una carta abierta a los senadores y representantes del Congreso de la República para que reconsideren un acto legislativo que busca hacer un cambio en la Constitución para subir los ingresos que el gobierno central les gira a las regiones y que se conoce como el Sistema General de Participaciones (SGP).
Esta iniciativa, que ya fue aprobada en cinco de los ocho debates que requiere para convertirse en ley, tiene prendidas las alertas de los centros de pensamiento como Anif y Fedesarrollo e incluso se dice que ha generado divisiones dentro del Gobierno, pues contaría con el respaldo del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pero con la oposición del Ministerio de Hacienda.
El proyecto propone aumentar el dinero que gira el gobierno central a las regiones y que hoy equivale al 22 % de los ingresos corrientes de la nación para subirlo gradualmente al 46,5 %, pero esto preocupa porque implicaría un mayor gasto, justo en momentos en que el dinero no alcanza y para algunos, como Anif, podría llevar a la quiebra del Estado.
A este temor se unieron los exjefes de las finanzas públicas, quienes reiteraron que el Presupuesto General de la Nación tiene enormes inflexibilidades (gastos de personal, pensiones, servicio de la deuda, el ICBF, el Sena, etc.) que están detrás de las actuales dificultades fiscales y que son las que hacen que sea necesario endeudarse para financiar el resto de los gastos de funcionamiento, como la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación de la administración pública y los gastos de inversión, y esa deuda viene creciendo año tras año.
“El proyecto de Acto Legislativo agravaría la situación. La inflexibilidad del gasto del Presupuesto General de la Nación aumentará considerablemente. No se apoya el proyecto en una redistribución clara de las competencias entre la nación y las entidades territoriales, asunto que se deja para que leyes posteriores, de incierto trámite, resuelvan esa situación. La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se amenaza de manera grave, puesto que haría imposible cumplir con el ancla de la deuda del 55 % del PIB y podríamos llegar en pocos años al tope de la deuda del 71 % del PIB, establecidos en la Ley 2155 de 2021″, advierten en la misiva.
Igualmente, los exministros alertaron que definir la participación de las entidades territoriales como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación es altamente inconveniente, pues cada vez que se necesiten recursos nuevos y se adopte una nueva reforma tributaria, subiría automáticamente el gasto público por el incremento en el Sistema General de Participaciones, llevando a un círculo vicioso imposible de cerrar entre los mayores tributos y el mayor gasto público.
“Los suscritos firmantes hacemos un llamado a los honorables senadores y representantes a reconsiderar este proyecto de acto legislativo, y a que se abran los escenarios de discusión con la academia, los representantes de las autoridades territoriales y la sociedad civil, para que el país en su conjunto estudie y resuelva el escenario de descentralización fiscal que más convenga al bienestar de toda la población colombiana”, insisten en la carta.
La misiva tuvo una rápida respuesta del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que en su cuenta de X publicó un mensaje en el que aseguró estar sorprendido y preocupado por el hecho de que serios y respetados exministros de Hacienda se refieran al proyecto que fortalece la autonomía territorial “sin leer y conocer los ajustes que ha tenido la propuesta inicial y las modificaciones ya consensuadas entre ponentes, bancadas y gobierno para plenaria de Senado”.
“Bienvenido el debate con argumentos reales y no generando miedo sin justificación ni sustento”, afirmó, al tiempo que invitó a los exministros a la mesa de concertación nacional que debe trabajar en un gran acuerdo para crear una ley que transfiera competencias a departamentos y municipios, la cual tiene dos años para discutirse en el Congreso y es condición previa para que entre en vigencia el acto legislativo. “Es la oportunidad de construir un Acuerdo Nacional por la Autonomía Territorial. El centralismo fracasó en Colombia”, puntualizó.