Cada vez son más actores los que se agregan a la polémica por el colapso de Hidroituango y, en particular, por señalar de quién es la culpa de la crisis que se presentó en la obra en el año 2018.
El informe Causa-Raíz que se conoció esta semana avivó el fuego que ya venía encendido desde semanas atrás, cuando se desató una crisis institucional, tras la renuncia en pleno de la junta directiva de EPM, tan pronto sus integrantes conocieron la decisión del alcalde Daniel Quintero, de presentar una demanda a contratistas de Hidroituango.
Una vez destapado el informe, las afirmaciones que hizo el alcalde de Medellín, según las cuales, desde agosto de 2019, siendo alcalde Federico Gutiérrez, se conocía el dictamen de la reaseguradora, en el que concluía que había errores de diseño y construcción en la hidroeléctrica, llevaron este martes a que la antigua junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) hicieran un fuerte pronunciamiento.
Con la firma de todos los integrantes de la junta en ese momento, incluido el exalcalde Gutiérrez, calificaron de "falsas" las acusaciones de Quintero y del actual gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón.
Quintero no solo señaló que el informe de la reaseguradora era conocido por Gutiérrez, sino que lo escondieron con la intención de favorecer a terceros.
¿Qué dice la antigua junta?
Ante tales afirmaciones, la anterior junta de EPM indicó que "las decisiones y comportamiento del alcalde y el gerente de EPM están creando un ambiente de zozobra e incertidumbre, quién sabe con qué propósitos e intenciones veladas, que está generando daños inimaginables, ojalá no irreparables, no solo para EPM, sino también para la ciudad y su futuro".
Los exintegrantes de la junta, entre los que se cuentan nombres como Claudia Jiménez, Andrés Bernal y Jorge Londoño de la Cuesta expresan que “el informe mencionado como oculto, fue realizado por la aseguradora, por su iniciativa, a su costo y para su uso exclusivo, buscando obtener su propio análisis de la Causa-Raíz del problema, para lo cual EPM facilitó el acceso a toda la información técnica que requirieron”.
Según los firmantes de la carta en defensa de Federico Gutiérrez, "el informe final, con los resultados de este análisis, no fue radicado en EPM, jamás fue entregado ni conocido por sus directivos o su Junta Directiva, sencillamente porque no tenían derecho a ello".
Al decir de los firmantes, "el único informe técnico contratado por EPM para establecer la Causa-Raíz del problema es el de la firma Skava, cuyas conclusiones le sirvieron de base para presentar sus argumentos frente a la aseguradora".
Según la carta de los ex miembros de la junta de EPM, "luego de concluido el informe de Skava, los reaseguradores, y por lo tanto Mapfre, le expresaron a EPM que el siniestro tenía cobertura por parte de ellos, dados los términos de la póliza, incluyendo temas de diseño, mano de obra y materiales, y aún con la existencia de posibles errores".
De acuerdo con lo expresado por los autores de la carta, “Mapfre, bajo las condiciones mencionadas, y al evidenciar que no existió culpa grave, realizó un pago inicial de 150 millones de dólares”.