El pasado martes la suerte del fracking –la técnica de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales– ocupó gran parte de la agenda informativa del país. En el Congreso avanzaba un debate sobre su futuro y Ecopetrol anunciaba el inicio de operaciones bajo esta modalidad en Estados Unidos. Mientras tanto, el Consejo de Estado se pronunciaba ante un recurso de súplica que presentó el Ministerio de Minas para desarrollar los proyectos piloto y levantar las medidas cautelares sobre un par de reglamentaciones demandadas. Ese día el alto tribunal decidió mantener las medidas cautelares, lo que significa que sigue suspendido el proceso del fracking o fracturación hidráulica en Colombia hasta que salga el pronunciamiento de fondo el año entrante. El fallo había creado gran expectativa por la importancia que tiene el sector petrolero para el país, en medio de las tensiones generadas con ambientalistas y líderes sociales que se oponen a este modelo.
Los ambientalistas celebraron la decisión. Pero los conocedores de las consecuencias económicas entraron en una gran preocupación por su impacto en la economía y las finanzas públicas. Le significaría al país perder, en el mediano plazo, la autosuficiencia energética y destinar más recursos de la nación para importar crudo y gas, lo que aumentaría los precios para los consumidores. El Estado también dejaría de recibir los recursos de inversión y las divisas que producen estas exportaciones, con fuerte repercusión en la tasa de cambio, así como los impuestos y regalías que produce el sector.
La fracturación hidráulica es uno de los temas más sensibles y polémicos en Colombia, pero este no puede hacernos perder de vista la importancia del sector de hidrocarburos como el gran motor de la economía en los últimos años. Tiene un peso gigantesco: las transferencias del sector petrolero en la década de 2005 a 2015 superaron los 200 billones de pesos. No hacer fracking impacta el bolsillo de los colombianos: Con menos exportaciones el dolar podría llegar a 5.000 pesos. O más. Con un agravante: Colombia no tiene ningún otro sector ni producto en el corto o mediano plazo que pueda compensar los recursos que genera el sector petrolero. El país está pendiente de diseñar una transición energética y una transformación de su sector productivo. No obstante, estas políticas requieren los recursos que genera el petróleo.
María Fernanda Suárez. La ministra de Minas insiste en que existe un falso dilema de agua o petróleo, cuando se puede lograr agua y petróleo con un fracking bien hecho. Como asegura la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, hasta ahora el debate se ha concentrado en un falso dilema: agua o petróleo, cuando puede ser agua y petróleo. Todo ello con procesos y mecanismos que garanticen el cumplimiento de normas ambientales y sociales, la mitigación del impacto que pueda tener y los controles necesarios para verificar su desarrollo. La comisión de expertos que designó el Gobierno nacional recomendó hacer cuatro pruebas piloto en el valle medio del Magdalena y la cuenca Cesar-Ranchería para determinar la viabilidad de la técnica. Y la administración Duque aseguró que acogería el concepto de los expertos, a favor o en contra, después de conocer los resultados de las pruebas. Esa circunstancia tranquilizó incluso a ambientalistas como el exministro Manuel Rodríguez.
Los pilotos buscan validar el potencial de recursos y aportar información sobre el subsuelo, la situación de los acuíferos y los retos sísmicos de la técnica. Es decir, gran parte de la información que el país reclama y que hoy no tiene. En el plano económico, con los yacimientos no convencionales, Colombia tendría una oportunidad para no perder la autosuficiencia energética, más cuando muchos campos convencionales están en declive y no hay descubrimientos que cambien el panorama. Cálculos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) indican que habría recursos estimados entre 10 y 20 terapiés cúbicos de gas y entre 5.000 y 10.000 millones de barriles de crudo que podrían más que triplicar las reservas actuales. Con el fracking, en 25 años el país producirían 2.800 millones de barriles de nuevas reservas de petróleo. Los cuatro proyectos piloto podrían producir gradualmente hasta 450.000 barriles diarios de crudo adicionales. Y en gas natural, extraerían el volumen requerido para atender el creciente déficit del mercado interno, al menos por los próximos 25 años.
Felipe Bayón. En el país siguen suspendidos los pilotos para hacer fracking. Mientras tanto, el presidente de Ecopetrol anunció que en Estados Unidos ya arrancaron. Para el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, si Colombia tuviera que importar petróleo, cargar las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena –que tienen una capacidad cercana a los 380.000 barriles por día– y suministrar los combustibles que demanda el país –gasolina, diésel, jet, etcétera–, tendría un costo de unos 30 billones de pesos anuales, con un precio del petróleo Brent de 65 dólares por barril. Importar petróleo produce la consecuencia directa de sacrificar recursos para programas de inversión social o aumentar impuestos para financiar iniciativas de educación, salud e infraestructura, entre otras. Los colombianos también sentirían en su bolsillo el faltante de gas natural: habría que importarlo, y ese cuesta en promedio 45 por ciento más que el nacional. Incluso en algunos momentos, el gas importado ha costado más del doble del local. Y en ciudades como Bogotá, varios expertos estiman que el impacto podría aumentar entre el 26 y el 62 por ciento el costo para usuarios residenciales de estratos 3 y 4.
Además, ya no habría exportaciones de petróleo y sus derivados, que representan cerca del 40 por ciento del total, y para 2018 fueron de 16.842 millones de dólares. Las no tradicionales tendrían que duplicar sus valores en el mediano plazo para reemplazarlas. Y no se ve qué sectores podrían alcanzar ese dinamismo. Si la fracturación hidráulica resulta viable, la inversión podría alcanzar 5.000 millones de dólares anuales, que equivalen a cerca del 2 por ciento del PIB y a un incremento del 40 por ciento de la inversión extranjera frente a 2017. Si caen las exportaciones y las divisas que ingresan por inversión, el dólar podría dispararse. La ministra Suárez advirtió que podría llegar hasta 5.000 pesos, pero otros analistas mencionan que llegaría a 7.000 pesos.
Ramiro Pazos Guerrero. El magistrado del Consejo de Estado mantuvo la suspensión del fracking. Argumenta que puede generar efectos en el medioambiente y la salud humana. En las cuentas de la ACP, los yacimientos no convencionales para los próximos 25 años aportarían 36.000 millones de dólares representados así: 10.000 millones de dólares en regalías, 18.000 millones en impuestos, 6.000 millones en dividendos y 2.000 millones en derechos económicos. “Dejarían de legado para el país recursos fiscales que permitirían aumentar entre 10 y 15 por ciento la inversión total del Gobierno central por 25 años; unos 4 billones de pesos por año”, dice el informe del gremio. El fracking no es un tema nuevo en Colombia: lo autorizó un Conpes de 2008 y luego se incorporó en los planes de desarrollo de los Gobiernos de 2010 hasta ahora. Pero en la última década no ha avanzado. Actualmente, la presión del tiempo y la posibilidad cada vez más cercana de que Colombia pierda su autosuficiencia le dan un nuevo aire a esta posibilidad. Hay que decidir pronto, pues los tiempos en el sector petrolero son largos. Hacer las pruebas piloto puede tomar entre dos y cuatro años, así que el Gobierno Duque podría no ver las primeras producciones si el Consejo de Estado le da vía libre al fracking.
Esto podría explicar, en gran parte, la decisión de Ecopetrol de invertir 1.500 millones de dólares en proyectos de fracking en Estados Unidos. Y la comparación es increíble: mientras Colombia lleva más de una década tratando de avanzar, Ecopetrol cerró su negocio con OXY en julio y ya comenzó a perforar. Un escenario en el que eventualmente el fracking tenga vía libre no exime al país de tomar decisiones fundamentales. Por una parte, debe fortalecer la institucionalidad para que los controles sean exigentes y eficientes. Y, por otra, aprovechar la bonanza que esos recursos pueden traer para hacer una transición energética; pero sobre todo, como han hecho otros países, para apalancar el desarrollo de los sectores del futuro y apostar por la transformación productiva. Que no suceda como en el pasado, que el país no aprovechó la bonanza de los altos precios del petróleo. Colombia no se puede negar a tener esos recursos. Le puede interesar: