Hace poco más de dos semanas, en Colombia inició la discusión sobre el aumento del salario mínimo que tiene en expectativa a los trabajadores colombianos, que se han visto golpeados en los últimos meses por el comportamiento deficiente de la economía y la caída en el poder adquisitivo.
El aumento en los precios de la gasolina, que realizó el Gobierno en octubre del 2022 de manera escalonada, ha ocasionado fuertes estragos en el bolsillo de los hogares, pues el galón de ese combustible pasó de los $9.300 a tocar los $15.000 en varias ciudades. Esto significa un aumento superior a los $5.000.
Con la decisión del salario mínimo, el Gobierno tendrá la difícil tarea de reparar el bolsillo de los más de 2 millones de trabajadores que perciben este salario en el país y que, según muchos aseguran, ya no alcanza para nada. Sin embargo, la administración debe mantener la prudencia en el aumento, pues un incremento exagerado le agregaría presión a la inflación y los precios terminarían subiendo más en el país.
Comprar casa sería más difícil en 2024: todo depende del nuevo salario mínimo
Una de las propuestas que han elevado en la mesa de concertación del salario mínimo apunta a que esta cifra debería aumentarse un 18%. Dicha iniciativa fue impulsada por las diferentes asociaciones sindicales que integran el grupo de conversaciones. Sin embargo, la propuesta no fue vista con buenos ojos por parte del sector empresarial.
Una de las asociaciones que elevó esta propuesta fue la Central Unitaria de Trabajadores, que buscaría que 2,2 millones de personas tengan un aumento en su salario de $208.000, que dejaría el mínimo en $1.368.800. Es preciso recordar que actualmente el salario mínimo se encuentra en $1.160.000, tras el aumento del 16% fijado por Petro al inicio del 2023.
Aunque para muchos representaría un alivio empezar a recibir $208.000 adicionales el otro año, lo cierto es que la propuesta sería más dañina que beneficiosa para estos trabajadores.
Uno de los sectores que se vería afectado con la decisión sería el de vivienda. La razón principal es que este sector define algunos de sus precios con base en el salario mínimo, por lo que al aumentarlo, estos rubros también se incrementan.
Quienes están actualmente en proceso de compra de una vivienda de interés social (VIS) se verían gravemente afectados debido a que, desde la llegada de la pandemia, diferentes constructoras han definido el precio de sus casas o apartamentos conforme al salario mínimo. La mayoría los comercializa en 150 salarios, que son cuotas que varían cada año dependiendo del salario vigente.
Durante el 2023, una vivienda de interés social con un valor de 150 salarios, costaba aproximadamente unos $174.000.000. Sin embargo, si el salario mínimo subiera un 18%, la misma vivienda quedaría costando aproximadamente unos $205.320.000.
Si el Gobierno siguiera la petición de los sindicatos y aumentara el salario este valor, los compradores de casas tendrían ahora que pagar $31 millones de pesos adicionales a lo que ya han cancelado, por lo que tendrían un aumento en el número de cuotas o en el valor a pagar por cada cuota.
Dicha decisión impactaría fuertemente al sector de la construcción, que ya ha recibido fuertes golpes durante el 2023 por diferentes decisiones gubernamentales que han desincentivado la compra de vivienda nueva. Uno de los cambios más sustanciales fue la modificación de los requisitos para acceder al susbsidio de ‘Mi casa ya’.
Anteriormente, la adjudicación de los subsidios era definida dependiendo de cuánto ganara el solicitante. Ahora se hace dependiendo del nivel de Sisbén o el grupo en el que esté incluido, lo cual supuso un nuevo obstáculo para algunas familias.