En unas pocas semanas la pandemia frenó en seco la economía mundial y solo las actividades económicas esenciales siguieron funcionando. Los efectos ya son devastadores y la velocidad de la reactivación económica aún no es clara. En Colombia, por ejemplo, los tres meses de aislamiento dispararon la tasa de desempleo a 19,8%. La situación destruyó más de 5 millones de empleos y algunos economistas prevén que para mayo la cifra de desocupación podría llegar a 30%, algo nunca visto ni siquiera en la crisis de 1999, cuando alcanzó 22%. Según calcula la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), esta tasa significa una caída de cerca de $6 billones en los ingresos de los hogares colombianos.Las poblaciones más vulnerables y los trabajadores informales que dependen del rebusque diario han sido los principales afectados. La pandemia ha dejado un costo social incalculable y el Estado debe transferir recursos rápidamente a la población más vulnerable.
Desde la declaratoria de la crisis, el Gobierno concentró sus esfuerzos en potenciar programas sociales ya existentes. Además, desarrolló e implementó algunos adicionales como el Ingreso Solidario y la devolución del IVA. Sin embargo, la dificultad logística ha sido evidente, justamente por el alto nivel de informalidad del país. En efecto, no todos los beneficiarios están bancarizados y muchos ni siquiera aparecen en las bases de datos de programas sociales. Según cifras preliminares del Ingreso Solidario, por ejemplo, el Gobierno tenía el objetivo de llegar a 3 millones de hogares al mes. Pero en abril llegó a cerca de 1,1 millones y en mayo a un poco más de dos millones. Teniendo en cuenta este panorama, más de 50 congresistas de 9 colectividades radicaron un proyecto de ley para entregar una renta básica de emergencia por un periodo de 3 meses a 9 millones de colombianos.
Grosso modo, el proyecto propone un salario mínimo por hogar focalizado en dos poblaciones objetivo. Una constituida por 6,8 millones de hogares vulnerables ya identificados por Planeación Nacional. Y un segundo grupo de 2,2 millones de hogares, integrados por tres millones de trabajadores propietarios de micronegocios identificados por el Dane y profesionales que trabajan por cuenta propia. El costo de este programa sería de $7,9 billones al mes. Es decir, $23,7 billones en 3 meses. El senador Iván Marulanda, que lidera la propuesta, explicó que las ayudas estatales son insuficientes. Y que, por lo tanto, las personas se están viendo obligadas a lanzarse a las calles, exponiéndose al virus, para buscar sus ingresos.
Inicialmente, los proponentes socializaron la propuesta con el Gobierno para que la incluyera en los decretos de emergencia. El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, sin embargo, la reconoció como una propuesta interesante, pero insistió en que no era el momento para aplicarla por las limitaciones de tiempo y de presupuesto. Por esta razón intentarán hacerlo por la vía legislativa sustentados en el artículo 215 de la Constitución, que ampara este tipo de iniciativas en el marco de un Estado de Emergencia. Al respecto, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo considera que en el corto plazo este proyecto no tiene viabilidad sin el apoyo del Ejecutivo. Pero sostiene que sí es una propuesta para evaluar en el mediano plazo. “Puede ser uno de los referentes que deberá revisarse en el gran debate sobre la equidad tributaria; debate que se abrirá en lo que pudiéramos llamar la ‘pospandemia‘. Conceptualmente tiene la ventaja sobre las dispersas transferencias no condicionadas que ha venido entregando el Gobierno, que es un esquema menos disperso que los actuales”, agregó Restrepo. Un foro virtual organizado por el Laboratorio por la Igualdad y el Desarrollo Sostenible (Lides) analizó la idea. Allí, el profesor Jorge Iván González, quien desde hace años viene trabajando en el tema, indicó que es una propuesta muy importante y necesaria para el país. Dijo que además de cambiar la calidad de vida de millones de personas, daría estabilidad al mercado. “Desde una perspectiva de largo plazo la Cepal reiteró que el alcance de esas transferencias debe ser permanente e ir más allá de las personas de pobreza. Sobre el planeta Tierra no se puede morir nadie de hambre”, indicó.
Por su parte, el economista Mauricio Cabrera la consideró una iniciativa necesaria ante las tímidas acciones gubernamentales. Señala que en medio de la crisis el país necesita acciones más agresivas que permitan garantizar el bienestar de los más vulnerables y reactivar la economía. “Solo criticaría que es tardía, claro que uno entiende que para un Congreso que no se puede reunir es difícil articular propuestas así, pero es muy importante”, puntualizó. El ministro de Hacienda, por su parte, explicó durante un debate en el Congreso que le parecía "importantísimo, como discusión de país, el futuro de nuestra política social. Llevamos 20 años o más teniendo un conocimiento de la pobreza y de cuáles son las mejores medidas para enfrentarla". El concepto de renta básica universal supone dos condiciones fundamentales: financiación e información. Es cierto que en esta última el país ha avanzado en los últimos 20 años con herramientas tan importantes como el Sisbén. Pero aún queda mucho camino por recorrer y esto ha quedado en evidencia con los problemas a la hora de entregar los recursos de los programas sociales en medio de la emergencia. Para esto, González propone integrar todas las bases de datos y avanzar hacia una declaración de renta universal que determine quién debe pagar impuestos y quién debe recibir los subsidios. El otro tema, la financiación, fue uno de los motivos por los cuales el Gobierno le cerró la puerta a la propuesta. En este sentido el proyecto radicado en el Congreso propone redireccionar el gasto, ejercer austeridad fiscal, refinanciar la deuda y a mediano plazo hacer una reforma tributaria estructural. Este proyecto tiene pocas probabilidades de llegar a buen puerto. Pero sí abre un debate importante sobre la necesidad de una medida revolucionaria de esta naturaleza. Un instrumento importante para generar verdadera equidad.