Para nadie es un secreto que las relaciones entre el Gobierno y el sector privado no han sido fáciles. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra áreas específicas de la producción han abierto más la distancia. Y aunque recientemente se han tendido puentes para buscar caminos en común en metas como la reactivación económica, aún persisten las diferencias.
De hecho, uno de los llamados a construir esa relación debería ser el Ministerio de Trabajo, con una institucionalidad que ya está creada y que en el pasado ha funcionado: la consulta tripartita entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y las sindicales.
Sin embargo, ese diálogo no se ha surtido, y la preocupación ya llegó, incluso, a instancias internacionales. SEMANA conoció una carta firmada por Roberto Suárez Santos, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), dirigida a Gilbert Houngbo, director general de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en la que manifiesta su preocupación por el actuar del Gobierno colombiano “al margen de sus obligaciones internacionales contraídas en relación con la consulta tripartita, resultando además en el debilitamiento de las instituciones de diálogo social en el país. Asimismo, resulta en un serio impacto a la libertad de asociación y la representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales en el país”, advierte la comunicación.
La OIE solicitó a la OIT que realice una “intervención urgente ante el Gobierno, exigiendo que con la máxima prontitud restablezca los procesos de diálogo social conforme las obligaciones contraídas internacionalmente en el marco del Convenio 144, debiendo consultar con la Andi, organización de empleadores más representativa, así como con las organizaciones de trabajadores más representativas, los proyectos normativos, de manera que no se violente el Convenio 87 de la OIT”.
El Gobierno ha ratificado los convenios sobre la consulta tripartita, la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Sin embargo, la carta describe la situación que se ha dado en los últimos dos años. Por una parte, en este periodo se han presentado ante el Congreso dos proyectos de reforma laboral, dos proyectos de reforma al sistema público de salud y fue aprobada la pensional, “sin que para ninguna de estas reformas sociales se haya desarrollado alguno de los mecanismos constitucionales de diálogo social tripartito, lo que ha implicado un desconocimiento de los interlocutores sociales más representativos”, advierte Suárez.
Por otra parte, destaca que espacios como la Comisión de Concertación Nacional de Políticas Laborales y Salariales no ha sido convocada para ser escuchada y para realizar, lo que llama, una verdadera consulta, como lo dispone la Constitución y el Convenio de la OIT.
“En ese sentido, el Gobierno de Colombia está impulsando una reforma laboral que no atiende los problemas estructurales del mercado laboral, no tiene en cuenta las preocupaciones de los empleadores y sobre la cual el Gobierno nacional no realizó ninguna consulta con los interlocutores sociales más representativos en el país”, afirma la carta.
En el caso de la reforma laboral, aunque el Ministerio del Trabajo realizó consultas a inicios del año anterior sobre un texto que fue archivado por el Congreso de la República, posteriormente, en agosto del mismo año, el Gobierno radicó un nuevo proyecto de ley de reforma laboral 2.0, en el que la OIE manifiesta que no se realizó ningún tipo de consulta tripartita.
Pero en su comunicación, la OIE va más allá: “Los espacios de diálogo social tripartito no se convocan desde hace meses. La última convocatoria que se hizo a la Comisión de Concertación fue en febrero de 2024, con el propósito de hacer seguimiento al plan de acción laboral de la OCDE, pero no se llevó a cabo una consulta tripartita ni un diálogo social profundo alrededor de la reforma laboral y las diferentes perspectivas de los interlocutores sociales”.
Denunció que la Andi ha sido excluida de espacios de la mayor importancia, como el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, cuyo objetivo es orientar, desde la perspectiva tripartita, la construcción de políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno, explica la misiva, decidió incluir a otros gremios como Acopi y Camacol, que representan sectores específicos de la economía nacional.
Agrega que, sin mediar consulta efectiva con la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, el Ministerio del Trabajo publicó, para consulta del público en general (más no con los interlocutores sociales más representativos), el texto de la política de trabajo decente. Asimismo, tampoco se convocan las subcomisiones de la comisión de concertación para discutir temas como equidad de género, migración laboral, empleo, formalización laboral y derechos humanos, entre otros.
“Esta situación nos enfrenta a un temor fundado de que el Gobierno apruebe reformas que no cuentan con las perspectivas de empleadores y trabajadores, y que no están enfocadas en abordar las principales problemáticas del mercado laboral”, dice, y reitera su preocupación por que se debilite la relevancia de instituciones de diálogo tripartito, con la pérdida de confianza que ello trae.
La carta, además, fue remitida también a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, por posibles violaciones a los convenios por parte del Gobierno de Colombia y a la expectativa de las medidas o sanciones que se puedan aplicar.
Esta alerta sorprende por varias razones. Una, que se da en un escenario de un gobierno de izquierda, que se mueve en el mundo sindical, y, paradójicamente, quien adelantará la investigación será el Comité de Libertad Sindical.
La segunda, por el trámite de la reforma laboral a la que, incluso, el mismo Consejo Gremial Nacional ha hecho reparos. Y la tercera, porque se acerca la definición del salario mínimo del año entrante, que será clave para mantener una tendencia a la baja en la inflación y que se logre llegar al rango meta en 2025.
“Colombia ha sido ejemplo mundial de diálogo tripartito y de diálogo social. Desde los años 90 se han implementado mecanismos mediante los cuales se permite que las discusiones más complejas del mundo laboral puedan ser llevadas a mesas y escenarios en los cuales una gran cantidad de actores representados por el Gobierno, trabajadores y empleadores se sientan, opinan, debaten, dan sus opiniones y tratan de llegar a acuerdos, a pesar de muchas veces encontrarse en orillas distintas, pero con la idea de que todos queremos tener un mundo mejor desde el punto de vista laboral.
“La falta de diálogo de los últimos años ha conducido a que se haya perdido mucho de lo que se había construido durante décadas”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi, al ser consultado sobre los alcances de la carta que conoció SEMANA. Explicó que un país tan complejo requiere de mecanismos igualmente complejos y, sobre todo, civilizados, para plantear las diferencias.
El mecanismo tripartito, dijo Mac Master, de diálogos sociales es uno de los más valiosos de la sociedad. “Perderlo sería un inmenso error, pero también una paradoja en las actuales circunstancias. La oportunidad de que Colombia hubiera tenido una reforma laboral concertada y trabajada desde lo social es inmensa. Sin embargo, para sorpresa de muchos, se ha optado por simplemente poner a discusión el texto, como si fuera una decisión exclusivamente del Gobierno. Esta ha sido una inmensa sorpresa, incluso para una muy buena parte de los sindicatos, que se sienten ignorados hoy en día”, agregó el dirigente gremial.
Por el lado sindical, la lectura es que el movimiento está fragmentado y el Gobierno estaría conversando con algunas de las centrales, no con todas, en un escenario en que se privilegia a las que lo apoyan, como quedó en evidencia en la más reciente movilización: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dijo, a través de su presidente, Fabio Arias, que las marchas en varias regiones del país eran en contra del supuesto “golpe blando” que ha venido denunciando el presidente Petro, mientras que otras, como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), no convocaron a la marcha.
John Jairo Caicedo, presidente de la CTC, dijo en su momento que, como central sindical, “debemos ser autónomos de un gobierno actual, independientemente si es de derecha o de izquierda”. SEMANA contactó al Ministerio de Trabajo para conocer su opinión frente a la denuncia de la OIE, pero al cierre de esta edición no se había pronunciado.