En repetidas ocasiones, el presidente Gustavo Petro ha expresado su inconformidad por el hecho de que parte del dinero del Presupuesto General de la Nación no se ejecute y, en su lugar, se mantenga en fiduciarias. Es más, en noviembre del año pasado ordenó no guardar plata pública en esas entidades financieras, con la justificación de que esos recursos no se pueden quedar allí, porque pierden su función social.
“Ejecución debe ser ejecución de verdad. Y ejecución de verdad es la que se vuelve una obra pública, algún tipo de aparato, de máquina, de incentivo a la producción”, aseguró en su momento.
El argumento tiene mucha lógica, especialmente este año cuando la baja ejecución ha sido uno de los karmas del Gobierno. Si bien el más reciente reporte del Ministerio de Hacienda indica que al cierre de julio se había comprometido 54,6 por ciento de las apropiaciones vigentes del Presupuesto General de la Nación de 2024 (503,3 billones de pesos), lo que es 0,2 por ciento superior a las obligaciones de gasto primario (funcionamiento e inversión) registradas en julio de 2023, siguen las preocupaciones porque justamente una cosa es comprometer recursos y otra que estos se vean en obras o programas estatales.
“Cuando a los periodistas los diversos Gobiernos les presentan las estadísticas de ejecución, resulta que los estaban engañando. Contablemente, se vuelve ejecución coger un presupuesto público y meterlo a un fondo en un banco. Ahí aparece en la estadística del ministerio o de la entidad que ejecutó”, dijo Petro cuando pidió no usar más las fiduciarias.
No es la respuesta
Varios expertos advirtieron, sin embargo, que el dinero de las fiducias no es la respuesta para acelerar la ejecución, y sacarlo de allí no es tan sencillo, pues este es un instrumento que busca proteger recursos ya separados para hacer una obra o un programa.
“Cuando el Gobierno tiene recursos para proyectos, especialmente grandes, como los de infraestructura, los cronogramas de pago se hacen por plazos, por ejemplo, a medida que evoluciona la obra. Esos recursos inicialmente se guardan en fiduciarias para que se vayan gastando según se necesiten. Sin embargo, si el proyecto por alguna razón no evoluciona o se retrasa, los recursos duran más tiempo en las fiduciarias”, explicó Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.
Agregó que, aun cuando se ha discutido acelerar la ejecución de esos recursos para conseguir un impacto positivo en el crecimiento, la verdad es que si no se están gastando al ritmo esperado es porque debe haber alguna razón de fondo que tiene frenado el proyecto.
En eso coincidió el exministro y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo. Precisó que muchos de los recursos que están parqueados en las fiducias se refieren a proyectos que superan el año fiscal. Entonces, al ser de largo plazo, es necesario guardarlos allí, dado que así se puede lograr un proceso de implementación más eficaz.
Y esto no solo aplica a infraestructura, sino también a proyectos de emprendimiento, turismo o educación, que duran más de un año fiscal.
El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, aseguró, no obstante, que las fiducias de muchas entidades del Estado han venido creciendo en los últimos años no solo porque son para proyectos de largo plazo, sino como un instrumento para saltarse la anualidad. “El presupuesto general del país responde a una vigencia, y lo que las entidades no ejecuten, que se conoce como pérdidas de apropiación, vuelve al tesoro”, sostuvo hace un tiempo al participar en un evento de Moody’s.
Guevara precisó que muchas entidades envían sus recursos a estas instituciones financieras para evitar esas pérdidas por apropiación. Por supuesto, están los proyectos de largo aliento, que requieren un manejo fiduciario externo, “pero hay otros ministerios que desafortunadamente han abusado de esas figuras y tienen la plata parqueada en fiduciarias”, y dijo que es una realidad que contrasta con la necesidad de seguir creciendo el gasto. “No nos podemos dar ese lapo cuando tenemos muchos recursos parqueados en fiducias. Incluso uno puede discutir sobre la ganancia financiera que generan esos recursos en vez de generar un impacto como multiplicador del gasto público”.
Justamente, el pasado 29 de julio el Gobierno presentó el proyecto de presupuesto de 2025, que será de 523 billones de pesos, lo que implica una variación de 3,8 por ciento frente al de 2024. Asimismo, ante las dificultades en materia de ingresos, tuvo que anunciar un recorte de gasto de más de 20 billones de pesos para la actual vigencia.
¿Se puede?
Asofiduciarias, gremio del sector, señaló que ellos no solo administran dinero para obras de infraestructura o diferentes proyectos de las entidades estatales, sino también recursos de la seguridad social, entre los que está el pago de pensiones. Hasta junio de este año tenían 123 billones de pesos públicos bajo administración.
El viceministro Guevara afirmó que de todas maneras es importante analizar cómo empujar los recursos que están en fiducias para que se muevan, pues podrían cumplir un rol importante en el impulso del gasto público en la economía. Su estimación es que, del total allí guardado, entre 15 y 16 billones de pesos se podrían acelerar.
Munir Jalil, jefe de Investigaciones de BTG Pactual para la región Andina, afirmó que usar la plata parqueada en las fiduciarias no es “soplar y hacer botellas”, pues si el dinero sigue allí es porque corresponde a proyectos de vigencias anteriores que por algún motivo no se han podido girar. “No es el mejor de los mundos que el dinero esté ahí sin moverse, pero es preferible a que se haya ‘gastado’ e igual no estén las obras”.
Agregó que tomar dineros ya comprometidos con obras específicas generaría un riesgo de ejecución, pues, al terminarse la obra, no habría con qué pagar a los contratistas. Opinó que “se podría pensar en un uso de caja (de muy corto plazo) de esos recursos, con un compromiso de reposición por parte del Gobierno”.
Sin embargo, los expertos consultados estimaron que la ejecución no se acelerará si se gastan los recursos parqueados en las fiduciarias, pues el problema no es de falta de plata, sino de un aparente desconocimiento de la forma como funciona el Estado. Esto hace que se hayan demorado varios de los procesos necesarios para que un proyecto pase del PowerPoint a la realidad.