El arranque del año no muestra las mejores perspectivas para solucionar por las buenas el litigio del caso Hidroituango. El pasado 8 de enero terminó el proceso de conciliación prejudicial entre EPM y el consorcio constructor, aseguradoras, diseñadores e interventores. No hubo acuerdo y ahora la discusión se llevará a los tribunales.
EPM presentó esta semana las demandas ante el Tribunal Administrativo de Antioquia en el caso de los consorcios por 9,9 billones de pesos, y ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín en el caso de los seguros por un monto de 5,5 billones.
La respuesta del consorcio constructor CCC Ituango, en el que participan la brasileña Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H, no se hizo esperar. Ya anunció que someterá las diferencias a un tribunal internacional.
Será una batalla de largo aliento, y el conflicto podría durar más de una década, en especial en el contencioso. Incluso, uno de los aspectos por los que no se logró la conciliación, en especial en seguros, estuvo relacionado con las valoraciones de las afectaciones al proyecto.
En su comunicado, EPM deja abierta la puerta para concertar y considera que en los escenarios “se contemplan ejercicios de conciliación, que nos brindan la oportunidad para buscar una solución integral a las diferencias derivadas de la contingencia”. A pesar de este mensaje, la tensión no baja. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tras llevar a los tribunales los procesos, trinó: “La demanda de EPM a empresas constructoras de Hidroituango por 9,9 billones acaba con décadas de una cultura corporativa que favoreció los intereses de unas cuantas empresas sobre los intereses públicos”, en un claro enfrentamiento con parte del sector empresarial antioqueño.
Los otros desafíos
Aunque será un conflicto largo y complejo, no es el único foco de atención de EPM.
Por un lado, la operación misma del proyecto Hidroituango. Según el gerente de EPM, Álvaro Rendón, el cronograma de entrada sigue inmodificable: debe ingresar en 2022 con cuatro unidades y en 2024 con las ocho unidades. Sin embargo, abre la posibilidad de que la primera etapa no sea con cuatro unidades, sino con dos, amparándose en una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Para Rendón, “Si en el curso del año hay alguna circunstancia y no es posible entrar sino con dos unidades, podemos solicitarlo y establecer un plan de obra circunscrito a la realidad del proyecto para que la Creg dé la autorización. Por ahora, estamos trabajando para entrar con cuatro unidades, no hemos hecho esa solicitud porque no hemos encontrado esa situación, pero, si llega a ocurrir, nos acogeríamos a ella”.
Precisamente, una de las mayores preocupaciones corresponde a la licencia ambiental del proyecto. Algunos de los financiadores manifestaron su inquietud, porque sin esa licencia es difícil avanzar en el desarrollo y culminación de la obra, más aún con una imputación de cargos de la Contraloría por 4 billones de pesos y un pleito en tribunales en camino.
Rendón explicó que la licencia está suspendida desde 2018. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) pidió un examen técnico y un peritazgo, que está haciendo una firma independiente. “Por estos días estamos a la espera de recibir ese dictamen que será un referente para ver si mantiene la medida en el tiempo. Estamos optimistas con el informe, que muy pronto le va a permitir a la Anla levantar esa suspensión para enviarle ese mensaje al país de que estamos completamente normalizados”, dijo el funcionario.
Por otro lado, la inquietud alrededor de la estructura financiera de EPM vinculada con covenants (acuerdos de préstamo que determinan cómo los prestatarios pueden funcionar y manejarse financieramente) y compromisos en el cumplimiento de indicadores, por ejemplo, deuda sobre ebitda, más aún cuando el exalcalde y exgobernador Luis Pérez ha dicho que no cumplen con esos compromisos.
Según un documento de EPM, el único de esos indicadores con algunos periodos en que superó el límite acordado ha sido el de deuda largo plazo/ebitda. La contingencia del proyecto Ituango generó un desfase en los flujos de caja operacional que esperaban recibir desde finales de 2018, fecha en que se preveía la entrada en operación del proyecto; por esto se ha rebasado el indicador en diferentes ocasiones entre cierre de 2018 y buena parte de 2019. “Sin embargo, los resultados positivos en la operación de la empresa en 2019, de los que formaron parte unas estrictas medidas de austeridad en la gestión de costos, permitieron nuevamente cumplir el indicador al cierre de esa vigencia”, dice el documento.
Durante 2020, en medio de la situación del país por las medidas asociadas a la contingencia de la covid-19, la empresa acudió a un prefondeo para garantizar una situación robusta de liquidez. Buscaba calmar las incertidumbres de la pandemia y en ese momento volvió a superar el indicador. Se prevé que este volverá a estabilizarse hacia el año 2022. Eso sí, la volatilidad de la tasa de cambio dólar/peso provocó efectos desfavorables para su cumplimiento en parte de la vigencia 2020.
Otro de los frentes de atención es el de las calificadoras. Con el ruido provocado con la demanda en Hidroituango y el cambio de la junta directiva de EPM, Fitch advirtió su preocupación por el manejo del gobierno corporativo. De acuerdo con Rendón, se les ha dado a las calificadoras las explicaciones respectivas. “Moody’s mantuvo la calificación, mientras que Fitch la bajó un grado, pero no perdimos el nivel de riesgo. Creemos que se están enviando las señales adecuadas para que Fitch nos devuelva esa calificación. Mantenemos nuestra moralidad crediticia intacta”, explicó el gerente. De hecho, resalta que EPM emitió bonos por 2,5 billones de pesos en medio de la incertidumbre por la pandemia, ratificando la credibilidad de los inversionistas locales y extranjeros en la empresa.
Frente a una posible venta de activos, programada desde la administración pasada, EPM muestra una posición más conservadora. “Las condiciones de mercado no fueron muy buenas para tener apetito de desinversión o reestructurar activos. Por ahora no se ha tomado ninguna decisión con relación a los activos nuestros y esperamos para este año hacer un análisis para descubrir esos momentos”, dice Rendón.
En lo que sí hay movimiento es en el negocio de telecomunicaciones. Allí la administración municipal anunció que se acogerán a una cláusula del contrato con Millicom para vender su participación. En 2014, cuando se cerró la negociación entre EPM y Millicom, dice Rendón, se estableció en el contrato la cláusula drag-along: en 2024, diez años después, EPM tiene como prerrogativa mover al socio –Millicom– para vender conjuntamente. “Si nosotros antes de 2024 no hacemos uso de esa cláusula, tendremos que vender por separado y le quitaría el atractivo de venderla como un activo global, y eso tiene implicaciones en el mercado. Es una prerrogativa que la tenemos que predicar para cuando llegue el momento y tenemos hasta 2024 para hacerla”, añade.
A 30 de noviembre del año pasado, porque las cifras de diciembre no están consolidadas, EPM registró activos por 63 billones de pesos, 15 por ciento más que en 2019, producto de la llegada a la costa Caribe con Afinia, distribución de energía en la operación con Electricaribe. En ingresos, a esa fecha, creció 6 por ciento y alcanzó 15,7 billones de pesos. Para este año, su presupuesto supera los 19 billones de pesos. En noviembre se garantiza una transferencia de 1,3 billones de pesos a Medellín.
Este año será clave para EPM, no solo para concretar los avances de Hidroituango, sino también para despejar el futuro en medio de los pleitos jurídicos que se avecinan.