Un fuerte pulso entre el Estado y el demandante de la norma que tumbó la medida que había incluido el Gobierno nacional en la reforma tributaria, en el sentido de que las empresas de la industria extractiva no pudieran deducir las regalías a la hora de presentar y pagar la declaración de renta, se registra este martes 14 de mayo, en la audiencia en la Corte Constitucional sobre ese tema.
El Alto Tribunal volvió a escuchar los argumentos de parte y parte, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional admitiera el incidente de impacto fiscal que fue presentado por el Ministerio de Hacienda en contra de la Sentencia C-489 de 2023, relacionada con el tema, con el cual busca una moderación de la decisión, no una objeción al fallo. En otras palabras, lo que se trata de es de revisar los caminos para que se pueda cumplir la decisión del Alto Tribunal.
Para ello, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sustentó los profundos efectos, no solo en los ingresos del Estado de 2023 y 2024, sino a largo plazo, pero eso si, enfatizó en que no están discutiendo sobre la reversión de la sentencia de la Corte, pues son respetuosos de ella.
En ese sentido, explicó que lo que buscan, según sostuvo, es plantear alternativas para resolver los problemas a corto plazo (2023-2024), ya que serían 6,7 billones de pesos, parte de los cuales, ya fueron usados en 2023, cuando se recaudó el recurso (por retención en la fuente) antes de la decisión del alto Tribunal.
También está la plata de 2024, que no se va a obtener por la misma razón. Para 2025 tendrían que buscar alternativas para reemplazar esos faltantes que fueron previstos como ingresos permanentes, lo que suena a reforma tributaria. No en vano, hay que recordar que el Estado tiene dos fuentes fundamentales de financiamiento: toma de deuda o impuestos a los contribuyentes.
Dura argumentación del demandante
Por su parte, el abogado demandante, Carlos Edward Osorio Aguiar, arremetió contra el ministro de Hacienda, y le señaló que, la realidad es que el impacto fiscal no es provocado por la Corte, con su sentencia (como él percibió que lo estaba planteando el funcionario del Ejecutivo), sino por lo que catalogó como una “inacción”, y en ese contexto mencionó la escasa ejecución de los recursos públicos.
Al decir de Osorio, quien es representante a la Cámara por el Centro Democrático, “el gasto del gobierno está 30 veces por encima del crecimiento de la economía”, por lo que cuestionó las argumentaciones de Bonilla, quien hablaba de riesgo para la sostenibilidad fiscal, toda vez que la fuente de financiamiento del Estado vía reforma tributaria, no tendría posibilidad, pues habría que tocar impuestos como el IVA y los cobros a las aduanas, dos alternativas que impactarían aún más las metas de crecimiento económico.
Consecuencias permanentes
En la deuda, en el déficit, en el mayor costo de toma de créditos por parte del Estado, debido al cobro de los prestamistas internacionales, de una prima de riesgo, fueron algunos de los argumentos presentados por el líder de la cartera de las finanzas públicas.
En ese sentido, las cuentas presentadas por Bonilla son preocupantes. Partiendo de que, Bonilla argumenta que la deuda ya no podría ser de la cifra que se tiene prevista, que es de 54,9 % para este año, sino que, sumándole los incrementos en los intereses, por prima de riesgo, debido al aumento necesario del déficit fiscal, llevaría esas obligaciones al 69 %. Todo porque se necesitaría tomar un crédito de 5,1 billones que aumenta el endeudamiento en capital, más 0,6 billones anuales por intereses. Además, un 1,6 billones de pesos (para completar los 6,7 billones), tendrían que recortarse del gasto, lo que no se ve de dónde.
En conclusión, habría que sobrepasar la Regla Fiscal, la ley que intenta mantener un techo para que el déficit fiscal no vaya más allá de lo que puede asumir el país.
Magistrado cuestionó planeación
Durante la audiencia, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez cuestionó las argumentaciones del Ministerio de Hacienda, que acudió a la figura de incidente fiscal, por la sentencia de la Corte que tumbó la no deducibilidad de las regalías a la hora de pagar el impuesto de renta de la industria extractiva. El integrante del Alto Tribunal preguntó si acaso esos apuros a los que hoy se refiere el ministro Bonilla no sería más resultado de una planeación no adecuada, a lo que Bonilla respondió con las cuentas, según las cuales, el déficit fiscal venía en senda reduccionista desde 2012, se incrementó en la pandemia, periodo en el que tuvo que sobrepasarse la Regla Fiscal.