Por cuarta vez en muy corto tiempo, en Colombia se hará un nuevo intento para ponerle un gravamen a las bebidas azucaradas, con el fin de reducir su consumo, mientras aumentan el recaudo tributario. La tarifa del impuesto nacional que se propone en esta ocasión es del 20 por ciento sobre el precio de venta que sea certificado semestralmente por el Dane. La aspiración es lograr un recaudo de 2,5 billones de pesos que irían directo a financiar las necesidades del sector salud que, con el coronavirus, se incrementaron de manera imprevista. Ese es el argumento con el cual se ha respaldado el proyecto de ley, que volvió a ser radicado en el Congreso por un grupo de congresistas que integran la mesa parlamentaria por la salud, liderada por el médico y senador Juan Luis Castro, del partido Alianza Verde. Entre los firmantes se encuentran Armando Benedetti, Katherine Miranda y David Racero.
Los otros intentos La iniciativa se ha hundido en anteriores ocasiones, pese a que tiene un fin saludable tanto para las personas como para las finanzas públicas. En la exposición de motivos del proyecto se presentan estadísticas según las cuales el 6,8 por ciento del total de muertes en Colombia está relacionada con enfermedades cerebrovasculares, y, de esa cifra, el 5 por ciento es atribuible a las bebidas azucaradas. La primera vez que una propuesta así vio la luz fue en el año 2016, cuando se tramitó la reforma tributaria del anterior gobierno. La batalla la libró el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien salió decepcionado de la contienda, expresando el poderío que tiene la industria azucarera en el país. Los proponentes del proyecto, que realizaron un encuentro este viernes para sustentar la necesidad del impuesto a las bebidas azucaradas, insistieron en que hay que superar las barreras para lograr la aprobación, como lo han hecho ya en 41 países.
Según la organización Red PaPaz, el sobrepeso constituye el 8 por ciento del gasto social en el país. Un impuesto a bebidas azucaradas permitiría reducir estas destinaciones. Julián Peinado, uno de los coautores, destacó que la inexistencia de un impuesto en Colombia que desestimule el consumo de bebidas azucaradas constituye "una bomba atómica" para el sistema de salud. Lo anterior, si se tiene en cuenta que una medida así podría reducir el riesgo de obesidad y enfermedades asociadas al sobrepeso. De hecho, Martha Janeth Sandoval, de la organización Red PaPaz, sostuvo que el sobrepeso constituye el 8 por ciento del gasto social en el país, lo que tiende a empeorar porque el consumo de bebidas azucaradas sigue al alza. Por el contrario, agregó que el ahorro de recursos públicos, si se toman medidas que reduzcan el uso de estos productos, se ha estimado en 220.000 millones de pesos, contando solo lo que cuesta la atención de la diabetes que se le atribuye a las bebidas azucaradas. El nuevo intento para lograr la aprobación en el Congreso de esta propuesta legislativa, según manifestó el representante a la Cámara León Fredy Muñoz, es el fuerte ‘lobby‘ que hace la industria relacionada con el azúcar.
Al decir del parlamentario, en una anterior ocasión, en la Comisión Tercera, donde se tramitan los proyectos de corte tributario, 26 de 30 congresistas se declararon impedidos para votar esta medida. Durante el año 2017, tras el hundimiento en Colombia del primer proyecto que intentaba gravar las bebidas azucaradas, el diario estadounidense ‘The New York Times‘ reportó que naciones como India, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia y Reino Unido lograron introducir dicho impuesto. En ese momento, destacaba el medio de comunicación, más de mil millones de personas vivían en lugares donde ese tipo de gravamen elevó el precio de las bebidas azucaradas. Ahora, Colombia podría ser la próxima nación en lograrlo.