Mirando en retrospectiva, más de un colombiano y analista cree que las decisiones económicas que tomó el gobierno de Iván Duque, en el marco de la emergencia económica, fueron apresuradas. No es gratuito que, de los pocos decretos que han sido declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional, tres sean de talante económico. Entre estos se encuentran el aval para dar subsidios a servicios públicos, la reducción de aportes pensionales y, más recientemente, el impuesto solidario. En el caso del tributo, los magistrados lo tumbaron, argumentando que un impuesto no puede ser aplicado a un solo grupo de personas, teniendo presente que solo se causaba para funcionarios o contratistas del Estado. A propósito, el presidente Iván Duque señaló que acata la decisión del alto tribunal y destacó que, en su decisión, permitiera que no generar un impacto fiscal, que podría haber costado cerca de 290.000 millones de pesos. "Es muy difícil anticiparse y predecir (lo que pasará en el control de la Corte); si uno mira las emergencias económicas recientes, hay muchas que incluso se han caído. Uno parte de un análisis, que lo armoniza con el criterio, saber, pensar y las voces de expertos, pero en este caso particular acato la decisión y me parece afortunadamente no hay un efecto fiscal adverso", dijo el presidente en entrevista con W Radio.
En su concepto, el impuesto solidario sí cumplía con los principios de equidad, progresividad y eficiencia, motivo por el cual, junto con el Ministerio de Hacienda, le dio rienda suelta. La idea era recaudar unos recursos de manera rápida, que le permitieran al Estado tener mayor capacidad para enfrentar la pandemia. "Equidad había, porque el impuesto era por 3 meses y solo para funcionarios públicos que tuvieran ingresos superiores a 10 millones de pesos, pero con una carga que aumenta en la medida que aumenta el ingreso. Además, porque los funcionarios tenemos una mayor estabilidad y garantía laboral", explicó. De hecho, reiteró que la medida era progresiva y equitativa con los trabajadores del sector privado, quienes tenían una "incertidumbre laboral mayor". A pesar de estos argumentos, la Corte se pronunció e indicó que las personas que pagaron este gravamen, podrán imputarlo como anticipo en el impuesto de renta del año gravable 2020, el cual se paga hasta el próximo año. Más allá de lo anterior, expertos y opositores consideran que este pronunciamiento revela la mala asesoría jurídica que tiene el presidente Duque en Palacio. Así lo dijo Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de Los Andes, quien señala que hubo improvisación y que el efecto jurídico pueden ser muy elevado.
En parte coincidió el senador Gustavo Petro, quien afirmó que este era un decreto ilegal y populista, y, en su lugar, se debió decretar mayores tarifas de impuesto al patrimonio.
Por su parte, desde el Centro Democrático lamentaron la decisión de la Corte, y señalaron que este era un impuesto de carácter transitorio, con destinación específica para los más vulnerables.
Igualmente, reiteraron su plan de aprobar una le para que el salario de los congresistas sea gravado con un tributo permanente del 10 por ciento, "que será destinado a programas sociales del gobierno como ingreso solidario".