Por años, el gobierno nacional (tanto el actual como los anteriores) ha prometido una reforma tributaria estructural en la que se simplifique la manera como los ciudadanos y las empresas declaran y pagan sus impuestos. El actual código tributario es una verdadera colcha de retazos y, ciertamente, no aguanta un remiendo más. De ahí que se haya encomendado a una comisión de expertos que trabajó a lo largo de 10 meses y que recientemente presentó una serie de recomendaciones para elaborar el proyecto de ley que permita, de una vez por todas, componer esta problemática que atenta, incluso, contra la competitividad del país. El Ministerio de Hacienda se propone presentarla al inicio de las sesiones del Congreso este año, donde deberá sortear los poderosos cabildeos de los gremios y empresariales. De hecho, por esta causa, muchos intentos de este calado se han visto naufragar en el Legislativo. Por otra parte, con el proceso de paz de por medio en el primer trimestre, es posible que su radicación se tome algún tiempo más. Todo ello se da en el marco de una situación compleja en la que el país se ve afectado por su alta dependencia de sus exportaciones mineras y petroleras, cuyos precios no hacen sino caer en los mercados internacionales. Ese es un hueco que no ha logrado compensar la dura depreciación del peso frente al dólar (25 % sólo en el 2015), que también castiga los bolsillos de los colombianos, pues causa incremento de los precios al consumidor. Renta En el informe preliminar conocido anticipadamente por Semana.com, la misión cuestionó el régimen del impuesto de renta porque considera que hay amplios privilegios y alta evasión por parte de algunos grupos de contribuyentes. Frente a las empresas considera que la carga tributaria es excesivamente elevada. Por eso propone eliminar impuestos como el CREE, el IMAN y el IMAS, incluidos en las últimas reformas tributarias y que han ocasionado varias distorsiones y aumentado las cargas para las empresas. Se propone crear un nuevo Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), que grave entre el 30 % y el 35 % las utilidades de las empresas provenientes de todas sus operaciones realizadas en el año. “Este impuesto sustituye el impuesto de renta y complementarios, al CREE y su sobretasa y todos los beneficios en ellos contenidos”, dice el documento. Para las personas naturales plantea una tarifa más plana en renta, que debería ser máximo del 35 %, aunque se iniciaría con el 2,5 % para aquellos cuyos ingresos sean de 1,5 millones mensuales de renta líquida, es decir, después de deducciones. Así mismo propone gravar con este impuesto las pensiones altas, eliminar el impuesto al patrimonio y fortalecer la tributación con base en la renta presuntiva, que se calculará sobre el 4 % del patrimonio de las personas naturales, en el cual se incluirán las acciones y participaciones en sociedades. En ganancias ocasionales relacionadas con sucesiones o donaciones se mantiene la tarifa del 10 %, pero se aumenta al 15 % cuando se trate de la venta de inmuebles y otros activos. Para ganancia ocasional por loterías, rifas y juegos de suerte y azar, la tarifa es del 20 %. Otra de las propuestas que levantará ampolla es la eliminación de los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, el ICBF y el SENA, que quedarían con cargo al Presupuesto General de la Nación. IVA En el impuesto al valor agregado (IVA) la Comisión propone extender el cobro del gravamen a más bienes y servicios de la canasta familiar y aumentar la tarifa general del 16 % al 19 %, iniciativa que ya levanta una gran polémica en la opinión pública. Según la comisión, la lista de bienes exentos y excluidos del IVA es muy amplia en Colombia frente a los estándares internacionales, lo que representa un elevado costo fiscal y genera distorsiones. Por eso propone modificaciones de fondo. Además de aumentar la tarifa, se plantea establecer cinco categorías para el cobro del impuesto: categoría de no gravados, categoría de gravados al 0 %, 5 %, 10 % y 19 %. Otra propuesta controvertida en relación con el IVA es gravar con este impuesto, con una tarifa reducida, la construcción y venta de inmuebles nuevos, excepto los destinados a vivienda de interés social y vivienda prioritaria En la categoría de no gravados estarían los servicios de salud, educación, transporte público de pasajeros y el consumo vital de los servicios públicos domiciliarios, así como la la venta y alquiler de inmuebles con destino residencial. Los gravados con 0 % y con derecho a devolución del IVA pagado en el proceso de industrialización o comercialización serían únicamente aquellos bienes y servicios exportados. Entre los que quedarían con tarifa del 5 % estarían los libros y cuadernos (algo duramente criticado por la ministra de Educación, Gina Parody). También aparecen bovinos, maíz, arroz, leche y queso fresco, huevos frescos, pescado, camarones y la carne, que actualmente están exentos. En la tarifa de 10 % entrarían los computadores personales, los dispositivos móviles, las boletas para eventos, el gas natural comprimido para vehículos, el biodisel, el etanol, el internet (estratos 1, 2 y 3), el transporte de carga, los servicios postales y de correo, además de los servicios públicos domiciliarios, con excepción del agua y el alcantarillado y la telefonía fija (que quedaría en el 19 %). Pasarían a la categoría general del 19 % básicamente aquellos por los que hoy se cobra un IVA de 16 %, además del carbón, el petróleo crudo (y sus derivados excepto gasolina y ACPM) y la medicina prepagada. Entrarían, además, el agua mineral, el hielo, la nieve, algunos motores fuera de borda y la publicidad, así como los servicios de masajes, peluquería, servicios de arreglos de cabello, tintura y uñas. Por otra parte, se propone elevar la tarifa del impuesto al consumo de restaurantes y cafeterías con los mismos umbrales definidos para el IVA, hasta el 11 % e incluir las franquicias de comida rápida, las cuales hoy están gravadas con IVA del 16 %. Así mismo, se elevaría la tarifa de impuesto consumo por la telefonía celular al 7 % y la de venta de vehículos y motos de alta gama, aerodinos, botes y barcos, al 17 %. Otras propuestas - Mantener el gravamen a los movimientos financieros, conocido como el 4x1.000 por su fácil recaudo, a pesar de los efectos negativos sobre la intermediación financiera, aunque se aconseja que sea totalmente deducible cuando las condiciones de la economía lo permitan. - Aumentar los impuestos a los combustibles por considerar que son bajos frente a los estándares internacionales. La propuesta es un aumento del 30 % en el impuesto nacional a los combustibles y equiparar las sobretasas de la gasolina y el diésel. - Hacer una revisión integral del régimen de impuestos territoriales ya que en la actualidad hay por lo menos 13 tributos departamentales, 20 municipales y por lo menos 24 gravámenes y contribuciones, además de las estampillas regionales. - Otra propuesta que levantará ampolla es el aumento de los impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco, revisar los impuestos a la cerveza y los licores y estudiar la posibilidad de cobrar un impuestos a las bebidas azucaradas (gaseosas y refrescos). - Para las entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, fondos de empleados, ONG) se propone que todas sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, salvo aquellas que sean admitidas en el Régimen Tributario Especial.