El pasado 2 de junio, en la ceremonia de ascenso a subtenientes del Ejército, el presidente Gustavo Petro confirmó la salida de dos de sus más importantes alfiles –Laura Sarabia, hasta ese momento jefa de gabinete, y Armando Benedetti, embajador en Venezuela–, en medio de una profunda crisis política de su Gobierno, al tiempo que dedicó parte de su discurso al buen momento de la economía.
Destacó el freno al déficit fiscal y hasta habló de superávit en ese rubro durante los primeros meses del año, también dijo que se detuvo la espiral inflacionaria, resaltó la creación de 745.000 nuevos puestos y señaló que habían logrado detener el desplome del peso y ubicarlo casi al mismo nivel de cuando llegó al poder.
Sin embargo, la tormenta política no amaina. Tras las denuncias de la exesposa de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, sobre el ingreso de recursos para la campaña presidencial por parte de personas condenadas por narcotráfico y las dos crisis ministeriales que dejaron por fuera a figuras como José Antonio Ocampo, Cecilia López y Alejandro Gaviria, estallaron los escándalos por el uso de polígrafos e interceptaciones ilegales a las empleadas de Sarabia por la pérdida de unos dineros cuyo monto todavía no es claro, y luego por los explosivos audios del exembajador Benedetti reclamándole a la exjefa de gabinete su posición en el Gobierno y advirtiendo que había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña. Esto ya derivó en denuncias ante el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Además, su coalición de Gobierno se rompió y debió construir una nueva en medio de las discusiones de las reformas a la salud, la pensional y la laboral, que empezaron a perder fuerza y están en una carrera contrarreloj para no hundirse. A esto se suma un próximo semestre concentrado en las elecciones regionales. Y, por si fuera poco, la gestión del presidente Petro está calificada en sus niveles más bajos, con una desaprobación cercana al 60 por ciento, según Invamer.
¿Cómo explicar que en medio de este tsunami político la economía se haya estabilizado? El Gobierno advierte que sus políticas económicas y el respeto a la regla fiscal han impulsado la inversión y la estabilidad, e incluso Moody’s mantuvo su calificación al país con perspectiva estable. Sin embargo, para los analistas esa no es la única respuesta.
Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, atribuye esta situación a dos temas: “Por un lado, la economía colombiana está haciendo un ajuste. Subió tasas, disminuyendo exceso de gasto, y el déficit fiscal y de deuda corriente empiezan a mostrar reducción. Los fundamentales macro del país están en la dirección correcta y eso reduce el riesgo país. Y hubo una reforma tributaria que se siente en la moderación del déficit. Y por otro lado, en la visión de los inversionistas, la caída de la reforma política y la percepción de que no será fácil para el Gobierno pasar reformas y que cualquiera que pase debe ser consensuada. Eso tiene un impacto positivo sobre el riesgo país, porque con ese debate los efectos macroeconómicos adversos van a ser mitigados”, señaló.
Gran parte de los indicadores se han empezado a estabilizar. La inflación ha sido uno de los más preocupantes, pero en el más reciente dato continuó su senda a la baja y pasó de 12,8 por ciento en abril a 12,36 en mayo. Además, el Índice de Precios al Productor, que el año pasado estuvo en cerca al 30 por ciento y es uno de los principales indexadores, ya está en terreno negativo, y eso, a juicio de Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, podría hacer que la inflación cayera más rápido, como pasó en Brasil.
Pero, sin duda, el mejor termómetro es el comportamiento del dólar. “Buena parte de su subida estuvo explicada por los riesgos fiscales, pero con lo que ha venido pasando estos se disminuyen porque las reformas podrían no ser aprobadas o diluirse significativamente. La otra preocupación es la transición energética. Con el reporte de reservas de la ANH, el mercado empieza a creer que difícilmente el Gobierno podrá ser radical en su propuesta porque el riesgo es enorme”, señala Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital.
Como advierte un estudio de Corficolombiana, si bien el dólar en Colombia está lejos del precio que debería tener, al compararse con las monedas de otros países de la región, ha venido marcando una tendencia a la baja.
“Estimamos que el precio del dólar en Colombia actualmente es 21 por ciento superior al que tendría si se hubiera comportado, en promedio, como en Brasil, Chile, México y Perú, lo que equivale a un diferencial de 784 pesos. No obstante, esa brecha llegó a ser de 28 por ciento (1.140 pesos) a comienzos de noviembre de 2022”, señala el informe. Es decir, que hoy debería estar cercano a 3.800 pesos. De principios de mayo, cuando alcanzó a superar 4.700 pesos, al cierre de esta edición ya se ubicaba cerca de 4.150.
La prima de riesgo país ha tenido un comportamiento parecido al del dólar. En esta prima, medida por los credit default swaps (CDS), la distancia entre Colombia y otros países de la región, que alcanzó a ser de 185 puntos básicos, se ha reducido a 140, agrega Corficolombiana.
De acuerdo con Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, más allá de procesos legales en el Consejo Nacional Electoral o en la Comisión de Acusaciones, “el daño político está hecho, algunos partidos empiezan a discutir si siguen o no en la coalición. Esto debilita el escenario político y hace más difícil construir los consensos para aprobar las reformas, generando una mayor reacción de los mercados”.
La visión internacional también coincide. Barclays considera que “la capacidad de Petro para aprobar reformas ha disminuido con la erosión de su capital político a lo largo del tiempo. El mercado repuntó debido al escándalo de las escuchas telefónicas, ya que fue percibido como una clara indicación de su debilitamiento político”, aseguró en un reciente informe. Mientras tanto, Bank Of America considera que las reformas estructurales se diluyen sustancialmente. La institucionalidad y los pesos y contrapesos cobran más protagonismo.
¿Qué viene? En el campo económico, hay preocupaciones por la destorcida de las exportaciones. Según Analdex, la caída en los primeros cuatro meses de este año superó el 11 por ciento. Por el lado de la inflación, la inquietud, como explica Velandia, se centra en los anuncios de nuevos “aranceles inteligentes” por parte del Gobierno que se pueden traducir en mayores precios y retaliaciones comerciales, y en el impacto que pueda tener el fenómeno de El Niño. También hay expectativa por lo que pueda pasar con el alza de los combustibles, en especial del diésel, que aún no se ha tocado.
Pero en lo político, las dudas están en la posible radicalización del presidente Petro. Para algunos, los mensajes recientes significarían la cuota inicial de anuncios en torno a una constituyente, hecho que le generaría ruido a los mercados, pero que, con el ejemplo de Chile, donde ganó la derecha, representaría una amenaza para el presidente. Otros como Jalil, de BTG Pactual, consideran que no necesariamente más radicalización implica más gobernabilidad. “Y me atrevería a decir que la relación ha sido opuesta: la radicalización del Gobierno se ha traducido en menor gobernabilidad y menos capacidad de construir consensos”, dice.
Las expectativas están centradas en la presentación que hará el Ministerio de Hacienda en los próximos días, cuando revele el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que permita mantener un buen momento económico, a pesar de los nubarrones políticos.