Al aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, llegaron hace unos días las primeras ‘vacunas’ y medicamentos contra el coronavirus. O por lo menos así lo quería hacer creer el delincuente que trajo al país la supuesta cura contra la pandemia, en una situación que tiene horrorizadas a las autoridades colombianas.
La inédita incautación fue hecha por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que interceptó un lote de 27 cajas ilegales en la terminal aérea. Todas tenían algo en común: venían atiborradas de remdesivir y su destino final era el mercado negro de Medellín.
En su momento, este medicamento fue usado y promovido por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de hacerle frente a la covid-19. Al exmandatario le llovieron críticas por usarlo, pues no tenía aval de la mayoría de agencias sanitarias del mundo. Eso sin contar con que podría tener efectos secundarios, teniendo en cuenta que las investigaciones sobre su uso aún no habían culminado.
A la fecha, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) no le ha dado su aval en Colombia, por lo cual venderlo de contrabando en territorio nacional es delito. No obstante, las jugosas ganancias que produce su venta ilícita han llamado la atención de más de un inescrupuloso.
Una mina de oro
Investigadores de la Polfa proyectan que el lote incautado en Cúcuta se habría vendido en unos 18.000 dólares, es decir, más de 60 millones de pesos. Aunque son valores aún pequeños, los delincuentes ven allí una potencial ‘mina de oro’. No sorprende que la práctica se esté replicando en otras regiones del país y el continente, donde los criminales están haciendo su agosto con la pandemia.
Esta peligrosa práctica ha encendido alarmas en otros países como Argentina, Ecuador, Brasil y Panamá. No obstante, el caso más preocupante se viene presentando en México. Allí se ha encontrado de todo: laboratorios falsos, mafias que pretenden interceptar camiones con las vacunas reales, grupos de personas que recolectan datos personales y hasta sitios web que se asemejan a las de reconocidas farmacéuticas.
El ingenio criminal ha logrado calar en gran parte de la cadena logística de las vacunas covid. Por ende, no es descabellado pensar que esas prácticas ilícitas se replicarán en Colombia. Más cuando las dosis de Pfizer y otros laboratorios están ad portas de llegar.
A pesar de lo anterior, no es algo nuevo para las agencias de seguridad. Desde finales del año pasado se preveía que esto podría suceder. A pocos días de cerrar 2020, la Interpol emitió una alerta internacional por las redes que pretendían falsificar e incluso robar las vacunas contra el coronavirus.
Los movimientos detectados en redes sociales le permitieron a esta agencia concluir que al tiempo que cada vez más laboratorios recibían el aval de sus dosis, los criminales aumentaban sus falsas ofertas.
El brigadier general (r) Juan Carlos Buitrago, quien hasta febrero de 2020 fue director de la Polfa y hoy es CEO y fundador de la firma Strategos BIP, explica que Europol, Interpol, el FBI y la Polfa han detectado y neutralizado diferentes modalidades. Estas incluyen falsificación de pruebas, compras ilegales por internet y hasta capturas en pasos fronterizos.
Y contrario a lo que algunos creen, que serían casos aislados, detrás de este negocio hay una mafia que tiene largo historial en el país. El contrabando de medicamentos en Colombia supera los 600 millones de dólares anuales y su mayor fuente son algunos países asiáticos, aunque la fabricación local en laboratorios de garaje no se queda atrás.
En los últimos años las autoridades han desarticulado 16 estructuras criminales e incautado más de 4,6 millones de dosis ilegales. No obstante, como cualquier otro contrabando, este sigue sin dar tregua y requiere de planes de choque de mayor alcance.
“La principal estrategia debe ser desarticular las organizaciones transnacionales, fortalecer la lucha en puertos y aeropuertos, mantener la cooperación con la empresa privada y destinar mayores recursos en inteligencia e investigación”, dice Buitrago.
Estos son ejes de trabajo a mediano y largo plazo que vienen siendo estudiados e implementados por las autoridades nacionales y extranjeras. No obstante, como la modalidad ya llegó y podría extenderse en cualquier momento del año, también será necesario implementar acciones inmediatas.
Para lograrlo, esta semana se lanzó la Operación Eslabón II, dirigida a que varios países formen un cerco en contra de las vacunas falsas de coronavirus. El plan incluye intervenciones a las redes criminales que trafican, fabrican y comercializan ilegalmente las inmunizaciones.
En el frente de batalla habrá 12 cuerpos de seguridad de países de América que crearán un bloque conjunto para cerrarle el paso al tráfico ilegal de la vacuna.
Mercado digital
El plan de choque presentado esta semana ya está en operación. Sin embargo, para que tenga éxito y muestre resultados también deberá librar una dura batalla en un campo complejo: el de la virtualidad.
Tanto internet como las redes sociales se han convertido en los últimos años en los sitios preferidos de los contrabandistas. Basta con revisar perfiles de reconocidos artistas o famosos, así como algunos comercios digitales, que ofrecen ‘curas milagrosas’ contra diversas enfermedades. En este punto, la covid-19 no ha sido la excepción.
El caso más mediático se presentó hace unas semanas, cuando la modelo y empresaria Natalia París escribió que el dióxido de cloro le permitía combatir el coronavirus. Esto generó una investigación preliminar de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al presunto vendedor del producto. Pero las cosas no se quedaron allí.
Esta semana, el superintendente Andrés Barreto tomó una decisión sin precedentes, pero que será clave de aquí en adelante: le puso freno a la comercialización en línea del dióxido de cloro y demás productos similares que prometen ser antivirales o que se vendan como la cura milagrosa ante la pandemia.
Quien intente hacerle el quite a la vigilancia de la Superindustria se verá expuesto a millonarias sanciones. Eso sin contar con que podrían quedar en el radar de las autoridades penales. El mensaje oficial es claro: solo el Gobierno tiene, en esta primera etapa, la facultad de distribuir las vacunas contra el coronavirus y cualquier intento de engañar a las personas será duramente castigado.
Los anuncios de la SIC no pudieron llegar en mejor momento. La pandemia aumentó considerablemente el consumo de internet, tanto en tiempo como en número de usuarios. Por lo tanto, cada vez es mayor el número de personas que están en riesgo de caer en la tentación de adquirir vacunas falsas. Con todo y los peligros para la salud que puede generar su consumo.
En tiempos de desinformación y fake news, un freno preventivo a la venta de dióxido de cloro y productos similares puede servir para combatir a los criminales. Pero, además de las actuaciones del Estado, también los ciudadanos deben ser más precavidos para evitar caer en trampas o denunciar situaciones como las presentadas en Cali y Bucaramanga.
Allí, las autoridades de seguridad confirmaron los rumores que crecían hace algunas semanas indicando que inescrupulosos están prometiendo el cielo en lo que se refiere a las vacunas reales.
Por medio de llamadas y chats de WhatsApp están ofreciendo ‘planes premium’ de salud, con los cuales supuestamente podrán saltarse la fila de la inmunización. Nada más alejado de la realidad. Si bien lo que ofrecen sí incluye las dosis reales, buscan defraudar a los ciudadanos haciéndoles creer que las fases de vacunación pueden ser modificadas.
Desde el Ejecutivo no descartan que en algún momento permitan que los privados adquieran y vendan las vacunas, tal y como sucede hoy en Estados Unidos. No obstante, para llegar a este punto aún falta camino por recorrer y lo que pueden hacer los maleantes es afectar el proceso de salud más importante que tendrá el país en su historia reciente.
La cuenta regresiva para recibir las vacunas oficiales ya comenzó y será tarea de todos los colombianos que el plan de inoculación llegue a buen puerto. Como en pocas cosas, esta iniciativa deberá unir a todos bajo una misma premisa: la aplicación de las dosis será determinante para la recuperación. Acá los ilegales no pueden tener cabida.