El proceso penal relacionado con el caso de InterBolsa avanza a paso paquidérmico. Este escándalo estalló hace cuatro años y solo van tres sentencias, y eso porque los acusados reconocieron algunos de los delitos que les imputó la Fiscalía. Pero lo más insólito es que van más de 200 audiencias y los procesos prácticamente no se mueven.Es tal la lentitud de la justicia, que la semana pasada ya salieron de la cárcel, por vencimiento de términos, varios de los implicados por la Fiscalía. Se trata de Juan Andrés Tirado y Rachid Maluf, que fueron gerentes del Fondo Premium; Claudia Patricia Aristizábal de Renta Folio Bursátil (empresa vinculada a Premium) y Natalia Zúñiga de Valores Incorporados, quienes estaban cobijados por medida de aseguramiento. El próximo que podría recuperar su libertad, también por esa causa procesal, es Víctor Maldonado, vinculado por ser el mayor beneficiario del Fondo Premium.Las tres condenas dictadas, hasta ahora, corresponden a las de Rodrigo Jaramillo Correa, Clemencia Soto Uribe, del área comercial de la comisionista InterBolsa, y John Alexander Muñoz, exgerente de Valores Incorporados, filial de Premium.Si se tiene en cuenta que, al comenzar este caso, la Fiscalía vinculó al proceso penal a más de 40 personas, el balance actual es decepcionante. Esa entidad no ha podido, en la mayoría de los casos, realizar las imputaciones, adelantar las etapas probatorias ni tampoco las audiencias para sentencia. Es llamativo, por ejemplo, que después de año y medio de haber sido imputados por la Fiscalía, aún no se conoce la condena contra Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, quienes aceptaron cargos parciales.Para abogados penalistas consultados la principal razón de este pobre balance radica en los problemas de gerencia de la justicia, concretamente para los despachos judiciales. Varios hechos lo demuestran. Por ejemplo, las audiencias se han fijado hasta con tres meses de intervalo, lo cual impide el desarrollo normal del proceso. Así es difícil trabajar, reconoce el exvicefiscal Francisco José Sintura, quien representa al gobierno en el proceso de la comisionista InterBolsa. Afirma que un día habla el fiscal y acusa, y tres o cuatro meses después le corresponde el turno a la defensa. “Esto compromete el principio de concentración del proceso. No imagino qué pasará cuando empiece el debate probatorio al que deben concurrir testigos, exponer y controvertir documentos y experticias técnicas”, afirmó. La verdad es que la falta de continuidad rompe el criterio fundamental de que los juicios sean expeditos.Además los propios han permitido el retraso de las audiencias. Este año, por ejemplo, cerca del 40 por ciento de las mismas no se realizó, lo que perjudica a las víctimas.. Según Sintura, algunos jueces no hacen uso de sus facultades disciplinarias para impedir dilaciones injustificadas y permiten toda suerte de excusas para no dar continuidad a los trámites.Por ello, las víctimas de InterBolsa y sus apoderados están pidiendo que se nombren jueces con dedicación exclusiva para este proceso. Ponen el ejemplo del exalcalde Samuel Moreno, cuyo juez tuvo dedicación exclusiva y pudo sacar pronto el caso.Según el abogado Sintura, las víctimas también están preocupadas porque la Fiscalía no ha imputado a nadie por el lavado de activos derivado de la captación, como tampoco –dice– muestra mayor esfuerzo por perseguir los bienes denunciados para reparar a las víctimas.Hay que reconocer que a partir de la llegada del fiscal Néstor Humberto Martínez este caso dio un giro, pues atajó beneficios para los responsables que, en consideración de las víctimas, eran improcedentes. Sin embargo, sin apoyo de la justicia, cualquier esfuerzo del ente acusador será inocuo.Otro problema es que, además de la libertad por vencimiento de términos, para algunos responsables del descalabro de InterBolsa, los delitos comenzarán a prescribir, una pésima señal de la justicia a la sociedad, que espera que este caso no quede impune.