Jefes de hogar con varios hijos y familiares a cargo, madres gestantes en aprietos para alimentarse y estar emocionalmente tranquilas, así como personas con alguna condición de salud especial, a quienes se les dificulta otra oportunidad de empleo son algunas de las tantas historias que están en vilo por el difícil panorama económico de Justo & Bueno.
Los 5.000 trabajadores activos de la cadena, a los que se suman otros 2.000 que ya no están, pero que siguen enganchados a la situación crítica de la compañía, porque aún les adeudan sus derechos económicos y de protección social, son las víctimas directas de una crisis que también tiene en ascuas a proveedores y propietarios de los locales en donde funcionan estos supermercados de descuento.
Por el momento, Mercadería, razón social de la empresa, está en una tregua, pese a que sigue la tarea del liquidador Darío Laguado. En la más reciente audiencia pública adelantada por la Superintendencia de Sociedades, el juez Santiago Londoño Correa estableció una prórroga de 30 días para definir si hay cabida a un posible salvamento.
La tabla de salvación la lanzó un grupo de 341 acreedores y uno de los voceros que abogó para que “no maten a Justo & Bueno” fue el proveedor MGM Sustainable Energy, encargado de suministrar los refrigeradores a las tiendas. Esta empresa es liderada por Marco Monroy, quien planteó un esquema de capitalización mediante el cual estarían dispuestos a cambiar deudas por acciones.
Pero esa posibilidad no ha amortiguado las angustias de los trabajadores, que han expuesto su drama y su temor de quedar en la calle y con deudas por pagar. En las últimas semanas, se han llenado de datos sobre Justo & Bueno, que les caen como una tormenta en pleno hundimiento del barco.
De 1.118 tiendas habilitadas, solo quedan 603 y de ellas operan apenas 300. Otras, definitivamente cerraron, presionadas por los propietarios de los locales que no reciben la paga de los arriendos desde hace varios meses. Paralelamente, los cortes de servicios dañaron mucha de la mercancía que requería refrigeración.
Por todos los frentes hay reclamos. Unos piden que les devuelvan los locales, otros quieren la restitución de los computadores y equipos tecnológicos que le entregaron en alquiler a la cadena. Literalmente, Justo & Bueno no tiene ningún activo tangible, únicamente el capital humano que ha puesto su fuerza de trabajo, aún sin remuneración, y que lo volvió a hacer después de que el juez extendiera por un mes más la espera para intentar la salvación.
Pero la agonía no siempre es el fin, y de eso parecen estar convencidos los acreedores, quienes no solo abogan por el derecho al trabajo y a la salud de los empleados, sino porque están seguros de que los que decidan invertir en Justo & Bueno, en dos o tres años verán multiplicada su inversión, según dijo Monroy en la audiencia. Sin embargo, hay situaciones que no dan espera. Y esas son las de los trabajadores que contaron su drama.
Testimonio de la mala hora
Martín Reina es uno de los colaboradores activos de Justo & Bueno. Lleva dos años y diez meses, y tiene el cargo de conductor. Su sede laboral es en Pasto, ciudad en la que se había encargado de manejar los camiones para llevar la mercancía a las tiendas.
En febrero de 2021 la mala hora se cruzó en su camino. Fue abordado por dos asaltantes que lo golpearon con un revólver en el ojo izquierdo. Por esa circunstancia, que lo dejó con una capacidad visual reducida, tiene fuero médico y ante el cierre de los puntos de atención de mercadería en la capital de Nariño, solicitó reubicación, pero ya le dieron la respuesta: “No hay donde reubicarlo”. Reina lleva 90 días sin recibir salario.
Como en una carrera para ganarle la partida a la sepultura de una empresa, lo que llevaría a la pérdida de muchos empleos, los trabajadores a veces ven avivar sus esperanzas, pero en otras ocasiones de nuevo vuelven al temor de un final incierto. Saben que hay muchos enredos. Las deudas impagas condujeron a que 474 arrendatarios elevaran memoriales de reclamos, 18 proveedores hicieron lo mismo, al igual que 112 trabajadores y 25 empresas de servicios públicos. Pero también están las 35 acciones de tutela que pretenden la protección de derechos al trabajo, a la salud y a la remuneración.
Fueron varios los trabajadores de Justo & Bueno que contaron sus vivencias en SEMANA, muchos, agobiados por el estrés postraumático que implica estar en vacancia temporal, han mantenido la expectativa de la resurrección de la empresa que los emplea, pero cuando de pronto recibieron la noticia de la liquidación judicial, se les congelaron las esperanzas.
En embarazo
Mariana* tiene ocho meses de embarazo. Aunque venía asistiendo a los controles prenatales, acudió como de costumbre al que le correspondía en mayo, pero encontró la sorpresa de que ya no figuraba como activa en la EPS. Le bloquearon la atención por no pago de la seguridad social. Desde hace casi tres años labora para la mercadería, como operadora de tiendas. En el cargo, realiza múltiples labores, desde hacer inventarios, atender cajas y surtir los estantes, hasta hacer el aseo del sitio al terminar la jornada. Se gana un básico de 1.011.000 de pesos, más las horas extras, dominicales y festivos.
Aunque tiene una formación tecnológica en contabilidad y finanzas, sabe que si su contrato laboral termina ahora, no será fácil reintegrarse pronto, debido a su estado de embarazo y posterior etapa de acompañamiento a su recién nacido. La trabajadora de Justo & Bueno no tiene casa propia, vive con su pareja en arriendo, y en el hogar hay otros tres hijos.
El ingreso del cónyuge, como electricista, ha tenido que multiplicarse para cumplir con las obligaciones de la familia. Ella tenía a su cargo algunos pagos propios de las necesidades de la casa, por lo que ahora, sin su ingreso, han tenido que apretar gastos, principalmente de comida, que es en donde se puede recortar, pues lo demás no da espera.
Tanto así, que el padre de Mariana murió hace un mes y aún le duele no haber tenido plata “ni para comprarle una flor”.
El despedido, y aún sin paga
Renato* es venezolano. Fue despedido de su puesto en medio de la crisis de la cadena. Desesperado por la falta de atención de su hijo enfermo en la EPS, publicó un reclamo en redes sociales y, aunque eso sirvió para que le prestaran el servicio al menor, cree que fue el detonante para su despido. Le adeudaban tres meses, como a todos, y aunque no tenía para pagar arriendo, continuaba laborando. Sin embargo, en medio de las dificultades, se enfermó y le autorizaron incapacidad.
“La empresa alega que no subí el reporte a tiempo y me despidió”, lo que el ciudadano consideró como una excusa. Por ahora, está en espera de la liquidación correspondiente a sus casi cuatro años de trabajo en Justo & Bueno, más cesantías y salarios atrasados de febrero y marzo.
Estabilidad reforzada
Patricia* también cuenta su caso, el cual se inscribe en la estabilidad reforzada por incapacidad permanente debido a una enfermedad. A sus 50 años, edad en la cual en el mercado laboral colombiano resulta más difícil reengancharse en una empresa, tiene un desgaste en la cadera que le impide caminar. Para la pensión aún está lejos, por edad y porque únicamente lleva 700 semanas cotizadas.
Recuerda que ella y su familia pasaron la Navidad sin plata, pues en diciembre se dio el primer atraso en el pago de los salarios. “Nos consignaron el 6 de enero, pero incompleto, sin primas. Nos pedían paciencia y anunciaban ponerse al día para el 18 de ese primer mes del año, pero en 2022 yo no he recibido un solo sueldo más. Soy colaboradora de tienda, con más de 40 tareas (multifuncional). Llevo cuatro años en la compañía y entré con un ingreso de 954.000 pesos, el cual varió muy poco en el cuatrienio, hasta 1.046.000 pesos en la actualidad. Soy madre cabeza de hogar, tengo dos hijos, uno de ellos aún en la secundaria”.
Con su padecimiento, está sin servicio de EPS, sin ARL ni caja de compensación. “Para la atención en salud he tenido que rogar para que me realicen los controles previos a la cirugía que me harán”.
Martín, Mariana, Renato y Patricia son nombres tras los cuales hay un común denominador: ciudadanos con una familia a la que proteger.
Muchos están cansados y molestos, pero, en el fondo, tienen la misma esperanza de María Teresa, quien desde Fredonia, Antioquia, dice que hay que darle paso a la última oportunidad.
*Nombres cambiados a petición de los entrevistados.