La huelga en el Ministerio del Trabajo sigue empantanada, en medio de un diálogo que, al parecer, ha sido como una especie de conversación entre sordos; mientras tanto, en los juzgados toman sus decisiones.
Este lunes 29 de julio, una vez más, se vivieron momentos tensos, cuando Iván Jaramillo, uno de los viceministros del despacho de la titular, Gloria Inés Ramírez, intentaba entrar a las instalaciones de esa cartera y los manifestantes intentaron hablarle.
En esta misma fecha, el Juzgado Tercero de Valledupar resolvió aplicar una sanción al Ministerio del Trabajo, en medio de la huelga, al resolver un incidente de desacato.
La sanción recaería sobre la ministra Gloria Inés Ramírez, en su condición de directora del Ministerio del Trabajo, dice el documento judicial.
Según la juez Claudia Patricia Fabrega, la sanción monetaria que deberá pagar el ministerio será a favor del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar.
Se trata de 2 salarios mínimos legales mensuales que “deberá cancelar de su propio peculio”, dice la decisión judicial; que además señala que compulsará copias a la Procuraduría General para que “adelante la investigación disciplinaria a que haya lugar”.
Adicionalmente, la jueza también remite la decisión a la Fiscalía, para que adelante investigación sobre “presunto delito de fraude a la resolución judicial en que hubiere podido incurrir la sancionada”, dice el documento.
¿Qué desacató la ministra?
El desacato al que se refiere la jueza de Valledupar es a la sentencia emitida, según la cual ese Ministerio debería efectuar de manera inmediata el pago de salarios y bonificaciones atrasadas correspondientes al mes de junio de 2024 para varios empleados del departamento del Cesar.
La orden de ese momento debía cumplirse en 48 horas y su alcance cubría a varios, teniendo en cuenta que se fueron acumulando demandas por parte de los trabajadores afectados.
Ahora, una vez más, hay una fecha establecida, según la cual los dineros de la multa deberán cancelarse en los 5 días siguientes a la ejecución de la decisión del juzgado.
En el nuevo auto proferido se especifica que, en caso de que el ministerio no cumpla, se ordenará proceder al cobro coactivo (en otras palabras, al embargo, previo a cumplirse el debido proceso).
El juzgado también anotó un 4 ítem en el documento en el que expone su decisión, y señala que consultará al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, en su sala penal, según lo señalan las normas existentes.