El senador y precandidato presidencial Gustavo Petro fue consultado por la supuesta cláusula que llevaría su apellido y que se aplicaría si él llega a ser el próximo presidente de Colombia.
Gran controversia hay alrededor de la denominada cláusula Petro. Se trata de unas supuestas condiciones entre las cuales las partes llegan a acordar que si Gustavo Petro gana la Presidencia de Colombia, el contrato que hayan firmado no se ejecutará. Y, si Gustavo Petro pierde las elecciones, las partes sacarán adelante el contrato que hayan suscrito. Una determinación que tendría efectos grandes a nivel jurídico y económico a nivel nacional.
El contrato lo suscribirían las partes sobre determinados temas y proyectos, de acuerdo con la denominada cláusula. El tema fue puesto sobre la mesa por el abogado Ramiro Bejarano a través de una columna publicada en El Espectador. Él revivió el tema del que se hablaba en pasillos. “Lo que sorprende es que ya hay connotados juristas rindiendo enjundiosos conceptos por los que cobran y les pagan jugosos honorarios para sustentar la legalidad de esta disposición contractual fundada en la defensa a ultranza del supuesto derecho de los particulares para pactar condiciones suspensivas o causales de rescisión en sus negocios”, dijo el abogado en su referida columna. Luego, en el programa Vicky en Semana, Bejarano aseguró que una práctica de tales características “no es transparente” y constituye una presión al elector por cuanto más de uno lo piensa a la hora de votar por Petro si, al tiempo, corre el riesgo de perder determinado contrato. “La economía es libre, pero no arbitraria”, aseguró.
Sobre este mismo tema fue consultado el propio Gustavo Petro. “La cláusula es que va a ver más producción en Colombia, va a haber más producción de alimentos, ojalá en manos de la mujer campesina. Va a ver más procesos de industrialización. Entonces, si hay más posibilidades de producción va a haber muchísima más empresa. El cambio económico que propongo es que no sean cinco empresas que se quedan con todo, con el crédito, con la tierra, con los contratos del Estado, sino que haya millones de empresas cooperativas, o individuales, micro, medianas, muchísimas, de mujeres, porque creo que la mujer va a tener una papel fundamental en la construcción productiva de Colombia. Mucho pendejo el que se vaya, cuando lo que va a haber es más producción”, dijo el candidato en diálogo con Caracol Radio.
Sobre dicha cláusula, el abogado Jaime Lombana aseguró en Vicky en Semana que, desde el punto de vista netamente jurídico, no hay ilegalidad. A su modo de ver y de acuerdo con su experiencia, si las partes condicionaron la ejecución de un contrato a que el senador Gustavo Petro se constituya o no en presidente de Colombia, el cumplimiento posterior de la condición estipulada no constituye ninguna violación de la norma.
Bejarano replicó señalando que cuando un contrato se somete a una condición política no se está aplicando autonomía sino presión. “Las cláusulas que establecen condiciones no pueden ser arbitrarias”, indicó. Lombana, en contraste, señaló que “no puedo compartir la postura del doctor Bejarano”. Según dijo, “este es un problema de comprador y vendedor, de quien va a desarrollar un proyecto inmobiliario, ante la eventualidad y para nada se impregna de ilegalidad”.
Lombana aseguró que la propiedad privada en Colombia está sujeta a condiciones de esta naturaleza y de ahí que cualquier persona puede condicionar un contrato, en esta oportunidad, al triunfo o la derrota en las urnas del senador y candidato presidencial Gustavo Petro. “Mi planteamiento no tiene nada que ver con que gane cualquier candidato”, dijo el abogado Lombana.
El abogado Ramiro Bejarano respondió diciendo que si una persona pretende hacer un negocio y le imponen la denominada cláusula, Petro no debe aceptarla. En contraste, dijo Lombana, “nadie le está imponiendo un voto a la persona” y por eso dicha persona está en capacidad de rechazarla o aceptarla, sin que ello condicione su voto.
“En lo personal creo que una estipulación de esta naturaleza, de entrada odiosa, es, además, ilegal. En primer término, esta cláusula tan excluyente está encaminada a provocar o estimular el retiro de capitales nacionales o extranjeros del país, que es una de las formas bajo la cual podría tipificarse el delito de pánico económico. No ejecutar un contrato porque una determinada persona llegue a la presidencia no es simplemente una represalia política contra un partido o sus electores, sino un fuetazo a la economía”, dijo el abogado Ramiro Bejarano en la columna, quien luego fue consultado en Vicky en Semana por el derecho al miedo de las personas. Según su tesis, “el tema del miedo es una de las formas de enrarecer un proceso electoral. Es una técnica que se ha venido utilizando en muchos países, en Colombia se ha venido utilizando. Eso es una manifestación de campaña que no se puede traducir en los negocios”. La polémica sigue abierta.