A mediados de octubre del año pasado, a escasos dos meses de iniciado el Gobierno, Gustavo Petro se unió a las voces que vaticinaban una recesión para las economías internacional y nacional en el corto plazo, pero sorprendentemente afirmó: “La pregunta entonces es qué hace el Gobierno, que no tiene que ver con la tasa de interés” y de nuevo le dio prelación a la ideología global, argumentando que la transmisión internacional al país es consecuencia de “la guerra, los resultados mismos del descalabro y la parálisis mundial producto de la pandemia y las políticas públicas mundiales”.
Para el primer mandatario, el tema quedó ahí, pese a comentarios de analistas y dirigentes gremiales aislados que en ese momento llamaban la atención de lo que se esperaba, pero que gradualmente se fueron apagando y los voceros gremiales entraron en un período de “docilidad” casi total, nunca vista. La evidencia señala hostilidades oficiales contra dirigentes críticos como los de Andi, Federacafé, Fasecolda y Camacol. Solo se ha logrado sostener el primero y los otros fueron relevados.
Mientras tanto se “cocinaba” una inflación galopante que no se veía en décadas y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de estirpe samperista, no tenía tiempo sino para negociar una reforma tributaria fiscalista como nunca, en el Congreso de la República.
Los resultados del crecimiento económico 2022 fueron buenos (7,2 %), pero esconden una realidad que no se discute: de una tasa anual de crecimiento en el primer semestre de 2022 del 12,6 % se redujo a 7,0 % en julio-septiembre y a 2,9 % en el período octubre-diciembre. En solo diciembre el indicador de seguimiento del Dane mostró un mediocre desempeño de 1,8 %. En el último trimestre de 2022 hubo crecimiento negativo en agro, construcción, manufactura, minería y comercio, los sectores más importantes.
La conclusión parece no dejar duda: desde el comienzo del gobierno de Petro, la economía entró en una fase de desaceleración cada vez más evidente y cuyo impacto será contundente en 2023, como lo muestran los estimativos de crecimiento hechos afuera y adentro del país: nadie cree que el PIB suba al menos 2 % en este año, con un promedio más cerca de 1 % y el equipo técnico del Banco República lo pone ya en 0,2 %, la tasa más baja de América Latina, cuando en 2022 se sacó “pecho” con el mejor registro regional.
Los elementos que explican la brusca caída están ahí, comenzando por el “taponazo” dado a 24 horas de comenzado el Gobierno Petro, al presentarse una inconsulta reforma tributaria que aumentaba la tasa de tributación sobre la renta de las empresas de un 35 a 48 % (incluyendo dividendos) y a 58 % si se meten otras tasas y eso que en algunos casos se morigeraron las pretensiones de recaudos, que arrancaron en 75 billones y terminaron en 25 billones de pesos.
Para muchas empresas extranjeras con negocios en Colombia, la reforma fue un campanazo claro no solo en materia de impuestos a los dividendos, sino un cercano cambio en las reglas de juego, como es el caso de las compañías localizadas en las zonas francas a las que se retiraron los beneficios tributarios si no presentan un plan de exportaciones a mediano plazo, imposible en casos como las cementeras, que solo producen desde esas zonas para el mercado nacional. Sus advertencias aquí y en el exterior no fueron tenidas en cuenta y varias de ellas alistan demandas.
Por eso no resulta extraño un titular de prensa de este viernes 24 del diario Portafolio: ‘Se dispara la percepción de riesgo sobre Colombia’, quedando peor que Brasil, Chile, Argentina y Perú.
En ese mismo orden, la Andi acaba de hacer una encuesta entre sus afiliados, en la que se consultan los factores que han hecho aplazar sus inversiones en Colombia en el último año, y no deja duda: en agosto de 2022 el 47,1 % de los encuestados había manifestado que las inversiones en Colombia se mantenían y en la reciente encuesta realizada, en febrero, la cifra se redujo al 27,5 %. Y los argumentos son claros: el 47,9 % lo atribuye a los niveles de tasa de interés, el 31,3 a la incertidumbre política, 20,8 a la incertidumbre económica y el 15,6 % a la incertidumbre jurídica. No se tiene memoria de magnitud similar de la incertidumbre como factor tan determinante para decidir acerca de nuevos negocios en el país.
“Es que la proliferación de anuncios de todo tipo en temas clave para la economía por parte del ejecutivo y ministros que luego son desmentidos o corregidos, está generando un nivel de incertidumbre muy peligroso que impacta las decisiones empresariales, para no hablar del yo-yo en la tasa de cambio”, es la opinión del presidente de Analdex, gremio exportador, Javier Díaz Molina. Hasta el mismo gerente del Emisor, Leonardo Villar y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, han llamado a la cordura en materia de esos anuncios. Y es que tampoco el país había sido presa de esa avalancha de anuncios y “des-anuncios” en las redes por parte de un gobierno.
Aunque no hay cifras todavía de registros de inversión extranjera (BR) en Colombia al cierre de 2022, la caída de los datos en III trimestre frente al II/22 es muy brusco y en algunos casos preocupante, como Estados Unidos que redujo en casi 50 % la entrada de capitales entre el segundo y el tercer trimestre. En el total agregado, la reducción fue de 36 % al pasar de 5.120 dólares a 3.317 millones entre un período y otro.
La incertidumbre comenzó a darse desde temprano. Las firmas de abogados y de revisoría fiscal aumentaron su trabajo de consultoría sobre el tema de impuestos y tratamiento de información por los cambios a las firmas extranjeras. Incluso realizan permanentes charlas con clientes, en particular españoles y americanos, cuyos países responden por alrededor del 40 % de las inversiones foráneas en Colombia, siendo muy importantes en las áreas de petróleo y minería, infraestructura, energía, salud e industrias 4.0.
Ahora bien, tradicionalmente, en el plan de desarrollo de cada gobierno se proyecta el crecimiento del PIB para el período y es una prioridad de los técnicos del DNP. En el del Gobierno del Cambio, el asunto no está dentro de las prioridades de corto plazo y parece no ser relevante, al menos en las cifras. Solo se estima, sin mayor análisis, que la economía crecerá 2,8 % en 2024, 3,0 en 2025 y 3,2 en 2026, la mitad del cuatrienio anterior.
“Las proyecciones de crecimiento económico desde la demanda se sustentan, por un lado, en un impulso a la inversión, principalmente en vivienda e infraestructura y por otro lado, la importación de bienes de capital que demandará la reindustrialización y las exportaciones como resultado de los cambios en la estructura productiva”, es el comentario más importante (página 266 del documento ‘Bases del plan de desarrollo’). Transcurridos siete meses de gobierno, no se conoce nada relevante en infraestructura ni vivienda, más allá de un cuestionamiento permanente de las prioridades del gobierno anterior en el primer sector sobre dizque “obras para los ricos” y solo anuncios muy generales en edificación.
En los términos anteriores, la incertidumbre y preocupación sobre los negocios es el tema de entrada en reuniones de juntas directivas y centros de investigación, análisis que no se hacen públicos por “temor” a reacciones oficiales y políticas, pero muy válidos para proyecciones internas, dentro de las cuales es común creer ya que 2023 registrará una caída en ventas y producción, lo cual no es otra cosa que una proyección negativa en términos agregados para la economía nacional. O sea que no es insensato creer que habrá un crecimiento económico negativo en 2023.
Esa ha sido la sensación que ha quedado en distintos escenarios, como el del pasado jueves 23 de febrero en el foro Perspectivas Económicas 2023, organizado por El Colombiano y Valora Analitik, al que asistieron dirigentes gremiales de la talla del presidente de Andi y Jaime Alberto Cabal de Fenalco y por el Banco de la República, su gerente, Leonardo Villar, pero brillaron por su ausencia los ministros del Gobierno. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, sí está atendiendo gente, pero en reuniones cerradas.
Inflación y recesión
Hace dos semanas, se reunieron las principales firmas de la edificación en Bogotá y Cundinamarca, pero con influencia nacional, para analizar los datos más recientes del sector publicados por Camacol y se comprobó que lo ocurrido en enero de 2023 fue realmente malo: una caída en las ventas de vivienda nueva (vis y no vis) de 48 % frente al mismo mes del año pasado, con una reducción generalizada en las principales 18 ciudades y sus áreas metropolitanas y nada indica que el panorama vaya a mejorar, pues las obras iniciadas también cayeron más de 25 %.
En Bogotá y municipios anexos se registra un descenso de 37 %, en Medellín del 49 %, en Pereira del 58 %, Barranquilla del 62 %, en Ibagué del 83 % y en Neiva del 98 %.
Pocas horas antes se había conocido un muy mal inicio de las ventas de carros, estimando enero en el peor registro de una década.
El financiamiento de vivienda viene ya de capa caída. El año pasado se desembolsaron 152 mil créditos lo que significó una caída de 28 % en relación con los 211 mil desembolsados en 2021.
El consenso es general. Las principales causas de la caída en el sector de edificación, cuyo PÎB se redujo 1,9 % en el último trimestre del año pasado, radican en el aumento en las tasas de interés que ha encarecido y limitado el crédito del sistema bancario, la parálisis en el segundo semestre de los programas oficiales de apoyo a vivienda social por parte del gobierno Petro, sin que aparezcan mecanismos compensatorios y el aumento en los costos de producción por las materias primas importadas, afectadas por un menor abastecimiento y por el alza del dólar.
Sin embargo, de lejos el aumento en las tasas de interés como consecuencia del manejo de la inflación por el Banco de la República ha sido el golpe más fuerte al sector, clave en la generación de empleo y por su efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Petro anticipó que las tasas no es tema del Gobierno, pese a que su minHacienda va a la junta del Emisor.
Un ejemplo sencillo ilustra la situación. Un apartamento nuevo de 100 metros cuadrados -clase media- tiene un costo promedio de 700 millones de pesos, sobre el cual se otorga una financiación del 70 %, esto es, alrededor de 500 millones, a una tasa de interés anual del 20 % (poco más del doble que hace 18 meses). Así, el comprador de la vivienda debe pagar en el primer año 100 millones por solo concepto de interés sobre el crédito, lo que resulta en un pago mensual de casi 8,5 millones, que sumados a una amortización a capital de 1,5 millones, da una cuota “imposible” de diez millones/mes. Para aprobar el crédito, la ortodoxia del banco pide al solicitante un ingreso mensual de 20 millones de pesos, limitando así la oferta crediticia y por ende la venta de vivienda.
Con contadas excepciones, los economistas, expertos y el mismo Gobierno, con el ministro Ocampo a la cabeza, han compartido la idea de atajar la alta inflación a través de subir la tasa de interés de parte del Banco de la República, que con el paso de los días tampoco ha mostrado la efectividad esperada. La tasa del BR pasó de 3,0 % en diciembre de 2021 a 12,75 % en los 15 meses siguientes. La inflación cerró en 2022 en 13,2 % sin que la represión monetaria haya logrado su cometido y el país se ha quedado atrás en doblar la tendencia a la inflación, que lo han alcanzado ya la mayoría de países.
Pero el impacto no ha sido solo la financiación de vivienda. El crédito de corto plazo de libre inversión, de consumo y el que utilizan los micro y pequeños empresarios ha sido bruscamente encarecido al colocarse en una tasa efectiva ya por encima del 45 % año, más de tres veces la tasa de inflación. Su impacto en el consumo de los hogares y en los pequeños negocios se sentirá con todo el rigor en este año.
Los críticos del manejo de la política del Emisor escasean. Solo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master ha tenido la “osadía” de hacerlo, mientras el Gobierno ignora el asunto y al Congreso poco parece incumbirle, mientras la economía se hunde.
En el foro sobre perspectivas económicas 2023 de la semana pasada, el gerente del Emisor Leonardo Villar anunció que la política del Banco tenía en su agenda nuevos ajustes de la tasa de interés. De nuevo, solo protestó Mac Master de la Andi.
El asunto no es de poca monta. A la junta del Emisor se le ha dado independencia y autonomía desde la Constitución de 1991, lo cual es un logro institucional, pero ello no debe significar que puede hacer lo que quiera, incluyendo hundir a la economía justificando su accionar en la búsqueda de la estabilidad de la moneda. Varios de sus directores han considerado un asunto no negociable y han eludido un debate cada vez más necesario.
Los miembros de la junta han dicho que las presiones inflacionarias solo se corregirán a medida que se corrijan las distorsiones externas de abastecimiento y logística, por lo que nadie entiende el por qué utiliza tan brutalmente el principal instrumento, la tasa de interés, para reprimir la demanda como si hubiera un exceso de esta, cuando la inflación más dura la están sufriendo los vulnerables y los pobres cuyo costo de vida está más de un 20 % por encima del promedio y fueron quienes más sufrieron la pandemia en términos de calidad de vida.
El Gobierno también forma parte del problema y de la solución del alto costo de vida que sufre el país y de la descolgada de la economía que afectará el empleo, la riqueza y por qué no el mismo fisco con la depresión de la demanda y una eventual afectación de los recaudos.
En siete meses de gobierno, escasean las medidas para estimular la oferta de alimentos de producción de ciclo corto, rubro principal de aumento en la canasta familiar (27 % en doce meses), cero acciones para amortiguar el aumento de los precios de importaciones (caso básicos de maíz, arroz y trigo) y se ha fallado en el manejo de la expectativas de nuevos aumentos de precios en otras actividades, al autorizar alzas con la inflación pasada (13,2 %) y no con la esperada, así esté subestimada ya con un 7 %. Y complementariamente hay una gran decisión de subir la gasolina más con un criterio de ganar “caja” para hacer gasto público antes que de controlar su impacto sobre la inflación.
“Ni gobierno, ni Banco de la República pueden eludir su responsabilidad en el manejo de la economía, dentro del cual el costo de vida y el empleo son determinantes”, es la opinión cada vez más creciente de quienes se interesan por esos temas.
Y el castigo del dólar
Para los entendidos, la cotización del dólar frente a la moneda local es considerada el “precio de los precios de la economía”, pues finalmente es la divisa patrón de cambio. Tiene efecto directo sobre los demás costos de la economía y no hay variable que no se afecte con sus movimientos: deudas, exportaciones, importaciones, inflación, las mismas tasas locales de interés, entrada y salida de capitales, inversiones, etc. Lo saben los economistas, más a los políticos les pueda parecer poco importante.
Desde los años noventa, Colombia adoptó un esquema de libertad cambiaria en el que el mercado fija la cotización y el BR es el guardián de las divisas y marginalmente influye en su precio, a través de operaciones de compra y venta de dólares.
Desde el mismo comienzo del gobierno de Petro, la misma reforma tributaria y los anuncios permanentes de medidas generó un clima de nerviosismo que empujó el precio del dólar hacia arriba, desde 4.151 pesos en julio 1 a 4.400 en agosto 30, 4.532 a finales de septiembre y 4.819 en octubre 31, una nada despreciable devaluación de 16 % en cuatro meses. Luego se calmó por dos semanas para luego volver a acelerarse hasta rondar los 5.000 pesos en febrero 20.
Sin duda que el precio de la divisa ha sido determinante en el aumento de los precios de productos importados como insumos agrícolas, trigo y maíz, precios de carros e insumos importados para la construcción y edificación. Como quien dice, más leña para la inflación.
Pero hay algo más. Los anuncios del Gobierno de parar la nueva exploración de petróleo y gas, los anuncios de cambio en el modelo de construcción de carreteras y obras de infraestructura por la vía de los pagos de peajes a través del presupuesto público y los anuncios de “intervención” del ejecutivo en las tarifas de servicios públicos alimentan ese nerviosismo e incertidumbre.
“Nadie discute la filosofía de la transición energética en la que está comprometido el mundo, pero plantear que Colombia va a dejar de explorar sin establecer el sustituto en términos de ingresos por exportaciones de petróleo y gas, no solo es irracional, sino poco sustentable”, estima Díaz Molina.
Mientras eso pasa, es evidente la parálisis (programada o no) en importantes proyectos de vías del país sin que el Ministerio de Transporte haga comentarios relevantes y las comunidades del sur de Colombia sigan esperando una solución al cierre de la vía Panamericana.
“No hay nadie que pueda discutir con algún grado de seriedad que la economía no entró en picada y eso será más grave en los próximos meses”, es ya una creencia generalizada en el sector empresarial. Y todos los colombianos lo pagaremos.