El 4 x 1.000 o gravamen a los movimientos financieros es uno de los impuestos con más detractores. Existe consenso sobre su inconveniencia, dado que afecta la bancarización y promueve el uso del efectivo. Sin embargo, cada vez se atornilla más en el sistema tributario colombiano, debido a que es fácil de recaudar y porque representa un ingreso importante para las finanzas públicas (tan solo en lo corrido de este año a septiembre iban 10,5 billones de pesos por ese concepto).
Ante la dificultad para su eliminación, como lo ha pedido en repetidas ocasiones la industria financiera, en la primera reforma tributaria del Gobierno Petro se aprobó un cambio para flexibilizar este gravamen. La idea es que las personas ya no tengan que marcar una cuenta de ahorro exenta del 4 × 1.000 (que usualmente es en la que les pagan la nómina o la pensión), pues el impuesto ahora no se cobrará por cada transacción, sino cuando todos los movimientos financieros mensuales que haga un usuario superen los 350 UVT, monto que hoy equivale a 16,4 millones de pesos.
La reforma tributaria de 2022 otorgó dos años a los establecimientos supervisados por las superintendencias Financiera y Solidaria para desarrollar un sistema de información que facilite la verificación, control y retención del 4 × 1.000. Dado que ya no existirán cuentas exentas entre las entidades que ofrezcan productos como cuentas de ahorros, corrientes, depósitos electrónicos o tarjetas prepago, deberán coordinarse para identificar cuándo una persona supera el tope de 16,4 millones de pesos y comenzar a aplicar el impuesto correspondiente.
El plazo de los dos años se cumple el 13 de diciembre de 2024, por eso había mucha expectativa entre los usuarios financieros que tenían más de dos cuentas de ahorro, por ejemplo, una en un banco y otra en una cooperativa, en una fintech o en una billetera digital (tipo Nequi, Daviplata o dale!), pero todo indica que esa fecha no se va a cumplir, pues hay problemas para incluir a las cooperativas en el sistema de información compartida.
Por ahora, ya está definido que el operador de la información es TransUnion, empresa que se dedica a llevar el historial crediticio de millones de colombianos. Lo que se busca es que las personas no tengan que desmarcar su cuenta, sino que ese sea un proceso automático.
Cuando entre en vigencia, fecha que aún no se tiene definida, también habría un impacto sobre el recaudo. En la Dian estiman que los ingresos 4 × 1.000 caerían 2 por ciento, dado que no todos los colombianos tienen más de una cuenta de ahorro.
Si se asocian las cuentas de ahorro a las tarjetas débito, al cierre de septiembre en el país había 45 millones de plásticos de este tipo (1,6 millones menos que un año atrás), emitidas por 32 entidades que vigila la Superfinanciera. Las cuentas de ahorro son el principal instrumento de bancarización en el país, por eso los detractores del 4 × 1.000 insisten en su desmonte.
Por ahora, lo importante es avanzar con todos los requisitos tecnológicos que requiere esta flexibilización del 4 × 1.000 y que será un adelanto de lo que vendrá con las llamadas ‘finanzas abiertas’, una política que está desarrollando la superintendencia del ramo, con el fin de que todas las entidades compartan su información, de manera tal que les puedan ofrecer mejores servicios a sus potenciales clientes y que aumente la competencia, pues el mercado sigue concentrado en pocos jugadores.