El fenómeno de El Niño puso al país al borde de un racionamiento de energía y, aunque no sucedió, reveló las dificultades de este sector y los riesgos hacia el futuro. A ello se suma la caída en las reservas de gas y el anuncio de Ecopetrol sobre un déficit de este combustible que tendrá Colombia a partir del año entrante.
Muchas de las decisiones para asegurar las inversiones, alejar el fantasma del apagón y enfrentar la difícil coyuntura del gas deben pasar por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que durante este Gobierno ha tenido una característica: su interinidad.
La Creg debe estar compuesta por seis comisionados expertos, nombrados en propiedad. Pero esas designaciones en su mayoría han sido en encargo, lo que no ha permitido avanzar en la agenda.
Esta situación llegó a los altos tribunales: el Consejo de Estado ratificó una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó al presidente Gustavo Petro nombrar en propiedad a los comisionados. Pero aún no se surte. Esta semana, tras haber sido declarado nulo el nombramiento de su anterior director, Ómar Prías, por parte del Consejo de Estado, pues no acreditó la experiencia requerida para el cargo, fue designado Antonio Jiménez. No obstante, el anuncio coincidió con la terminación del encargo de varios comisionados.
La ausencia de cinco de los seis expertos ha dejado a la entidad en una situación de inoperatividad, señala Anif en un informe del primer trimestre de este año. Por ejemplo, el número de resoluciones se ha reducido: de 136 que produjo la Comisión en 2021 pasó a 73 en 2022 y a 71 en 2023. En la medida en que no se tomen decisiones regulatorias, se afecta la señal de inversión. Según Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, gremio de las generadoras térmicas, ya hay un retraso en las inversiones del sector empresarial dada la ausencia de señales de regulación. “Creemos que cualquier iniciativa del Gobierno nacional en materia de reactivación de la economía pasa por tener las reglas de juego claras y predecibles desde el punto de vista de la regulación económica”.
Según sus cálculos, con la incertidumbre regulatoria que plantea la interinidad pueden estar dejándose de llevar a cabo inversiones anuales del orden de 3 billones de pesos en infraestructura de energía eléctrica, que pueden afectar la expansión, el abastecimiento, la confiabilidad y, por supuesto, la transición energética.
Por su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás considera que dentro de las acciones de la Creg que se requieren con urgencia es necesario flexibilizar las reglas para la comercialización de gas local e importado en relación con la duración de los contratos, negociaciones directas en cualquier momento del año, suscripción de contratos de suministro en firme con vigencias de corto, mediano y largo plazo, y flexibilidad en el inicio de ejecución del contrato.
También, agrega Murgas, resolver solicitudes de revisión de cargos y de agregación de tramos de transporte, y aprobar las inversiones asociadas a la ampliación de capacidad de transporte del gasoducto Barranquilla-Ballena, que llevaría excedentes de gas de la costa atlántica hacia el interior.
Aunque la Creg adoptó medidas transitorias (hasta agosto 31 de 2024) que flexibilizan la contratación de gas natural local que se consuma hasta diciembre, se requieren medidas de mediano y largo plazo, en las que ya trabaja la Comisión, asegura la presidenta de Naturgás. A su juicio, es crucial contar pronto con la definición de estas medidas para garantizar el abastecimiento de gas natural en 2025 y 2026.
Hay otras decisiones pendientes: la definición de cargos de distribución y de comercialización minorista, que hace más de 15 años no se actualizan, y ajustes para impulsar el biogás y el biometano. El tiempo apremia y es necesario que la regulación opere, sobre todo en momentos de tensión como el actual.