El costo de los servicios públicos sigue pesando en el bolsillo de los colombianos: mientras la canasta familiar subió 7,16 % anual en mayo, el precio de la electricidad se encareció más del doble: 18,35 %, con unas visibles diferencias regionales, pues 13 de 23 ciudades están por encima de ese promedio, en especial las siete capitales de la región Caribe.
El gas, que tradicionalmente ha sido uno de los servicios más baratos, registró un alza de 0,84 % a mayo, con exponenciales incrementos en ciudades como Bucaramanga (27,5 %) o Florencia (24,6 %). Este servicio además está amenazado por un posible problema de abastecimiento en 2025 y la inminente importación desde Venezuela, lo que sin duda le pondrá más presión.
La problemática alrededor de las mayores tarifas, principalmente de la luz, fue abordada en el Congreso de Andesco, donde se dieron cita decenas de expertos, líderes políticos y gremiales que mostraron su interés en este sector determinante para la calidad de vida de las familias.
Una de las promesas del presidente Gustavo Petro desde el inicio de su mandato ha sido la de reducir las tarifas de energía. Por ello, el mismo mandatario, en un discurso reciente, manifestó su descontento con lo sucedido hasta ahora, pues las soluciones previstas desde el Ministerio de Minas las ve como insuficientes para enfrentar el problema que ha afectado a millones de colombianos.
Claramente, como lo evidencian las estadísticas de inflación, la mayor cuenta de cobro la llevan los departamentos de la región Caribe y, más aún, los estratos socioeconómicos de la base de la pirámide, que ahora están a la espera de que, desde julio, les quiten algo del peso de la llamada opción tarifaria, la cual viene de la gabela que se les dio durante la pandemia en 2020 para que no pagaran el servicio en ese momento y que ahora se les está cobrando, afectando su flujo de caja.
La deuda de la opción tarifaria no es cualquier bicoca. Se trata de 4,7 billones de pesos, la mitad de la cual se concentra en los usuarios de energía en el Caribe. La idea es que se financie solo lo que deben los estratos 1, 2 y 3 a las comercializadoras, mientras que Camilo Sánchez, presidente de Andesco, sugirió que el pago con dineros públicos de la opción tarifaria debería ser para todos los estratos, pues así era la expectativa que se tenía.
El problema para el Gobierno es la disponibilidad presupuestal, pues el Estado está en un duro apretón fiscal. Por ende, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que harán un aporte de 2,7 billones de pesos, lo que, sin embargo, requerirá tramitar una ley que apruebe la propuesta de que desde lo público se asuma una deuda de los consumidores con los prestadores privados. Mientras eso sucede, la estrategia será que Findeter les preste a las comercializadoras.
El exministro de Minas, Amylkar Acosta, fue crítico con el curso que ha tomado el tema de bajar las tarifas a los colombianos por la vía de tachar del recibo el cobro por opción tarifaria. “Después de que el presidente Petro empeñara su palabra para asumir por parte de la Nación la deuda de la opción tarifaria, el ministro de Minas salió a decir que solo se asumiría la de los estratos 1, 2 y 3. Y los usuarios fueron sorprendidos luego, cuando se dio a conocer que para pagarles dicha deuda a las empresas prestadoras del servicio se requiere tramitar una Ley, que tendrá que esperar hasta la próxima legislatura. Todo esto denota la improvisación y la falta de seriedad”.
Mientras tanto, Armando Restrepo, habitante de Cartagena, quien vive con otras dos personas en estrato 3 y paga 300.000 pesos de luz, dice que ni siquiera se atreven a instalar aire acondicionado en un lugar con una temperatura promedio de 30 grados. “El incremento ha sido de 15 %”, sostuvo, esperanzado en recibir pronto el alivio por descargarle el peso de la opción tarifaria.
No obstante, para que empiece a bajar la factura hay que saltar algunos terraplenes. Si bien se han realizado acuerdos con empresas para que una vez reciban desembolsos de crédito por parte de la banca pública empiece a verse reflejado en el recibo, aún no es claro si eso arrancará en julio. Al respecto, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, recordó que, de la deuda total, 2,7 billones de pesos son de los estratos 1, 2 y 3. Ese banco de desarrollo fue llamado a desembolsar 2 billones. “Ya tenemos un billón aprobado, del cual hemos desembolsado 544.000 millones de pesos. Esperamos que en estas semanas se termine de desembolsar lo aprobado hasta ahora”.
Precisamente, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio de generadoras térmicas, sostuvo que “el alivio en las facturas de la luz dependerá de la velocidad con que se realicen los desembolsos”.
Todas esas aristas alrededor del esquema tarifario son las que han levantado un polvorín, pues el precio unitario incluye varios componentes como generación, transmisión, restricciones, pérdidas en el sistema, distribución y comercialización, lo que a fin de cuentas se consolida en el valor mensual que le llega al consumidor. Eso sin contar con la volatilidad de los precios de la energía en bolsa, lo que se incrementa aún más durante fenómenos climáticos como El Niño, que además de reducir el aporte del agua para la generación, ayudó a aumentar la demanda eléctrica (por las altas temperaturas).
No obstante, para el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, tampoco se pueden perder de vista otras circunstancias que han afectado al régimen tarifario. “El sector privado empezó a intervenir en la prestación de servicios públicos, y no se puede negar que hubo grandes avances, pero también se fueron convirtiendo en un gran negocio, con formación de monopolios y oligopolios, y se olvidaron de los derechos esenciales. También el Estado fue perdiendo el control de la regulación, la cual se volvió sesgada y lenta, mientras que las comisiones que tienen esa tarea empezaron a olvidarse de los usuarios”.
Pero el impacto de quitar parte de la carga en el cobro de los recibos no es despreciable. Según Camilo Marulanda, presidente de Isagén, empresa generadora de energía, solo con quitar el costo de la opción tarifaria las familias podrían bajar la factura entre el 8 y el 20 %.
Y Castañeda agrega que también sería ideal quitar el componente de las pérdidas (producto del robo de energía) que le trasladan al usuario, lo que se traducirá en una rebaja adicional de 15 %. “Por cada 100 pesos de consumo, el colombiano de la región Caribe tiene que pagar 25 pesos más por el robo que otros hacen. En el resto del país pagan 12. Esas pérdidas se pueden mermar con inversión del Estado y de los privados”, dijo.
Por lo pronto, la agilización en los trámites para que al menos se haga realidad el alivio en el bolsillo de los consumidores de energía es una necesidad inaplazable. Javier Lastra, especialista en el sector eléctrico, dice que en el caso de Afinia y Air-e –las dos empresas que prestan el servicio en la región Caribe–, habría una reducción de la tarifa en 85 pesos en la primera y de casi 200 en la segunda. En todo caso, los costos seguirán por encima de los 1.000 pesos. Hasta ahora, no hay medidas concretas para ajustar los demás eslabones de la cadena energética.
En busca de la solución estructural al alto costo de las tarifas, Marulanda dice que hay otras piezas del rompecabezas que poco salen al escenario, pese a ser cruciales. “Las tarifas también son resultado del balance entre oferta y demanda. En la actualidad, la demanda crece (en el acumulado del año, hasta el 31 de mayo, avanzaba 5,54 %), mientras que la oferta va despacio. En los últimos cinco años ha entrado solo el 20 % de la energía que tenía que entrar. Y si eso es así, vamos a tener un problema de abastecimiento. Se pueden hacer un montón de maromas para que las tarifas bajen en el corto plazo, pero sería sacrificando el largo plazo, para el que se requiere atraer inversiones. Hay que expandir la capacidad del sistema, traer más energía, promover más inversión”. El panorama para el sector energético es desafiante.