Tras el rompimiento de la coalición, el Gobierno se jugó una carta para salvar sus reformas, especialmente las sociales, en el Congreso. El movimiento era claro: que empezara su trámite y sus aprobaciones iniciales, para que quedaran vivas de cara a la próxima legislatura. La pensional y la de la salud lo lograron. Sin embargo, la laboral se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara.
“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, dijo el presidente Gustavo Petro.
A pesar del traspié, el Gobierno anunció que volverá a presentar la reforma en la legislatura que arranca el 20 de julio. Sin duda, es un proyecto clave en un país donde hay un problema estructural en materia de empleo y productividad. Ni siquiera el crecimiento de la economía de los dos últimos años, los más altos en la historia reciente y de los más sorprendentes en el mundo, fueron suficientes para llevar el desempleo a un dígito.
“Si tenemos en cuenta que el total de la población económicamente activa son 22 millones de personas, pero que al menos unos 2,2 millones no están pudiendo conseguir trabajo, no es entendible para muchos que la reforma no atienda eso. Pero, además, todos los estudios técnicos que se han hecho demuestran que la reforma no solamente no corregía eso, sino que producía más desempleo”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi a SEMANA, destacando el impacto negativo que tendría esa reforma entre las pymes y los emprendimientos.
El dato que generó la mayor alerta lo produjo un grupo de análisis del Banco de la República, al señalar que el aumento en los costos salariales propuesto en la reforma (por incrementos en horas extras y en indemnizaciones por despidos sin justa causa, entre otros factores) recortaría unos 450.000 empleos formales en tres o cuatro años, en un escenario de impacto medio. De hecho, otros cálculos establecieron que el costo de la reforma podría llegar a entre 2 y 4 puntos del PIB.
Además, las discusiones se intensificaron cuando la ponente del proyecto, la representante María Fernanda Carrascal, y el mismo Gobierno, insistieron en que la reforma no era para generar más empleos ni reducir la informalidad. De hecho, para muchos analistas la iniciativa solo beneficiaba a quienes tienen empleos formales y a los sindicatos, en medio de un desempleo de doble dígito y una informalidad cercana al 60 por ciento.
El futuro
Distintas voces han empezado a enriquecer el debate, para construir una nueva reforma laboral más incluyente y amplia. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe propuso la creación de una prima adicional para los trabajadores en sectores que crezcan al 4 por ciento, “mucho mejor que el aumento de los recargos existentes, que afectaría bastante el empleo”, señaló al explicar su propuesta. Y la complementó con otra idea: un plan integral de mejoramiento de los ingresos de los trabajadores de Colombia concertado entre el Gobierno, los gremios de la producción y las organizaciones laborales.
Para Mac Master, uno de los pocos temas interesantes de la reforma era que había comenzado a dar la discusión alrededor de cuál podía ser eventualmente el estatus de los trabajadores de las plataformas y sería la oportunidad para crear una figura laboral o contractual especial que les brinde cobertura. También incluir nuevas formas de trabajo digital, transnacional y flexible en un mercado laboral que está cambiando, con nuevas tecnologías e intereses de los empleados.
Otra de las propuestas es la incorporación del seguro al desempleo y su posible financiación, tema en el que han coincidido distintos expertos como Stéfano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia, y Charles Chapman, fundador de la firma Chapman Wilches, quien hizo parte de la comisión técnica que discutió la reforma laboral.
Para Chapman también es importante llevar a la discusión “un sistema diferencial para la micro y la pequeña empresa, tratando de establecer sistemas no homogéneos frente a realidades que no son las mismas”, agregó.
Es el momento de buscar consensos para avanzar en una reforma que necesita el país, para ganar espacio en su productividad y en la inclusión social y laboral. Pero, como advierte el presidente de la Andi, es necesario enfocarse en dos aspectos: uno, “inventarnos cosas nuevas, distintas, que vayan en beneficio de toda la población”. Y, dos, tomar las decisiones con información técnica a disposición y utilizar las evaluaciones de impacto. “No podemos caer en la idea de que los modelos de equilibrio general son neoliberales y que, por lo tanto, vamos a tomar decisiones sin evaluación de impacto. Eso es muy equivocado, Colombia no puede tomar decisiones de la envergadura de las que estamos tomando hoy si no acudimos realmente a los modelos económicos que nos permiten prever qué es lo que va a suceder y tratar de identificar si vamos a cometer un error o no”, dijo Mac Master.
Por ahora, un grupo de expertos está recogiendo propuestas para construir una nueva iniciativa que incorpore distintos temas del mercado laboral. La idea es tenerla lista antes del 20 de julio, en un escenario en el que varios partidos políticos la analizarían para llevar su discusión al Congreso. Viene el segundo tiempo de la reforma laboral.