Colombia, al igual que otros países de América Latina, avanza en el desarrollo de una iniciativa de reforma pensional, en la que las calificadoras internacionales tienen enfocada su mirada.
Además de Colombia, Chile y Perú tienen reformas propuestas y en discusión, mientras que Brasil, México y Uruguay lograron aprobarlas entre 2019 y 2023.
Según un documento de la calificadora Standard & Poor’s, las bajas tasas de fertilidad, junto con un aumento de la longevidad, plantean desafíos de sostenibilidad financiera y social para los sistemas de pensiones de la región, que los gobiernos deben abordar. Para esta entidad, medidas ineficaces o inoportunas pueden traducirse en un mayor gasto en pensiones y aumentos de la deuda que, a su vez, podrían limitar las expectativas de crecimiento económico. Al mismo tiempo, si las pensiones no mejoran, esto podría provocar descontento social, especialmente a medida que la población sigue envejeciendo.
Pero, además, las reformas propuestas en la región “tienen implicaciones para la calidad crediticia del soberano, dependiendo de cómo afectan los resultados fiscales, benefician la composición de la deuda y el desarrollo de los mercados locales, y reflejan efectividad institucional”.
En el caso de la reforma pensional propuesta en Colombia –y que para distintos analistas es la que tendría más posibilidades de prosperar en su trámite, aunque todavía no avanza su discusión en el Senado– busca eliminar las ineficiencias en el diseño previsional actual a la par de ampliar el papel del sector público, en detrimento de la participación de los fondos privados.
“Si bien los detalles de la reforma aún están en proceso, una mayor relevancia para el sistema público de beneficios definidos puede ser fiscalmente neutral en el corto plazo, dado que los activos de las pensiones privadas se redirigirán al sistema público y se reducirán los subsidios implícitos a los percentiles de ingresos más altos”, dice la firma.
Sin embargo, agrega que tiene importantes desafíos: el aumento de la cobertura se traducirá en mayor presión presupuestaria con el tiempo, especialmente considerando que la edad de jubilación, los índices de reemplazo y otros parámetros estructurales se mantienen sin cambios.
Hay una preocupación adicional, pues las reglas y procedimientos sobre el uso del nuevo fondo público de pensiones siguen sin estar claros, sobre todo en cuanto a cómo se evitarán gastos no relacionados con las pensiones. Esto es importante porque los fondos de pensiones privados han desempeñado un papel clave en el desarrollo de los mercados locales de capital en Colombia, en materia de acciones y de títulos del Gobierno.
La reforma que se presentó en marzo de 2023 propone redirigir los activos de los contribuyentes que ganan hasta tres salarios mínimos al sistema público, tema que ha sido uno de los pilares de la discusión. “También instituye un sistema de pilares, que incluye un pilar solidario y uno contributivo, para aumentar la cobertura, dado que solo una cuarta parte de la población en Colombia cumple con los estándares para jubilarse”, añade el documento de Standard & Poor’s.
Señala que arreglar los subsidios implícitos regresivos del sistema es otro objetivo clave. “Bajo el diseño actual y ciertas condiciones, los pensionados pueden cambiar entre sistemas de pensiones públicos y privados, y alrededor del 80 % de las personas con ahorros de pensiones privados transfieren sus cuentas al sistema público para recibir subsidios gubernamentales, lo que en última instancia ha beneficiado a la población en el percentil de ingresos más altos, mientras que los percentiles más bajos apenas se benefician”, concluye el estudio en su visión sobre Colombia y su reforma pensional.