La Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. inició, a mediados del mes pasado, un proceso legal contra Empresas Públicas de Medellín (EPM) por los incumplimientos en el contrato para la realización del proyecto hidroeléctrico de Ituango, el más grande del país, con una capacidad de 2.400 MW de capacidad y una inversión que supera los $12 billones. La emergencia se originó en abril del año pasado con el derrumbe de un túnel de desviación de las aguas del río Cauca y cuando ya habían sido sellados otros dos hizo que aumentará el nivel del embalse, en pleno invierno, sin que la presa estuviera terminada y ni siquiera hubiera llegado a la cota del vertedero generando un riesgo de enormes proporciones que afectaría a decenas de municipios aguas abajo del proyecto. La decisión en su momento de EPM, las autoridades y los constructores fue inundar la casa de máquinas –con equipos, transformadores y maquinaria ya instalada–, para darle un camino de evacuación a las aguas y bajarle presión a la presa.Esta situación generó traumatismos en la entrega de la obra, programada para diciembre del año pasado y que ahora solo empezaría a generar energía a partir del año entrante con la entrada progresiva de las unidades de generación.

La historia del proyecto ha estado enmarcada por tensiones políticas entre la Gobernación de Antioquia –a través del Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea)– y el municipio de Medellín –con EPM– e incluso desde el punto de vista societario, porque la Gobernación movió sus fichas y se quedó hace unos años con el control del proyecto. Hoy, la composición accionaria de la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango es de 50,7% del Idea; la Gobernación con 2,14%; EPM con 46,3%, y el resto en accionistas minoritarios. Pero la presión política y empresarial de Antioquia condujo a que EPM encabezara su construcción, dada su experiencia en la generación de energía en el país. La estructuración se hizo bajo el modelo de Boomt; es decir, construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver a los 50 años la central. Para algunos expertos, este modelo además de los derechos y obligaciones, también incluía los riesgos durante la construcción. Para la Sociedad, los incumplimientos por parte del contratista, en este caso EPM, no fueron asunto de fuerza mayor o caso fortuito, y los retrasos, sobrecostos y afectaciones son responsabilidad de EPM.

La Sociedad soporta su controversia con informes de la Contraloría General de la República que pusieron en evidencia la improvisación en la toma de decisiones por parte de EPM y a la inadecuada planeación, lo cual –a su juicio- genera serias dudas sobre la experiencia que esa empresa dice tener en proyectos de esta envergadura. La representación de la Sociedad para este caso está en manos de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise que realizará las demandas contra EPM. Aunque todavía persiste riesgo en el proyecto y aún no hay control pleno sobre él, el riesgo se ha reducido y las discusiones técnicas que por más de un año lideraron la agenda en la emergencia, ahora el espacio lo ocuparán las controversias jurídicas en distintos frentes. Uno: con la disputa entre los socios de la hidroeléctrica por la responsabilidad de la crisis que produjo que la planta no entrara en los tiempos determinados y se retrasara; dos, por las investigaciones de los organismos de vigilancia y control –como Contraloría, Procuraduría y Fiscalía-, en especial en el seguimiento que han hecho en el tema de la construcción del proyecto; y tres, el tema de los seguros, porque si bien el proyecto fue asegurado por US$2.500 millones y Mapfre Seguros Generales de Colombia comunicó la decisión de otorgar la cobertura bajo la póliza ‘Todo riesgo construcción y montaje’, vendrán las discusiones sobre los montos a pagar.