El presidente Iván Duque ha afirmado reiteradamente que este no es momento para reformas tributarias. Pero la discusión sobre el tema arrancó en forma. Esta semana el Gobierno instaló la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que deberá revisar las exenciones y tratamientos preferenciales vigentes en el sistema tributario. Ello con el objeto de evaluar su conveniencia y entregar recomendaciones de cara a una nueva reforma. Una que, tal como indicó el Marco Fiscal de Mediano Plazo de este año, tendrá que recaudar al menos dos puntos del PIB –alrededor de 20 billones de pesos– ante el impacto fiscal de la crisis y la caída de los precios del petróleo. Además, será clave para la reactivación económica y para mejorar la estructura de ingresos del país. Nada fácil, considerando que ninguna reforma ha recaudado estos montos. Integran la comisión, que trabajará durante nueve meses, cinco expertos internacionales, los ministros de Agricultura, Trabajo, Comercio, el viceministro técnico de Hacienda y el director de la Dian. Entregarán sus primeras conclusiones el 26 de febrero de 2021. El legislativo también discutirá el tema. Allá, varios congresistas del Partido Verde radicaron un proyecto que busca eliminar los beneficios aprobados en la Ley de Crecimiento de 2019 para las empresas y financiar la propuesta de la Renta Básica de Emergencia. Para ello proponen gravar al 1 por ciento más rico de las personas y empresas declarantes de renta.
Además, hace un par de meses un grupo de abogados y economistas, liderados por Dejusticia, demandaron para derogar el Estatuto Tributario por considerarlo “una colcha de retazos”. La Corte Constitucional no la admitió y los demandantes iban a corregir los errores. Pero esto ha generado un gran debate sobre los males del sistema tributario del país. Claramente, todas las ramas del poder han empezado a discutir los cambios que requiere el estatuto tributario. Todo para hacerlo más progresivo, eficiente y simple, y resolver la pregunta de quién va a pagar los costos de la pandemia.
Colombia tiene un bajo recaudo de impuestos Razones y opciones El país, en los próximos diez, años tendrá necesidades fiscales de entre 8 y 10 puntos del PIB por cuenta de la crisis sanitaria y factores estructurales, según estima Anif. Para esta entidad, la pandemia requerirá grandes inversiones en temas de salud, transferencias monetarias, infraestructura, educación, entre otros. Asimismo, el país deberá volver a déficit fiscales del 2,5 por ciento a partir de 2022, consistente con las metas de déficit fiscal, en medio de una caída de los ingresos tributarios. La crisis dejará también al país altamente endeudado, pues la deuda pública alcanzaría niveles alrededor del 65,6 por ciento al terminar este año. Ante las necesidades de gastar más, ante la caída en los ingresos y la disparada del endeudamiento, es claro que la crisis del coronavirus dejará una reforma tributaria como una de sus secuelas inevitables. Además, como en muchos frentes, la pandemia mostró las vulnerabilidades del sistema tributario, como su bajo nivel de ingresos como porcentaje del PIB y su falta de progresividad. En este país hay una reforma tributaria cerca de cada 18 meses, pero el recaudo del Gobierno central se ha mantenido estable alrededor del 14 por ciento del PIB. Un bajo nivel si se compara con el 16 o 17 por ciento del promedio de América Latina o mucho más con el 34 por ciento de los países de la Ocde.
Mauricio Santamaría - Director de Anif Para Anif, eso se explica en que el sistema tributario está recargado en impuestos indirectos y regresivos como el IVA, ante la dificultad de lograr una mayor participación del impuesto de renta, que puede ser mucho más progresivo dada la estrechez de la base de declarantes y contribuyentes. Además, las exenciones y exclusiones de algunos bienes y servicios del pago del IVA han hecho este impuesto aún más regresivo al beneficiar a los hogares de mayores ingresos. Todo lo anterior lleva a que la tributación esté fuertemente recargada hacia las empresas, con el 80 por ciento, lo cual afecta la inversión y el empleo. Y los altos impuestos a la nómina agravan esa circunstancia. Muchos analistas también recuerdan que el sistema tributario no genera un efecto redistributivo y sigue siendo extremadamente complejo, lo que facilita la evasión. Para resolver esto ya comienzan a aparecer quienes consideran que hay que hacer que paguen los impuestos “los más poderosos y los que más tienen”, incluidas las empresas. Y quienes consideran que hay que aumentar la progresividad, pero también acabar con la evasión y hacer que más personas paguen para que los impuestos no recaigan siempre sobre los mismos. El Partido Verde, por ejemplo, expone la necesidad de crear un impuesto permanente al patrimonio para las empresas y personas, aumentar la tarifa a los dividendos y una mayor sobretasa de renta para las instituciones financieras. También aumentar las tasas marginales de impuesto de renta para las personas de ingresos altos, entre otros cambios. No obstante para Sergio Clavijo, experto en temas tributarios, el país ha avanzado en progresividad con mayores tasas marginales para los hogares más ricos y la puesta en marcha de topes relativos y absolutos en deducciones o exenciones. Por esto, para avanzar en progresividad hay que ampliar la base de declarantes y contribuyentes para disminuir la evasión. Por otra parte, al igual que Anif, Clavijo considera que hay que hacer el IVA menos regresivo al ampliar su base y eliminar las tasas preferenciales y las exenciones. Para mitigar el efecto negativo sobre los hogares de menores ingresos habría que ampliar la devolución del IVA a las familias más vulnerables, establecida a raíz de la emergencia.
Iván Marulanda - Senador del Partido Verde El director de la Dian, José Andrés Romero, detalló durante el lanzamiento de la comisión de expertos que de los 94,2 billones de pesos en beneficios del sistema de recaudo, 74,93 billones, es decir el 81,1 por ciento, corresponden al IVA. Para muchos analistas, generalizar este impuesto además simplificaría el sistema tributario al permitir mayor trazabilidad y menos posibilidades de evasión. Esto, por sí mismo, resulta más progresivo. Probablemente hay que hacer un poco en cada uno de estos frentes para pagar entre todos, y según las posibilidades de cada uno, los costos de la pandemia y del mayor rol que muchos reclaman del Estado. Las discusiones incluirán la posibilidad de generalizar el IVA, ampliar la base de contribuyentes, aumentar las tasas efectivas de tributación a quienes más tienen, disminuir la evasión y eliminar tantas exclusiones y exenciones que no tienen sustento económico y benefician a los que más tienen o pueden pagar los mejores asesores tributarios. Hay que buscar un sistema simple y eficiente mucho más progresivo. La tributación no puede seguir recayendo sobre los mismos, Colombia tiene unas tasas de impuestos altas para unos pocos, mientras muchos permanecen por fuera del sistema. Por último, la crisis también demostró la necesidad de seguir mejorando la focalización del gasto. Eso pasa por revisar la efectividad y condicionalidad de los subsidios y por retomar temas como la reforma pensional, para muchos una de las mayores fuentes de inequidad. Al igual que los cambios en materia tributaria o laboral, habrá que discutir estos asuntos después de superar la emergencia. Pero hay que empezar ya.