Justo en el momento en que se necesitan más recursos para atender la pandemia y sus duros efectos en la economía, Colombia vivirá este año una situación paradójica en materia de impuestos.
Por un lado, desde el primero de enero comenzaron a regir gran parte de las exenciones y gabelas aprobadas en la Ley de Crecimiento Económico de 2019. Al mismo tiempo, 2021 será el año de una nueva reforma fiscal, que pretende recaudar $ 20 billones. El panorama, lejos de ser alentador, es muy preocupante.
Todo comenzó hace poco más de dos años, cuando el presidente Iván Duque inició su mandato. Para entonces, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya tenía claro que enfrentaría una dura batalla en el Congreso para aprobar una reforma tributaria. Esta terminó llamándose Ley de Financiamiento, pero en la práctica ajustó impuestos y creó nuevos beneficios fiscales a las empresas, pues se buscaba estimularlas para crecer.
Casi un año después, la Corte Constitucional la tumbó por vicios de forma y el trámite tuvo que empezar de cero. Aprobarla de nuevo no fue tarea fácil e implicó incorporar novedades que pocos en el Gobierno esperaban. Eso sí, la esencia de la reforma se mantuvo: darles mayores estímulos a las empresas para invertir y, por ende, generar más empleo.
Se le dijo, se le advirtió...
Contra viento y marea, Carrasquilla se dio la pela y sacó adelante una reforma con exenciones, que, en promedio, suman unos $ 10 billones anuales. Centros de pensamiento, observatorios de universidades y algunos congresistas pidieron que se revisaran algunas de ellas, ya que implicaban un gasto fiscal elevado. No obstante, su llamado fue infructuoso.
El argumento oficial era que el crecimiento económico permitiría hacerle frente al menor recaudo. De hecho, según las cuentas del MinHacienda, los ingresos de impuestos por mayor crecimiento debían haber aumentado en $ 3,2 billones en 2020 y este año deberían crecer en otros $ 7 billones.
Pero nadie tenía en sus planes que una pandemia azotaría al mundo en 2020. El coronavirus generó una recesión en Colombia de tal magnitud que hoy tiene disparado el desempleo, el recaudo desplomado y a las empresas y trabajadores más afectados que nunca.
Está claro que en años anteriores, cuando se aprobaron las reformas tributarias de Duque, nadie podía prever que la covid-19 afectaría la economía global. No obstante, desde entonces se alertó al Gobierno de la compleja situación a la que llegaría al país a partir de 2021 si se daba vía libre a las billonarias gabelas. Incluso sin que hubiera pandemia.
Entre las concesiones aprobadas por el Congreso están el descuento del 100 % del IVA al adquirir bienes de capital, la reducción de las tarifas de renta para empresas y el descuento del 50 % por el pago de impuesto de industria y comercio. Solo estas tres suman $ 9,4 billones, recursos que dejará de recibir la Nación este año.
También hay exclusiones a cirugías plásticas y compra de bicicletas de bajo monto, días sin IVA, exenciones para algunos medicamentos y menores cotizaciones a salud de pensionados. Eso sin contar con los beneficios en IVA e impuesto al consumo, aprobados por el Congreso para darles un respiro a los sectores gastronómico y turístico. En total serán casi $ 12 billones que se dejarán de recaudar.
Pero esta situación no será exclusiva de 2021. En 2022 se abriría otro hueco por más de 14 billones, por cuenta de las mismas exenciones aprobadas. Y aunque se espera que en 2021 y 2022 la economía rebote y crezca más de 5 %, esto a duras penas servirá para recuperar parte de lo perdido en la pandemia.
¿Qué hacer?
No es gratuito que el propio Gobierno anunciara que en los próximos meses se radicará una reforma fiscal. Con la iniciativa se pretenden recaudar $ 20 billones, aunque poco se sabe de dónde saldrán. Los detalles se podrían conocer en febrero, incluso semanas antes de que el Congreso retome sus labores.
Fuentes del Gobierno cercanas al proceso aseguraron que se podrían convocar a sesiones extra para mediados del próximo mes. Para ese momento, el equipo económico del Ejecutivo ya habrá recibido un primer informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. Este grupo viene estudiando desde el año pasado todas y cada una de las exenciones fiscales que rigen en el país, de cara a que algunas sean eliminadas.
“Los resultados de la comisión van a ser un insumo muy importante para la estrategia fiscal que elegiremos para el mediano plazo. Necesitamos recursos adicionales para la reactivación económica y tienen que llegar a partir de que se normalice la economía”, dijo Carrasquilla a finales del año pasado.
Y razón no le falta. En el país, los beneficios tributarios, es decir, lo que se deja de recibir en impuestos, suman $ 94 billones cada año. Con estos recursos se podría financiar una tercera parte del presupuesto nacional, pero termina en los bolsillos de personas y empresas.
De este total, el IVA representa el 81 %, con lo cual hace fila para ser uno de los mayores reformados.Puntualmente se eliminarían las exclusiones y exenciones de algunos bienes y servicios, incluidos algunos de la canasta básica. Como la devolución del IVA a los hogares más pobres ya está en marcha, la medida solo impactaría a estratos medios y altos.
Además, fuentes del Gobierno señalan que si esto sale adelante no se descartaría bajar la tarifa general del 19 % a una cifra menor.
De otro lado está el impuesto de renta. En ese caso, las gabelas suman $ 17 billones distribuidos así: $ 10,7 billones por rentas exentas, $ 4,9 billones por descuentos tributarios y $ 1,3 billones por deducciones de activos fijos y otros beneficios.
Con estas cifras en mente, el Ejecutivo alista una agresiva reforma fiscal. Como su nombre lo indica y ya lo ha anunciado el presidente Duque, irá más allá de los impuestos. Así las cosas, recortes en el gasto, ajustes a la regla fiscal, mayor deuda y privatizaciones harían parte de la discusión en el Congreso.
El equipo económico del Gobierno no la tendrá nada fácil para sacar adelante la reforma que debe hacer. Más cuando 2021 es un año preelectoral y pocos legisladores querrán poner en riesgo su reelección el próximo año.
Eso sí, tanto el Gobierno como el Congreso tendrán que dejar de lado sus aspiraciones y poner a los colombianos en el primer lugar de las prioridades.
ISA y otras privatizaciones
El interés del Grupo de Energía Bogotá por adquirir una parte de ISA fue el primer anuncio de un debate que tomará vuelo en el país este año. Se trata de las privatizaciones que tendrá que realizar el Gobierno para financiar el presupuesto general y pagar la cuenta pendiente que deja la pandemia.
Según el GEB, su interés es “mantener la propiedad pública colombiana de una compañía estratégica como ISA, al tiempo que proveer significativos recursos a la Nación sería un resultado altamente favorable para el país”. En todo caso, no sería la única en fila. Según Bloomberg, EPM y Ecopetrol también estarían interesadas.
Fuentes del MinHacienda confirmaron que la caída en el recaudo, tanto por la anterior reforma tributaria como por los efectos del coronavirus, tendría que ser compensada con mayor endeudamiento y enajenación de activos.
De hecho, esta cartera ya contrató una consultoría con la firma Gómez Pinzón Abogados, por $ 3.360 millones, para asesorar al Estado en un plan de venta de empresas del sector de energía.
Allí están las electrificadoras del Meta, Huila, Caquetá, Nariño y Cauca, así como la Distribuidora del Pacífico y la firma Urrá S. A.