Bajo el argumento de que no se puso al día con sus obligaciones tributarias, la Dian emitió una resolución en la que ordena el embargo de todos los créditos del Centro de Gerenciamiento de Residuos del relleno de Doña Juana. Según el documento, emitido la primera semana de julio, se ordena el embargo de los créditos u otros derechos semejantes por más de 15.905 millones de pesos, los cuales se comenzarían a descontar del pago mensual que el Distrito le hace al operador por la disposición final de los residuos que llegan al relleno sanitario, lo que complicaría su funcionamiento.
El operador indicó que el martes radicó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el plan de pagos, a 36 cuotas, de 11.466 millones de pesos que deben de impuestos, mientras que el Distrito indicó que esto no afectaría ni la tarifa ni a los usuarios. Cabe recordar que el Distrito y el operador CGR se encuentran en una disputa legal por el manejo del relleno, específicamente en lo relacionado con los residuos mixtos. El Distrito ha denunciado los reiterados incumplimientos de CGR en el manejo de estos residuos, que se han acumulado en la ‘montaña de la verguenza‘ como han llamado a este sitio los mismos habitantes de los barrios aledaños. Por su parte, el operador asegura que el Distrito les está impidiendo esta tarea para asignarsela a un tercero. Cabe mencionar que el incidente más reciente que complicó la situación en el relleno Doña Juana fue el deslizamiento que se produjo el pasado 30 de abril y que afectó gravemente a la comunidad de los barrios aledaños. En ese momento, la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos (Uaesp) reiteró que los incumplimientos sistemáticos del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR), operador del consorcio, fueron la causa de lo ocurrido en ese punto. De acuerdo con la Uaesp, el largo “historial de incumplimientos por parte de CGR” viene de tiempo atrás.
La entidad distrital indicó que de acuerdo con el contrato con el operador, en el primer año de operación el consorcio debía mejorar la planta de lixiviados y optimizar su tratamiento, así como hacer las obras de estabilización del relleno, poner los instrumentos de geotecnia para detectar movimientos de los residuos dispuestos, construir las vías internas, y tener una capacidad de disposición de mínimo seis meses, entre otras, “pero no lo hizo”. Según la Uaesp, pasaron seis años de incumplimientos y luego el CGR demandó al Distrito argumentando que no tenía los recursos suficientes para cumplir los requerimientos contractuales.