las reformas a la salud, la pensional y la laboral se han llevado los titulares dentro de las iniciativas que ha impulsado el Gobierno nacional en su agenda del cambio. Sin embargo, no son las únicas. Otras, aunque no avanzan a la misma velocidad, e incluso con el mismo entusiasmo, están dentro de su listado de prioridades.
El más reciente anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro, tras conocerse el aumento del 12 por ciento del salario mínimo para 2024: puso sobre la mesa la discusión de una nueva reforma tributaria en la que se baje la tasa de renta corporativa y suba la renta de personas naturales en sus grados más altos.
Otra de las reformas es la de servicios públicos. Con las tensiones en temas tarifarios y la amenaza del fenómeno de El Niño, Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, anunció que esta propuesta quedó aplazada para 2024.
En el proyecto se contemplan temas como la universalidad y democratización de los servicios públicos, el mínimo vital y ajustes en la regulación, entre otros aspectos. Por ejemplo, uno de los temas que seguramente abordará la reforma es la estructura tarifaria.
De otro lado, una de las apuestas del Gobierno es la reforma agraria que busca entregar 1,5 millones de hectáreas de tierra a los campesinos de aquí a 2026 y 3 millones de hectáreas durante los próximos 12 años. Las cifras, sin embargo, apenas despuntan: el Gobierno compró cerca de 33.000 hectáreas nuevas en 2023, logró la recuperación de otras 50.000 con procesos agrarios y predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales. Una de las tareas del Ministerio de Agricultura fue la reactivación, tras 30 años, de la Comisión Intersectorial para la Reforma Agraria.
Además, en 2024 el Gobierno impulsará la compra de unas 500.000 hectáreas de tierra que serían destinadas a la población campesina, con una inversión cercana a los 5 billones de pesos. Sin embargo, el proceso no ha estado ajeno a tensiones y polémicas por la inclusión de temas controversiales, como la expropiación exprés.
Además, está la reforma al Código Minero, en la que la prioridad del Gobierno es darle una mayor atención a la pequeña minería.
Igualmente, alrededor de Ecopetrol se están concretando polémicas decisiones. La primera, un proyecto de ley que le permite entrar al negocio de generación de energía, situación prohibida por la regulación desde 1994, al ser dueño y controlador de ISA.
Esta movida le abriría la puerta a Ecopetrol para promover proyectos de energías renovables no convencionales, pero especialmente entrar a comprar los que hoy están en dificultades, como los de La Guajira. Además, el proyecto de ley incorpora la posibilidad de que la empresa, que también es la mayor productora de gas del país, entre al negocio de transporte de gas, pero sin desarrollar lo que se conoce como ‘la última milla’.
Para los críticos sería volver al modelo de los ochenta, con megaempresas públicas de servicios públicos. Para otros, es aprovechar el conocimiento de Ecopetrol.
Y el otro frente de la estatal petrolera es el controvertido anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro de hacer una alianza con PDVSA para explorar y explotar petróleo y gas en Venezuela. Las críticas no se hicieron esperar tras la declaración del jefe de Estado, por varias razones. La primera, PDVSA, aunque tiene permisos, está bajo la mira del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual podría reactivar las sanciones e inhabilitar a sus potenciales socios.
La segunda, un contrasentido, pues no permite la exploración en Colombia para cuidar el medioambiente, pero sí en Venezuela. Y el tercero, pone en riesgo la autosuficiencia energética del país al dejar en manos de un externo el suministro de petróleo y gas, y no promover la exploración en Colombia para garantizar el abastecimiento. Es una agenda compleja y polémica.