En los últimos cuatro años la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha desarrollado una ofensiva contra las empresas que cometen infracciones que ponen en entredicho la libre competencia en el país. Y en esta labor, la Superintendencia tiene en la mira a compañías de varios sectores económicos por sospechas de que han incurrido en una de las acciones que más afectan a los consumidores colombianos, en especial a los más pobres: la cartelización. Esta se configura cuando las empresas de un determinado sector se ponen de acuerdo para repartirse el mercado y fijar precios, lo que impide que estos bajen según las reglas del mercado. Esto es lo que habría sucedido en los casos del azúcar, cemento, pañales, papel higiénico, cuadernos, subastas de ganado y seguridad privada, entre otros. Ante la opinión pública los últimos dos superintendentes, José Miguel de la Calle y Pablo Felipe Robledo, han pasado a ser una especie de superhéroes que han pisado callos muy poderosos de la economía. Sin embargo, a pesar de que han aprovechado con coraje los dientes más afilados que ahora tiene la SIC, se han chocado con la realidad de que hacer efectivas todas las multas no es un asunto tan sencillo. De hecho, de los más de 600.000 millones de pesos en sanciones que han decretado, hasta la fecha solo han logrado recaudar cerca de la mitad. De ese monto, Claro pagó 87.000 millones por abusar de su posición de dominio –esta es la multa más grande impuesta en el país–, Telmex canceló otros 10.000 millones y la Empresa de Energía de Boyacá más de 4.000 millones. En otros casos las multas siguen en el aire, como los 82.000 millones de pesos por los problemas en el nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá o los 32.000 millones de pesos al Grupo Nule. Eso quiere decir que la mayor parte de los procesos por los presuntos carteles por ahora se han quedado más en sanciones sociales que en multas reales, pues todavía cursa el proceso legal. Pero, como dice el superintendente Pablo Felipe Robledo, “en la SIC hemos impuesto multas que equivalen a más de todo lo que se ha cobrado en 60 años”. Las investigaciones relacionadas con cartelización cumplen varias etapas. Primero se adelanta el pliego de cargos y después las pruebas. Luego siguen los descargos de los acusados y el informe motivado del delegado de la SIC. Posteriormente el informe pasa a revisión del Consejo Asesor de Competencia y el superintendente determina finalmente si hay mérito para la sanción. Estos procesos pueden tardar más de dos años. Sin embargo, las empresas pueden acudir al Consejo de Estado, con lo cual hacer efectiva la sanción se prolongaría por más tiempo, hasta ocho años. Y lo peor es que actualmente todas las investigaciones por los presuntos carteles están apenas en la etapa de pliego de cargos. El más avanzado es el del azúcar. Aunque en los últimos años creció el monto de las multas (de 1.000 millones de pesos se pasó a 65.000 millones) Robledo sostiene que se requieren medidas más drásticas. En este sentido la Superintendencia presentará al Congreso un proyecto de ley que buscará que las multas equivalgan a un porcentaje de las ventas, o de los ingresos, patrimonio o las utilidades de las empresas, como ocurre en Estados Unidos y Europa. En esta iniciativa se incluirá la propuesta de que el superintendente tenga un periodo fijo y que su cargo no sea de libre nombramiento y remoción. Con el fin de asegurarse de que las empresas paguen las sanciones se facultaría a la SIC para que decrete medidas cautelares cuando haya serios indicios de que los investigados se estén declarando en insolvencia. Además, en el proyecto el Consejo de Estado sería la última instancia que defina si la sanción queda en firme, es decir, que no puedan acudir a la justicia ordinaria con lo cual dilatan aún más los procesos. Con estas y otras medidas la SIC busca apretar más a los empresarios cuando abusan de los consumidores.