El primero de marzo entraron en vigencia dos decisiones administrativas que buscan ponerle remedio a sendos males que aquejan al sistema de salud. Por un lado entró a operar el mecanismo de ‘techos’ o presupuestos máximos para la que las EPS presten los servicios que requieren sus usuarios, sin sacar la excusa de que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS. Por el otro, se conocieron por fin los detalles de la reglamentación de la ley de Punto Final, para que el gobierno se ponga al día con las deudas pendientes con el sistema de salud. Ese decreto establece los requisitos que las EPS, las IPS y las entidades territoriales deben cumplir para que les paguen las cuentas atrasadas por servicios no POS que prestaron en el pasado y que tuvieron algún reparo. Hoy estas cuentas son pasivos no reconocidos que generan enormes problemas financieros al sistema. Estas medidas generan cierto optimismo en un sector que por varios años ha reclamado el pago de deudas pendientes, y que ahora por fin empieza a ver luz al final del túnel. Además, coinciden con la posesión del nuevo ministro de Salud, Fernando Ruiz, cuyo nombramiento fue bien recibido pues conoce a fondo el tema. Al escogerlo el presidente Iván Duque le cumplió al sector una promesa de campaña.
Pero deshacer este nudo gordiano quizás resulte más complicado de lo esperado. Además del esfuerzo fiscal que requiere hacer estos pagos -el esquema permite cubrirlos con deuda pública-, algunos actores del sistema temen que las cuentas del gobierno no coincidan con los montos pendientes de pago. De hecho, en Hacienda calculan que saldar estas deudas podría costar unos 5,9 billones de pesos, pero las EPS y las IPS aseguran que los montos podrían superar los 6,7 billones de pesos. Incluso la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales indica que los pagos pendientes con unas 5.000 IPS, entre centros ambulatorios, laboratorios y prestadores pequeños que ya están reportados ante la Superindendencia de Salud podrían llegar a 34 billones de pesos. A las EPS les preocupa que no alcancen los montos de los presupuestos máximos para avanzar hacia una cobertura integral en salud. El gobierno tiene previsto para los 10 meses que restan de este año casi 4 billones de pesos y para el próximo cerca de 4,5 billones. Pero nadie sabe a ciencia cierta si esos recursos serán suficientes. ¿Cómo cuadrar estas cuentas? Deudas que se cumplen En los últimos años el sistema de recobros en salud se ha convertido en un dolor de cabeza para los colombianos, los prestadores del servicio de salud y hasta para el propio gobierno. Por eso el nuevo ministro cree que las dos medidas que entraron en vigencia pueden comenzar a desenredar los líos acumulados.
Frente a los pagos por ley de punto final, Ruiz asegura que de la agilidad de los agentes al cumplir los requisitos para presentar las facturas dependerá en buena parte que la plata empiece a llegar al sistema. “Esto dará un respiro a un sector muy apretado en lo financiero. Es un proceso necesario, que el presidente Duque planteó desde el principio”, dice. El año pasado el gobierno hizo algunos pagos por algo más de 1,2 billones de pesos de deudas pendientes en casos como Caprecom, de giros previos y de algunas cuentas con glosas. En los primeros días de este año la secretaría de Salud de Barranquilla logró incluso recibir algo más de 40.000 millones de pesos luego de que el secretario cumplió los requisitos para reconocer deudas de servicios prestados en el régimen subsidiado pero no incluidos en el plan básico de salud (No PBS). Eso sí, el primer requisito para que funcione este mecanismo es lograr que las partes se sinceren, dice Ruiz, de manera que las cuentas estén claras. Y en segundo lugar, lograr un mecanismo rápido para hacer que el dinero fluya.
Frente al sistema de techos, lo considera un buen camino para lograr que con los anticipos las entidades de salud logren cubrir los costos de atención. Sin embargo, cree que este mecanismo debe ser transitorio, mientras se logra una cobertura integral de los servicios. ¿Hay plata pa’ tanta gente? Para las clínicas, hospitales, centros médicos, entidades territoriales y usuarios del sistema, sin duda los pagos por ley de punto final y los presupuestos máximos confirman el compromiso por solucionar los problemas financieros del sector. Sin embargo, algunos líderes del sector tienen sus reservas. Para Gustavo Morales, presidente de Acemi, el gremio de las EPS, la principal incógnita tiene que ver con el monto que el gobierno planea pagar. Ya se conoce la cifra que el gobierno ha reconocido en principio, pero falta que esta coincida con las facturas acumuladas en el sector, y que cumplan los requisitos. “No nos hemos casado con ninguna cifra de punto final, uno, porque queremos analizar bien lo que incluye el decreto, y dos, porque aún no se han presentado las facturas ni sabemos la cuantia de lo que se va a cobrar. Y como tampoco se ha revisado la auditoría, no se sabe cuánto se va a pagar”, dice Morales.
Gustavo Morales, presidente de Acemi, el gremio de las EPS, dice que la principal preocupación es el monto de la deuda que reconocerá el gobierno, pues nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende.
En cuanto a los presupuestos máximos, asegura que nadie sabe a ciencia cierta si serán suficientes para que las EPS puedan cumplir con los costos del aseguramiento en salud de los colombianos. Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, asegura que la decisión de pagar las deudas atrasadas está bien encaminada, pero siempre quedarán deudas sin pagar. Sobre todo, le preocupa que el procurador y el contralor pidieron liquidar a Medimás. Eso impactaría negativamente al sector, como sucedió con otras mega liquidaciones como las de Caprecom, Cafesalud o Saludcoop, que dejaron a cientos de IPS colgadas de la brocha y sin nadie que les respondiera por esas deudas. Por eso, planteó una ley de punto final 2.0, con una segunda fase que incluya instrumentos para mitigar el impacto de las liquidaciones de EPS. En estas, los pagos siguen pendientes varios años y en muchos casos los agentes liquidadores no los reconocen.
Las medidas que entran en vigencia este mes le quitan a los usuarios y al sector Salud varios dolores de cabeza. Pero todavía será necesario que su aplicación resulte ágil, efectiva y cuente con la auditoría adecuada para que los pagos fluyan y mejore el servicio. De otro modo, solo tendrá un efecto placebo.