En el debate presidencial de este viernes de Noticias Caracol, los candidatos fueron cuestionados sobre si al llegar a la Presidencia de la República aumentarían el salario mínimo para aliviar el costo de vida.

Al respecto, el candidato de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, dijo: “No, lo que tenemos que hacer es incrementar los subsidios de las personas vulnerables, de manera tal que queden protegidas, respecto a la inflación, pero no es el momento para cambiar el salario mínimo que tiene una repercusión en toda la economía, y en una cantidad de acciones y nos desviaría del tema de controlar la inflación”.

Por su parte, el representante del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, explicó que: “Hay una realidad y es que puede que el salario mínimo haya aumentado, en cinco o diez puntos, pero hay una realidad y es que el precio de la canasta familiar aumentó en un 25 o 30 %”.

Ante esto, aseguró: “Y lo que les estoy proponiendo a los empresarios, que han tenido una recuperación económica a sus empleados para lograr compensar la crisis social, porque el compromiso debe ser de todos, pero al mismo tiempo, garantizar la renta básica ampliada a más de cinco millones de hogares que hoy están en condición de vulnerabilidad”.

Mientras que el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro puntualizó: “El mejor bono que les deberían dar a los trabajadores es derogar la reforma laboral y garantizar estabilidad. La mayor parte de la población, casi la mitad, gana menos del salario mínimo. Si se alza el salario mínimo, a la mitad de la población pobre no le sirve para nada, y sigue encontrando los alimentos más caros”.

“Lo que hay que hacer es una política para disminuir el precio de los alimentos y esto implica subsidiar inmediatamente la importación de fertilizantes, y reconstruir el Idema para comprar cosechas de campesinos y vender en barrios o hacer comedores comunitarios”, agregó.

Vale la pena recordar que en días pasados, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) informó que la inflación en el país, en los últimos 12 meses –hasta abril–, tuvo un incremento del 9,23 %, la más alta en los últimos 21 años (no se tenía en esos niveles desde julio de 2020, cuando fue del 9,29 %).

El punto más preocupante de estas cifras es que los alimentos y los servicios públicos han sido los de mayor incremento en sus precios, en lo que va corrido del año, afectando seriamente el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y aumentando la brecha social que hay en el país.

Esta situación llevó esta semana a que los sindicatos enviaran una carta al presidente Iván Duque, en la que piden que se convoque urgentemente a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con el fin de renegociar el aumento del salario mínimo y subirlo más, teniendo en cuenta que la inflación ya sobrepasó el incremento decretado para este año.

“Con un crecimiento anual del 9,2 %, Colombia enfrenta la peor inflación de las últimas dos décadas. Este fenómeno golpea con mayor fuerza a trabajadores, desempleados y pensionados. Para el caso de personas en condición de vulnerabilidad, que son dos de cada tres colombianos, la inflación superó el 11 %; para la clase alta, que solamente representa el 1,8 % de la población, fue del 7,46 %”, dice la carta enviada también al Ministerio del Trabajo.

Estos gremios aseguran que “en estas circunstancias, el incremento del salario mínimo legal vigente (SMLV) de 10,07 %, del magisterio del 9,26 % y el estatal del 7,26 %, han sido devorados por la inflación” y resaltan la urgencia de actuar con celeridad para solucionar esta problemática, concertando un nuevo aumento del salario mínimo que actualmente se encuentra en un millón de pesos.

Por esta razón, SEMANA consultó a varios expertos sobre la pertinencia de esta petición de las centrales obreras y colectivos de pensionados, en el marco de la crisis económica que enfrenta el país y la pérdida de poder adquisitivo entre las familias, y las posibilidades reales de que un aumento de sueldo pueda paliar el aumento del costo de vida.

De acuerdo con Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, lo ideal sería, por conducto de la comisión de concertación de políticas salariales y laborales, lograr un acuerdo de un nuevo incremento en función de la realidad inflacionaria, que se debe articular jurídicamente a través de un decreto (igual que cuando se fija el incremento del salario mínimo).

“Efectivamente, cada año debe aumentarse el salario mínimo con base en la inflación proyectada y causada, el PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad. En este sentido, la Ley 278 de 1996 ordena fijarlo por concertación tripartita (empleadores, sindicatos y gobierno) cada año a más tardar el 15 de diciembre, en ausencia del cual lo fija el Gobierno por decreto”, dijo este experto.

Jaramillo agregó que si bien la jurisprudencia constitucional ha establecido que los ajustes/incrementos salariales deben realizarse al menos cada año, nada obsta para tramitar un nuevo aumento en un año específico.

Opinión diferente tiene Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia, quien sostuvo que contrario a lo que se espera con un eventual aumento adicional del salario mínimo, esto terminará agravando la situación de la inflación, puesto que elevará aún más el costo de vida.

“Tengamos presente que el sueldo o el salario de los trabajadores hace parte de los costos de producción y si se aumentan, esto obligará a que las empresas deban subir sus precios de venta al distribuidor o al público, para hacer frente a ese dinero que deberán pagar de más”, explicó Farné.