Colombia acaba de dar un nuevo paso en la lucha para erradicar la corrupción de miles de contratos públicos que cada año resultan salpicados por este flagelo. El viernes el Congreso aprobó en último debate el proyecto de pliegos tipo, que le dará más dientes a la nación para poner en cintura las licitaciones diseñadas a la medida de los corruptos o de los mismos contratistas de siempre.La iniciativa es hija de la consulta anticorrupción de 2018, que votaron millones de colombianos pero al final no sobrepasó el umbral. No obstante, el Gobierno se puso la camiseta y le dio su respaldo. Tanto es así que radicó un proyecto en el Congreso para salvar este punto de la consulta.

La figura de los pliegos tipo fija estándares mínimos en todos los contratos del Estado, de tal modo que no terminen dirigidos a favorecer a determinados contratistas. Busca eliminar los peligrosos ‘pliegos sastre’, es decir, aquellos diseñados a la medida de una persona o empresa amiga del funcionario de turno.Ejemplos de estas conductas corruptas inundan las regiones en Colombia desde que hay memoria. En algunos contratos los funcionarios piden que, para ganar, la empresa tenga un número exacto de empleados o esté ubicada en un barrio específico. Este absurdo dejará de existir en la contratación en municipios y departamentos de Colombia.Pero el proyecto no transitó por un camino de rosas. A última hora el expresidente César Gaviria y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras tuvieron que intervenir para salvar la iniciativa, que por poco se hunde esta semana.En una carta, el director del Partido Liberal dijo: “Este es el proyecto más importante presentado en varias décadas en la lucha contra la corrupción”. Vargas Lleras, por su parte, intervino a última hora para desempantanar la conciliación y devolverla al orden del día, a pocas horas de terminar la legislatura.La iniciativa queda ahora lista para sanción presidencial, pero su puesta en marcha plantea nuevos desafíos. Colombia Compra Eficiente quedó con el mandato de elaborar estos documentos únicos. De hecho, ese fue uno de los puntos de discordia esta semana en la Cámara de Representantes. Algunos congresistas pedían elegir al director de esa entidad por concurso de méritos, para que su nombramiento no quedara a discreción del Gobierno de turno. La propuesta no caló.

No solo este tema levantó ampolla. La Cámara aprobó un ‘articulito’ que ponía a gobernadores y alcaldes a coordinar los pliegos tipo con el Gobierno nacional. Al efecto, los proponentes argumentaron que si los mandatarios regionales no participaban en su elaboración, eso vulneraría la autonomía de los territorios.Sin embargo, la Corte Constitucional cerró esa puerta en abril, cuando sentenció que en ningún caso una herramienta como esta les quita facultades a los alcaldes y gobernadores. En esa misma línea, el Congreso aprobó que solo el Gobierno central realizará los pliegos tipo. Eso sí, deberá tener en cuenta las características propias de cada región.Al margen de lo anterior, esta herramienta permitirá sacar a los corruptos de la contratación pública. Así lo demuestra la implementación de los documentos tipo en licitaciones de obras de transporte, vigente desde 2019. Para la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), eso multiplicó los aspirantes a contratistas en los procesos. Atrás quedó el desolador panorama en el que siete de cada diez contratos terminaban en manos de oferentes únicos.

La aprobación de este proyecto deja un balance positivo de la consulta anticorrupción: quedaron avalados 4 de 7 puntos. Y con ellos, el Congreso respondió al mandato de millones de ciudadanos para, de una vez por todas, cortar los tentáculos de la corrupción en el país.