“La ropa sucia se lava en casa” es uno de los dichos populares bien conocido en Colombia. No es nada común que salgan a la luz pública peleas entre familiares y menos si son prestantes. Y por eso llama la atención que en los últimos meses se haya tenido noticia de que tres empresas de familia, con una trayectoria de más de 50 años y con reconocimiento en el país, se encuentran inmersas en agrias disputas, algunas de las cuales ya llegaron a los estrados judiciales y están pendientes por resolver. El caso más reciente es el de Harinera del Valle, una de las principales empresas en el sector de alimentos, fundada hace más de 60 años y que saltó a la arena pública tras la intempestiva salida de Carlos Arcesio Paz, su gerente durante 40 años. Este año también estalló un pleito que involucra a los primos Ventura luego de la venta de Lafrancol, uno de los principales laboratorios de Colombia, que celebró el año pasado sus 100 años de fundación. Y para completar el panorama está el caso de la familia Garcés Arellano, una de las dinastías de la industria del azúcar, en el que están enredados el exministro Antonio Urdinola y su exesposa Alexandra Garcés Borrero. Este tipo de líos cobra relevancia si se tiene en cuenta que cerca del 70 % de sociedades en el país son familiares. Y cada día se ha convertido en todo un desafío que una empresa sobreviva varias generaciones pues un simple desacuerdo económico, una pelea por la herencia o la guerra por el poder se pueden convertir en la mecha que puede hacer estallar en pedazos toda una tradición. Para el Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, muchos de estos problemas se podrían evitar si las empresas establecieran un protocolo de familia, es decir, normas que regulen las relaciones entre los miembros de una familia y la empresa (gobierno corporativo, quién asume el mando, la rentabilidad y el crecimiento del negocio, etc.). En el mundo hay todo un debate sobre las empresas de familia. Hay quienes han hecho cálculos de que menos del 40 por ciento de las empresas familiares sobreviven a una tercera o cuarta generación. Pero también otros, como Vélez, dicen que el ciclo de vida de cualquier empresa no es tan largo y que son raras las que tienen más de 50 años. La guerra de los Paz La sorpresiva renuncia de Carlos Arcesio Paz Bautista a la gerencia de Harinera del Valle es el más reciente capítulo de las pujas internas de clanes familiares. Su salida, el pasado 30 de abril, no pasó inadvertida. En primer lugar, porque nadie discute los resultados durante los 40 años que estuvo al frente de una compañía líder en alimentos procesados (posee las marcas La Muñeca, Haz de Oros y Doña Arepa, entre otros). Y en segundo lugar porque él no ha ocultado que algo no está funcionando: “Me fui de la empresa contra mi voluntad”, dijo en una entrevista. “Me vi obligado a presentar mi renuncia”, argumentó en otra. Y eso es muy diciente si se tiene en cuenta que los únicos accionistas y miembros de la junta directiva son él y sus dos hermanos, Luz Marina y Fernando. Harinera del Valle es hoy un emporio con activos por 900.000 millones de pesos que fundó Arcesio Paz Paz hace más de 60 años en Cali. Para el relevo generacional eligió a Carlos Arcesio para llevar las riendas de la empresa. Pero esa armonía familiar se rompió el 7 de marzo del año pasado cuando el entonces directivo empezó a sentirse bloqueado en la junta directiva. “Comenzó la obstrucción de manera reiterada e injustificada a mi gestión como gerente de Harinera del Valle, vulnerando adicionalmente mis derechos laborales”, explicó. En diciembre de 2012 las diferencias con sus socios-hermanos tocaron fondo con la llegada de la ‘carta de despido’. Conocedores del caso le dijeron a Semana.com que siempre había habido diferencias por el manejo de la empresa, pero Luz Marina y Fernando solo pudieron proceder cuando, tras la muerte de sus padres, Carlos Arcesio perdió la mayoría en la junta directiva. Los hermanos Paz respondieron que por ahora no hablarán del tema. Aunque el ahora exdirectivo no descarta emprender una acción legal, aún le faltan piezas a este rompecabezas. Los primos Ventura La millonaria venta de Lafrancol, un laboratorio fundado en 1911 que se convirtió en uno de los más grandes de América Latina en la producción de medicamentos genéricos, fue el detonante de otro de los pleitos familiares. El negocio se cerró en diciembre del año pasado con la compañía chilena Corporación Farmacéutica Recalcine (CFR) por 562 millones de dólares. En este caso las cartas están encima de la mesa. El problema radica en que los hermanos Michael y Viviane Ventura vendieron en 2010 sus acciones de Lafrancol por 5 millones de dólares, lo que correspondía al 7 % que ellos tenían de una empresa que en ese momento estaba valuada en 70 millones de dólares. Pero, dos años después, cuando la empresa fue vendida por ocho veces más de ese valor, ellos se sintieron engañados y por eso demandaron penalmente a quien fue durante 30 años presidenta de Lafrancol, Esther Ventura, prima de ellos. Los hermanos Ventura consideran que les ocultaron información financiera de la compañía y que por esa razón vendieron de manera anticipada sus acciones. Desde la otra orilla, Esther Ventura se defiende al explicar que la relación comercial con sus primos culminó en 2010 cuando de manera voluntaria vendieron las acciones. En un comunicado aclaró que “el valor de dichas acciones se basó en estudios de prestigiosas firmas de inversión”. La empresaria añadió que la operación de Lafrancol “no fue una venta buscada por la compañía. De hecho, por el contrario lo que estábamos buscando era un plan de fortalecimiento”. Este pleito apenas comienza. De dulce a amargo El tercer lío de familia es un escándalo de marca mayor. Explotó en octubre de 2012, cuando un fiscal de Cali pidió la captura simultánea de seis personas entre ellos el exministro de Hacienda Antonio Urdinola y su exesposa Alexandra Garcés Borrero, por un pleito que tienen con las tías de Alexandra. Los delitos que les imputan van desde abuso de confianza, prevaricato por acción, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. La historia comenzó en 2004 cuando Urdinola llegó a la gerencia de Invercauca, una empresa creada por su suegro Jorge Adolfo Garcés Arellano, padre de Alexandra. La firma administraba la producción de caña en 1.200 hectáreas de la hacienda Papayal. La caña se la vendían a los ingenios de la región y las utilidades calculadas en 5.000 millones de pesos al año se repartían entre los herederos de esas tierras: Jorge Adolfo, su madre Mariana Arellano de Garcés y sus hermanas María Antonia y María Cristina, la abuela y tías de Alexandra. Ese mismo año, 2004, Urdinola y Jorge Adolfo demandaron a las tres herederas por 3.400 millones de pesos reclamando un pago por hacer la gerencia del negocio entre 1996 a 2003. La demanda dio sus frutos en el juzgado 13 de Cali que procedió al embargo de bienes de la abuela de Alexandra y nombraron un secuestre. Sin embargo, en 2010 un perito del CTI conceptuó que los sellos y firma notarial del contrato de administración con el que Urdinola y su suegro basaron la demanda y embargo eran falsos. El padre de Alexandra murió en 2009, pero tanto ella como Urdinola siguieron con el pleito e insistieron en una nueva demanda. Pero la Fiscalía sostiene que ellos se apropiaron ilegalmente de casi 50.000 millones de pesos de la venta de caña durante los ocho años que estuvo el secuestre y para justificar gastos “montaron una estructura societaria que demostró el uso de empresas fachadas”. Jaime Lombana, defensor de Alexandra Garcés, argumentó que “si el contrato de administración con Invercauca era falso, ¿por qué razón la viuda y sus hijas recibían los giros que les enviaban?”. Y los defensores de las herederas replican que si bien en un comienzo dos de sus clientes recibieron giros mensuales de entre 4 y 15 millones de pesos “esos pagos no los hizo Invercauca, sino sus empresas fachada” y agregan que “jamás esos montos recibidos se acercan al porcentaje que realmente les corresponde”. Este es otro pleito que va para largo.