Esta semana, la casa de Nariño destapó sus cartas sobre el presupuesto de 2021. Pero, en lugar de enviar un mensaje de tranquilidad, dejó más dudas que certezas. El monto total de gastos asciende a 314 billones de pesos, de los cuales 185 billones irán para funcionamiento; 75,8 billones, para pagar la deuda; y 53 billones, para invertir. En plata blanca, el presupuesto de inversión creció cerca de 23,1 por ciento y el general, un 19,2 por ciento. No obstante, preocupan las fuentes para financiar ese gasto. En el papel, las cifras indican que el Gobierno tiene todo fríamente calculado. Pero la pregunta del millón es qué tanto aguantan estas cuentas la realidad de una pandemia que tiene en jaque a la economía mundial. Para el Gobierno, el financiamiento del presupuesto parte de la idea de que seguirá levantando la cuarentena gradualmente y que la recuperación se consolidará en 2021. Por eso prevé un PIB de 6,6 por ciento el año entrante y que la enorme desocupación haga un giro de 180 grados. “Este Gobierno está comprometido con recuperar la senda de crecimiento antes de la llegada de la pandemia y con la generación de empleo”, ha dicho el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El problema está en que los ingresos que recibirá la Nación el año próximo podrían ser más elevados o incluso más bajos de lo previsto. Eso dependerá de cuánto tarde el país en volver a la normalidad económica.

A grandes rasgos, el presupuesto prevé recaudar 152 billones de pesos en impuestos. A estos se sumarían 123 billones de recursos de capital –incluidos 12 billones de privatizaciones–, 14,8 billones de fondos especiales, 2,4 billones de parafiscales y 18,7 billones de pesos que aportarían los establecimientos públicos. Estas cuentas serían exactas si hubiera la certeza de que las proyecciones de crecimiento, déficit fiscal y gastos no cambiarán. Pero nadie sabe cuánto durará la crisis generada, y cualquier previsión puede ser un tiro al aire. Las calificadoras de riesgo lo saben. “Fitch es más pesimista sobre la perspectiva de crecimiento del próximo año. Proyectamos un PIB de 4,9 por ciento y, por ende, creemos que los ingresos serán menores a los que prevé el Gobierno”, le dijo a SEMANA Richard Francis, director de Calificaciones Soberanas para Colombia. Hay una brecha de unos 7 billones de pesos entre el cálculo oficial y el del experto. Normalmente, ambas fuentes difieren en sus cuentas, sin embargo, en esta época cualquier peso hace la diferencia para que el país no pierda su grado de inversión. En el Ministerio de Hacienda ven poco probable que esto suceda. Aseguran que Colombia ha tenido una política fiscal prudente y transparente para el mercado, con lo cual podría pasar de agache ante las calificadoras. Pero no hay que confiarse porque lo que está en juego no es menor.

En caso de perder el grado de inversión, el país dejaría de ser atractivo para los inversionistas internacionales, quienes esperan que la turbulencia global termine para retomar operaciones. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, anticipa una ‘guerra’ entre países para atraer estos recursos, que no le caerían mal a nadie después de una crisis como la actual. Que Colombia gane confianza dependerá del trámite del presupuesto y de cómo lo apruebe el Congreso. Ahora más que nunca, los parlamentarios jugarán un papel clave para que el proyecto no termine convertido en un árbol de Navidad. Con unas cuentas que de por sí suenan alegres, el presupuesto tendrá que alcanzar para cubrir el día después de la pandemia, pero también convencer a los expertos. La sostenibilidad de la economía está en juego y, detrás de ella, la esperanza de millones de colombianos desempleados y a la espera de un plan de salvamento.