Con el proyecto de ley de financiamiento, que busca la aprobación del Congreso de la República, para obtener 12 billones de pesos que le faltan al presupuesto de 2025, el Gobierno, y en especial el Ministerio de Hacienda, no la tendrán fácil.
El tiempo se agota, pues las sesiones ordinarias del Legislativo terminan el 16 de diciembre, pero parece haber una férrea resistencia de varios parlamentarios para darle el visto bueno a la iniciativa.
Los trinos del presidente Gustavo Petro siguen siendo crudos y generadores de roces, como el que ocurrió recientemente con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien desde hace tiempo venía argumentando que no aceptaría votar una tributaria a ciegas. Por ello, luego de cuatro meses, desde que se radicó el proyecto de ley en el Congreso, hubo un cruce con el mandatario de los colombianos, quien manifestó que el senador habría desechado la conversación alrededor de la ley de financiamiento.
Tal señalamiento se refería a la demora en la firma, de parte de Cepeda, de la resolución necesaria para que pudieran sesionar las comisiones económicas conjuntas (terceras y cuartas) que serán las encargadas del estudio, la votación y la aprobación (o desaprobación) de la ley de financiamiento.
Mientras Cepeda ha insistido en que no será irresponsable con la aprobación de la reforma tributaria que “no conocemos”, en otros frentes se alista la artillería para hacer oposición al proyecto legislativo.
Los no
Christian Garcés, candidato de la oposición al gobierno, cree que la idea de tener en el proyecto de ley la reducción del impuesto de renta a las personas jurídicas (las empresas) es simplemente “una carnada”, pues —a su juicio— en el fondo lo que se busca es modificar el Estatuto Tributario, con nuevos impuestos pese a que ya se sabe que la gente no da más. En contraste, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sustentado que la iniciativa no crea más tributos, sino que, principalmente, corrige problemas existentes, como las diferencias entre los juegos de suerte y azar que se hacen de manera física y las apuestas que se realizan en forma digital.
“No hay ambiente en el Congreso. En el pasado, cuando se ha necesitado —recuerdo cuando se cayó la reforma tributaria de Duque—, sesionamos hasta el 28 de diciembre, porque había una necesidad; pero ahora son los caprichos y terquedades del Gobierno, y el Congreso no le va a jugar a eso”, manifestó.
‘El proyecto hay que discutirlo’
Desde la presidencia de la Comisión IV de Senado, Angélica Lozano, del Partido Verde, se mostró partidaria de que el proyecto sea discutido en el Congreso, “no se puede engavetar”, sostuvo en diálogo con SEMANA.
Lozano contó que en la reunión que sostuvieron los congresistas con el Gobierno en el Palacio de Nariño, muchos manifestaron que estaban listos para el debate, previo al cual tendrá que haber una audiencia pública con amplia participación de los gremios y demás voces conocedoras del tema.
Desde la perspectiva de la senadora, dentro de lo problemático de la ley de financiamiento está “la idea de anticipar la regla fiscal (que no es más que crédito, deuda) y parte del problema del presupuesto de este año es el alto costo de la deuda. No es serio pedir un avance de la tarjeta de crédito para pagar otro avance (dijo en sentido metafórico)”.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por la presidenta de la Comisión IV, también es partidaria de una mejor y más amplia sustentación del Ministerio de Hacienda, de su idea de eliminar el régimen simple. “Ellos (el Gobierno) argumentan que no ha dado el resultado esperado, pero le facilita la vida a la gente (los contribuyentes)”.
De igual manera, Lozano dice que no hay ninguna propuesta de estrategia mejor para formalizar a las empresas que han nacido y se han movido en la informalidad. “Es cierto que el régimen no tiene millones de personas, pero tiene a 200.000, por lo tanto, no veo qué se gana eliminándolo; por el contrario, si se pierde, pues se pone a un contribuyente a hacer siete trámites en lugar de uno”.
La encrucijada
Lo cierto es que, en medio de un trámite que apenas comienza en el Congreso, cuyo desenlace no se ve claro aún, el Gobierno requiere 12 billones de pesos para completar el presupuesto 2025, que tiene como una de sus fuentes de fondeo a la ley de financiamiento. Las cábalas apuntan a que, de darse el debate respectivo, seguramente lograría sólo una parte de los recursos, teniendo en cuenta la fuerte oposición a varias de las iniciativas previstas y al hecho de que la columna vertebral de la reforma es la reducción de la tasa del impuesto de renta de las empresas, lo que —además— se hace justamente para reactivar la economía. Y si la economía crece, habrá mayores ingresos por impuestos. Pero todo depende de lo que suceda en el Legislativo.