Hasta hace unos años la defensa del Estado era tan mala que casi siempre nos ganaban por goleada. Los cheques que tenía que girar el tesoro nacional eran tan onerosos que el ministro de Hacienda de turno tenía que hacer maromas financieras o acudir a créditos para pagar tales pretensiones.
Con las victorias jurídicas logradas en los últimos meses por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), está claro que la balanza se inclinó a favor de los intereses de los colombianos.
Según la Andje, a América Móvil (holding donde está Claro) se le ganó una batalla de 1.286 millones de dólares; en dos procesos que adelantaba la familia Carrizosa contra el Estado (por el caso Granahorrar) se evitaron pretensiones por unos 363 millones de dólares, mientras que con el de Gas Natural se liberó del pago de otros 1.310 millones de dólares.
En estos casos se evitó pagar el equivalente a las obras para la primera línea del metro de Bogotá (11 billones de pesos). Pero también hay éxitos en el frente interno: el Estado ahorró 12,5 billones de pesos que buscaba un grupo de militares como reconocimiento de una prima de actualización. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la Nación.
De acuerdo con el presidente de la Andje, Camilo Gómez, parte de la explicación está en las mejoras de los esquemas de información de los procesos.
“En el sistema eKOGUI podemos ver cómo va cada proceso y cuáles son las estadísticas por tribunal”, explicó el funcionario.
Ahora se trabaja con el BID para crear un laboratorio (legaltech) que incluirá inteligencia artificial, minería de datos y analítica.
Otra de las armas que emplea la Agencia es la coordinación con las demás entidades del Estado. Los abogados de la Andje realizan asesorías a las 250 oficinas jurídicas de otras instancias para mejorar la capacidad de respuesta en los 333.000 casos activos que tienen personas naturales y empresas contra el Estado.
La Agencia también alerta a las entidades para evitar la causal de demandas. Por ejemplo, si se detecta que hay muchos procesos legales por accidentes relacionados con falta de señalización vial, se pide a las autoridades de transporte mejorar en este frente.
Lo mismo se puede aplicar cuando se trata de decretos o normas con vacíos jurídicos o fallas en el pago de obligaciones. De hecho, las demandas contra el Estado están a la baja. En 2018 se presentaron 112.000; en 2019, cerca de 100.000; en 2020, unas 41.000, y este año van 8.000.
Los dos últimos datos pueden estar atados a las restricciones por los cierres obligatorios, aunque es claro que el indicador venía mejorando desde hace varios años.
Casos emblemáticos
La mayoría de demandas contra el Estado se relacionan con asuntos laborales o pensionales (75 por ciento).
No obstante, unos 670 casos que no tienen que ver con estos temas concentran pretensiones por 282 billones de pesos.
Este año se definirán otros procesos billonarios en el contexto internacional. El caso entre el Estado y Eco Oro prevé pretensiones de empresa minera por unos 736 millones de dólares. Otro caso que saldría este año es el instaurado por Telefónica, con pretensiones por 652 millones de dólares.
Hace unos años, el tribunal de la Ciadi le ordenó a Colombia el pago de 19,1 millones de dólares por un proceso en el que la multinacional Glencore pretendía 575 millones de dólares.
En 2019, la Agencia interpuso un recurso de anulación y se prevé que el fallo se conozca en esta vigencia. La entidad tiene una tasa de éxito procesal del 85 por ciento, algo que el mismo Gómez califica de inusual.
Si esa tasa se aplicara a las pretensiones actuales de los privados, el ahorro sería de 349 billones de pesos, una cifra muy representativa.
Es probable que este ‘invicto’ jurídico se pierda algún día, pues así funciona la Justicia. Pero es bueno ver que ya estamos mejor preparados para estas billonarias batallas.