Los subsidios son el bastión de las promesas de todos los gobiernos, en general, pero de manera más acentuada son el trampolín de los de izquierda para llegar al poder. Las ayudas para la población vulnerable no solo se utilizan en las campañas políticas, sino que en el momento de administrar el Estado se convierten en herramientas para obtener el visto bueno de las demás instancias de decisión en una democracia: el Congreso, el poder judicial y la sociedad civil, con sus manifestaciones de crítica o de protesta social.
Esto se evidenció recientemente en la discusión del Presupuesto de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro, en medio del candente debate intentó hacer presión diciendo que no permitirá que los sectores más pobres sean los que paguen la crisis, sugiriendo incluso una “suspensión de subsidios a los sectores ricos”.
En Colombia, los subsidios reinan y calan, por lo que, a juicio del senador Jota Pe Hernández, “son un modo de manipulación”, principalmente en épocas electorales. El país registró 16,7 millones de personas en pobreza monetaria durante 2023, equivalentes al 33 por ciento de la población, según el Dane. Muchos de ellos reciben subsidios y se convierten en un gran ejército electoral.
El paquete social prometido por el actual Gobierno fue generoso. Hambre cero, educación pública gratuita para niños y jóvenes; transferencia monetaria para adultos mayores sin pensión; apoyos para compra de vivienda y pago de servicios públicos fueron expresiones que hicieron eco y luego, ya en la Casa de Nariño, se han ido convirtiendo en normas decretadas o en proyectos de ley que tienen tras de sí un común denominador: la ‘subsidiadera’, que si bien es una política social válida, no puede ser permanente ni prolongada, porque no es benéfico ni para la economía, ni para la sociedad.
“Las transferencias sociales son útiles como instrumentos de apoyo transitorio para personas en condición de pobreza, pero no son la fuente fundamental de reducción de la misma. Cerca del 90 por ciento de la reducción de la pobreza en las últimas décadas corresponde al aumento en los ingresos laborales, producto del crecimiento económico”, recordó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
Aunque hay múltiples subsidios en todos los frentes y con la promesa de cambio, lo más sonado ha sido la propuesta de unificar el sistema de transferencias monetarias, que antes incluía Ingreso Solidario, Familias en Acción y similares, a un solo programa: Renta Ciudadana, para lo cual, fue expedido un decreto en noviembre de 2023, con la argumentación de que ahora sí se garantizará la movilidad social de un nivel socioeconómico a otro.
El gasto previsto para ese cometido no es menor, y muchos ya advierten que tiende a incrementarse en el próximo año, cuando arranca en firme una nueva campaña electoral por la Presidencia. Aunque en el presupuesto del presente año hay una asignación de 10,1 billones de pesos para el componente de igualdad y equidad, en el que se inscriben buena parte de los subsidios, se habla de un gasto social total de 272,8 billones de pesos, de los cuales, solo la protección social tiene una asignación de 126,7 billones de pesos.
Los montos suenan generosos en un país en el que el funcionamiento del Estado se lleva 308,8 billones de pesos, mientras que para inversión, que es la que genera un bienestar más duradero para la comunidad, la suma prevista es de solo 99,8 billones en este año. Claro está, en gastos para que funcione el aparato estatal hay varias aristas.
En el caso de las pensiones pagadas por el Estado, por ejemplo, se trata de un sistema que debe subsidiar a todos los jubilados, pues no puede haber mesadas inferiores a un salario mínimo y las que superan ese valor usualmente requieren apoyo, pues las cotizaciones son insuficientes. Para 2025, según el proyecto original de presupuesto, que será el que rija en el próximo año porque se instaurará por decreto, se evidencia que el gasto en política social será incremental en comparación con la presente vigencia: sube a 274,4 billones de pesos.
Además de los subsidios a la población vulnerable inscrita en el Sisbén, también hay otros beneficios, como los que aplican al pago de servicios de energía para estratos 1, 2 y 3. Están también los subsidios de vivienda del programa Mi Casa Ya y el más sonado en los últimos tiempos: el subsidio a los combustibles, que, además, generó un enorme hueco fiscal que se ha ido cerrando con el aumento en el precio de la gasolina, pero queda pendiente el alza en el diésel.
En particular, ese esquema creado en el pasado para mantener a los consumidores protegidos de la variación del precio internacional del petróleo –como se argumentó para instaurarlo– ha sido catalogado como un subsidio para ricos, como los que menciona Petro. En parte, porque además del transporte de carga, muchos vehículos de alta gama se mueven con diésel. Eso, en medio de escasez de recursos y con un recaudo tributario mermado.
No obstante, este Gobierno planea destinar más recursos en subsidios, aunque ha tenido problemas para volverlos realidad. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, cree que ahora hay más subsidios, y recordó que en su paso por el Gobierno anterior había eliminado el Ingreso Solidario.
“El presidente me regañó por ello, pero yo tenía claro que podíamos ir con ese costo hasta diciembre de 2022. La nueva administración le dio la vuelta y creó otra figura, entonces, le dieron continuidad. En el caso de los combustibles, lo ponen ahora como el problema, y supongamos que eso sea cierto, que fueron 36 billones de pesos en déficit que se generaron por diferencial de precios en 2022, pero se han venido reduciendo”. En ese contexto, lo que no se explica Restrepo es por qué si en 2024 solo se subsidia el ACPM, esos subsidios continúan como parte del gasto de funcionamiento. “Ellos toman la decisión de no subir ese combustible desde 2022, fue además lema de campaña”.
Por el lado de los subsidios de vivienda, según confirma Guillermo Herrera, presidente de Camacol, gremio de constructoras, y desde el Ministerio del ramo, van 164.000 subsidios asignados para vivienda nueva, de una meta prevista en el cuatrienio de 222.121. En el caso de la plata que se tiene prevista para ayudar a las familias al mejoramiento de vivienda, el resultado no va tan bien, con solo 10.410 de los 182.200 previstos como meta para este año.
“Ahí está la discusión, porque se prevé que para 2025 el presupuesto de vivienda tenga una reducción del 39 por ciento. Entonces, hoy no hay certeza de que el próximo año Mi Casa Ya cuente con 50.000 subsidios. Esto claramente iría en detrimento del sector, porque es un reto grandísimo cumplir con este Pacto por el Crédito cuando se rige por esas dos condiciones”, afirmó Herrera.
El alto gasto en subsidios preocupa aún más, porque su focalización no es eficiente, es decir, no van a la población objetivo, sino que terminan en manos de quienes no los necesitan. Mejía, por ejemplo, destaca que hay espacio para hacer mejoras, aunque ya se hayan dado cambios en herramientas como el Sisbén.
“Hemos propuesto unificar los programas sociales hacia transferencias condicionadas a la asistencia escolar, y la eliminación de los estratos socioeconómicos como instrumento de focalización, algo que impacta negativamente la focalización de subsidios en los servicios públicos”, sostuvo el experto.
No en vano, la Contraloría General concluyó recientemente una auditoría al Departamento de Prosperidad Social, que maneja los programas sociales a través de los cuales se distribuyen las ayudas a los ciudadanos más vulnerables. El ente de control halló que en programas como Jóvenes en Acción había beneficiarios que presentaron la declaración de renta por los años 2021 y 2022, es decir, no eran tan necesitados de ayudas estatales.
En un año como 2023, la entidad encargada de distribuir las ayudas de la política social, contó con 9,8 billones de pesos, pero, según la Contraloría, hubo una insuficiente gestión del presupuesto.
La conclusión de varios expertos consultados es que se requiere cuidar los escasos recursos públicos y, a la vez, irrigar apoyos para la población vulnerable, pero no de manera eterna, porque así se restringe su libertad de opinar y elegir en los procesos democráticos, sin contar con que los subsidios no han sido la panacea para promover la movilidad social de la población.