Las dinámicas en los mercados exigen más control, y la efectividad de las autoridades implica una reinvención constante para asegurar una competencia efectiva y alejar fantasmas como el de la corrupción.
En esa línea, Gustavo Petro ha dejado saber algunas de sus propuestas e incluso reformas, como la anticorrupción, que aún no se ha radicado en el Congreso de la República. De acuerdo con el anuncio inicial, se pretende lograr “la aceptación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia”.
De acuerdo con Felipe Serrano Pinilla, socio en la firma Serrano Martínez, si bien es cierto que todas las reformas anticorrupción son bienvenidas “la creación de una comisión internacional no parece ser una alternativa apropiada; el país cuenta con instituciones sólidas para realizar investigaciones y sancionar a los responsables. Si bien hay que hacer ajustes estructurales, crear una nueva instancia que replique funciones que ya cumplen instituciones nacionales, en vez de corregir los errores locales, sería un error”. Sobre el debate por la eliminación de la Procuraduría, considera Serrano que sí es pertinente. “Por ejemplo, se debería eliminar la intervención de este órgano en procesos judiciales, ya que no ha resultado realmente útil en la mayoría de los casos”.
Para los abogados Darío Cadena y Enrique Álvarez, socios de la firma Lloreda Camacho, las reformas que propenden por lograr una lucha efectiva contra la corrupción son una buena noticia que mejora el clima de inversión y la competitividad.
Sin embargo, cualquier iniciativa tiene que buscar la eficiencia en el control sobre el uso de los recursos públicos y “no convertirse en una traba” que impida a la administración ofrecer soluciones oportunas a los problemas de la ciudadanía.
“En esa medida, una eventual solicitud para que la ONU organice una comisión internacional, siguiendo modelos como el usado en Guatemala, tiene que estar enmarcada en un plan concreto sobre los objetivos que se persiguen y los hitos que se van a evaluar. En el caso de la propuesta de reforma de la Procuraduría habrá que ver que la arquitectura constitucional existente no pierda su lógica”, señalaron los abogados de Lloreda Camacho.
Sobre los retos que tiene el nuevo Gobierno para evitar la competencia desleal, de acuerdo con Serrano, el primero de ellos, es nombrar “una persona independiente y técnica como cabeza de la autoridad de competencia (la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC–). Esa persona, a su vez, tendrá la tarea de impulsar una gran cantidad de denuncias que hoy cursan ante la autoridad e investigar aquellas conductas anticompetitivas que así lo ameritan”. Y agrega: “Junto con la academia y el sector privado, la nueva SIC podría impulsar una reforma legislativa que le dé a la entidad mayor independencia en la decisión de sus casos de cara al público”.
Los abogados Darío Cadena y Enrique Álvarez, de Lloreda Camacho, consideran que el mayor reto para el nuevo Gobierno será desarrollar una política pública de competencia. En ese contexto subrayan dos temas: primero, el reto que enfrenta el país para lograr mantener una política pública que incentive la innovación y el acceso a productos y tecnologías novedosas, a la luz de los cuestionamientos que se hicieron en la campaña sobre el papel de la propiedad intelectual. Y el segundo reto está ligado a la política de industrialización, anunciada en campaña, “que involucra, según se ha dicho, una lucha contra importaciones subsidiadas por los países productores que compiten deslealmente con la industria nacional, lo que ubica el tema más en el contexto del comercio internacional”, explicaron Cadena y Álvarez.
Para Pablo Márquez, socio de la firma ECIJA Colombia, “la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de competencia, lleva varios años posicionándose como líder en la región. En los últimos años los casos de la autoridad han sido referentes para sus pares latinoamericanos, y el reto actual será seguir con el posicionamiento de la entidad tanto en Ocde como en la red mundial de autoridades de competencia, ICN”.
Sin embargo, señala que, “en materia de casos, la SIC sigue teniendo un inventario de aperturas muy cargado a las investigaciones en materia de colusión (acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia; esto lo hacen de manera secreta o ilegal) en licitaciones, y sigue habiendo pocos casos sobre otras conductas. Aunque ha habido esfuerzos importantes en materia de abuso de la posición de dominio o actos anticompetitivos, aún se espera que la autoridad se inmiscuya en casos asociados a plataformas tecnológicas y que dé claridad sobre los estándares aplicables en mercados digitales”.
También dice Márquez que los retos para las empresas están asociados a la implementación de programas de cumplimiento. “Con la Ley 2195 las multas en materia de protección de la competencia se incrementaron de forma significativa y ahora pueden llegar hasta el mayor valor entre el 20 por ciento del patrimonio de la empresa, de los ingresos del año anterior o 100.000 SMLM (Salario Mínimo Legal Mensual), lo que impone especial cuidado en el desarrollo de modelos de negocio que puedan resultar contrarios a la libre competencia”.
Protección al consumidor es otro de los temas de la agenda Petro y al respecto Serrano manifiesta que ha sido una política pública con consistencia en los últimos gobiernos. “La SIC tiene herramientas para perseguir y sancionar conductas que afecten a los consumidores. Se espera que el Gobierno continúe fortaleciendo la SIC para que cumpla su tarea de una forma ágil y técnica”.
Márquez prevé en protección al consumidor un incremento en la cantidad de casos, particularmente en industrias reguladas. “Ya la SIC inició una gran cantidad de casos en materia financiera, principalmente en los asociados a empresas fintech que han tenido sanciones superiores a los 100.000 millones, y en la industria de las telecomunicaciones. Aún sigue habiendo casos en materia de comercio electrónico, pero por el volumen de estos la SIC seguramente incrementará su actividad”.
Además, resalta que en el Congreso de la República cursa un grupo de proyectos de ley que impondrán nuevas cargas a las empresas en diferentes materias, particularmente a plataformas de comercio electrónico y de economía colaborativa.
También advierte Márquez que en contexto inflacionario y de altas tasas de interés, normalmente se generan casos asociados a publicidad engañosa y otras conductas contrarias al régimen de protección al consumidor, lo que probablemente incrementará el inventario de casos jurisdiccionales y administrativos en la materia.
Y en materia regulatoria, a corto plazo la decisión más importante está asociada a la implementación de buenas prácticas en casos de ciberseguridad, pues son cada vez más frecuentes los ataques informáticos y los casos de suplantación de identidad. Esto le impone un reto diferente a la Superintendencia, dice Márquez, que debe trabajar de la mano de las empresas para construir estándares de protección que permitan restituir y facilitar la restitución de los derechos de los titulares que han sido suplantados”.