El tema alrededor de los combustibles y en general de la disponibilidad de energéticos en el país llevó a la Contraloría General a tomar cartas en el asunto, luego de haber puesto una lupa a un estudio sectorial realizado, que analizó en profundidad la seguridad y la confiabilidad energética en Colombia.
De esa manera, el ente de control y vigilancia que se encarga de velar por que los recursos públicos no se malgasten, decidió formular un control de advertencia ordinaria, que recae sobre el ministro de Minas, Andrés Camacho Morales, quien también ha estado en debates de control político en el Congreso de la República.
En esta oportunidad, la Contraloría considera que hay “riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y un posible desabastecimiento de combustibles”.
¿Qué implica para el ministro?
El Ministerio de Minas es la entidad encargada de liderar la política energética, que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán, por riesgos de déficit y, en el caso específico del gas, sería la primera vez que el país pierde la soberanía que ha tenido por más de 4 décadas, para garantizar el abastecimiento nacional con producción interna, como lo ha venido mencionando Naturgás, gremio del sector liderado por Luz Stella Murgas. Y no es todo. De los combustibles el Estado devenga una buena parte de los ingresos y es ahí donde la Contraloría habla de riesgo por la baja significativa que tendrá la nación, principalmente por cuenta del pago de regalías que hacen las empresas de la industria extractiva.
Como se trata de múltiples riesgos, de los cuales también atañen a la comunidad, toda vez que los energéticos son servicio esencial, en la práctica, el ministro de Minas, con un control de advertencia a cuestas, tendrá que adoptar las medidas necesarias, relacionadas con los requerimientos que le hace el organismo de control, en lo que es un llamado preventivo.
Transición energética adelantada
Según la Contraloría, se ha reducido la producción de hidrocarburos y minerales, y, por ende, su exportación. Esto, en el contexto de una transición energética que, si bien es necesaria, tendría que honrar su mismo nombre: una transición.
Lo cierto es que la afectación para la comunidad sería grande, pues de acuerdo con el ente de control, se presentaría una baja en las posibilidades de asignar recursos públicos para subsidiar los servicios domiciliarios, como se ha venido haciendo, “ante un desabastecimiento e importación de gas y otros combustibles”, manifiesta el informe de la Contraloría.
Para completar, hay otros dos riesgos que señala la entidad de control. Estaríamos ante una posible disminución de la inversión extranjera directa en el país, como ya se ha venido observando, como consecuencia de la “no celebración y continuación de contratos de exploración y explotación minera y petrolera”, dice el documento.
Además, se podrían aumentar los niveles de subsidio a los combustibles, producto de la posible alza en sus precios al ser importados. Recordemos que, en el caso de la gasolina, su precio ya tiene paridad con el internacional, luego de que se desmontara el subsidio interno que se había creado, el cual era financiado a través del FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles), el cual finalmente se acabó, pero queda en capilla el diésel, que también tendrá que migrar a tener el precio externo que se fija a partir de la oferta y la demanda de petróleo en el mundo.