El panorama económico y fiscal del país luce despejado para 2019, y en eso coincide la mayoría de analistas económicos que anticipan una leve reactivación del crecimiento y que no habrá problema para cumplir las metas de déficit fiscal. Eso no significa que los nubarrones hayan desaparecido. Todo apunta a que en 2020 los temas fiscales y macroeconómicos volverán a causarle un gran dolor de cabeza al Gobierno. La preocupación radica en cómo pagar la fiesta de la reducción de impuestos para empresas, contenida en la Ley de Financiamiento, cuyos efectos llegarán desde 2020. A partir de ese año, el descuento del IVA a la inversión en bienes de capital, el menor impuesto de renta y los beneficios tributarios contemplados en esta ley provocarán una caída en el recaudo tributario. Ante este faltante, expertos como el exministro de Hacienda Guillermo Perry han hablado de la necesidad de adoptar un plan B de ajuste fiscal, “ya que la Ley de Financiamiento no resolvió el problema de 2020 en adelante”, dice. Por ello, estima que en algún momento el Gobierno tendrá que hacer otra reforma tributaria porque, de lo contrario, el país podría perder el grado de inversión. Le puede interesar: En Semana en vivo: ¿El Plan de Desarrollo hace trizas a Planeación Nacional? Pero el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está tranquilo. En diálogo con SEMANA, dijo ser optimista del resultado que tendrán las medidas y reformas que buscará implementar en varios frentes. “No recuerdo el primer año en que mis colegas, los economistas, no salgan a decir que el próximo año va a ser terrible”, afirma. Y considera normal que los economistas hagan un llamado a la cautela, que, según dice, ha contribuido a la estabilidad del país. Desde el punto de vista técnico, Carrasquilla tiene clara su estrategia para estabilizar las finanzas públicas y contempla: 1) ajustar el gasto público excesivo, 2) reformar el Estado para hacerlo más eficiente, 3) vender activos estatales no rentables y 4) modernizar la Dian. Claramente, cada una de estas alternativas atravesará un camino difícil desde el punto de vista político, y representará un desafío enorme. Sobre todo al considerar la fuerte polarización y lo ocurrido con el debate del Plan de Desarrollo. Por eso, el ministro Carrasquilla dice que el problema fiscal colombiano es un “problemita”, con minúscula. Y asegura con vehemencia que no hay faltantes fiscales en 2020 y que, con las condiciones actuales, no será necesaria una nueva reforma tributaria. “El compromiso del Gobierno es claro en ese sentido: no vamos a presentar una reforma tributaria ni una Ley de Financiamiento en 2020”, asegura. ¿Un ‘problemita’ fiscal? De los 258,9 billones de pesos aprobados en la Ley de Presupuesto para este año, el Gobierno planea recortar alrededor de 10 billones de pesos. Pero esta solo sería la cuota inicial del ajuste requerido y viene un proyecto de reforma del Estado. Carrasquilla ya ha demostrado experiencia en ello. En su primer paso por el Ministerio de Hacienda entre 2003 y 2008, reestructuró el gasto en cerca de 2 puntos del PIB. Por esto, el Gobierno le pidió al Congreso, en el Plan de Desarrollo, algunas facultades especiales para crear, eliminar y fusionar entidades. Le sugerimos: El voto que partió en dos a Cambio Radical Eso es usual y todos los gobiernos las han solicitado. Pero hay gran polémica porque la oposición ya ha dicho que el Gobierno aprovechará estas medidas para acabar, por ejemplo, con “la institucionalidad de la paz”. Sin duda, el Gobierno tendrá que explicar claramente qué quiere hacer con estas facultades y por dónde pasará la tijera con la que el ministro aspira a ahorrar un punto porcentual del PIB. El Plan de Desarrollo también crea algunos instrumentos para ordenar la participación del Estado en el sector empresarial y crear una gran “holding estatal”. En la actualidad, el ministerio estudia la participación del Estado en más de 100 compañías por un valor total de 51.000 millones de dólares para evaluar cuáles de ellas tendría sentido vender.
Las preocupaciones del exministro Guillermo Perry sobre la situación fiscal contrastan con el optimismo de Carrasquilla. En muchas, el Gobierno tiene una participación minoritaria o una rentabilidad económica, social o financiera mínima. Eso para Carrasquilla resulta inaceptable dadas las grandes necesidades del país. Con la venta de activos, el Gobierno espera recoger 30 billones de pesos en los próximos cuatro años, una meta agresiva. Pero, sin duda, este debate es impopular. Por ejemplo, la venta de Ecopetrol, el activo más representativo del portafolio de la Nación, ha generado fuerte rechazo, y lo mismo ocurrirá si anuncia otras ventas. Para enderezar las finanzas públicas, Carrasquilla también quiere modernizar la Dian. Eso significa mejorar su capacidad tecnológica y utilizarla para disminuir la evasión y elusión del sistema tributario. Es claro que esta medida no traerá efectos en el corto plazo, pero para 2020 y 2021 significará ingresos adicionales de medio punto del PIB. El ministro se muestra esperanzado con la mejora que traerá la facturación electrónica y con el retroceso de la informalidad que incentivará el régimen simple. Vea también: Plan Nacional de Desarrollo: ¿Política vs. economía? Hay confianza Además de sus estrategias para solventar los nubarrones fiscales, Carrasquilla cree que la confianza de los mercados será clave. Y la principal muestra es la fuerte demanda por los bonos colombianos en el exterior y las bajas tasas de interés a las cuales se ha podido financiar el Gobierno. De hecho, la semana pasada el país realizó una operación de manejo de la deuda por más de 4 billones de pesos. Por eso no ve problema con las calificadoras, porque un país pierde el grado de inversión cuando la fiscalidad se haya salido evidentemente de control y haya violado la regla fiscal. Tampoco cree que haya que perder la calma por las numerosas demandas que tiene la Ley de Financiamiento, entre ellas, la que presentó esta semana Germán Vargas Lleras. Frente a esta situación, asegura que “si uno se intranquilizara porque le demandan una ley o porque lo calumnian, uno no podría dormir. Pero eso no me pasa a mí”. No obstante, algunos temas sí le quitan el sueño. Entre ellos, la crítica situación del sector salud, que en sus propias palabras estaría “pasando aceite”, la amenaza constante que representa un apagón en la costa ante los problemas de Electricaribe y los costosos pagos de las sentencias contra el Estado. También está en este grupo el futuro de reformas clave para estabilizar las finanzas públicas en el mediano plazo. Entre ellas, la pensional, la reforma a las regalías, la de subsidios y la del cambio del sistema general de participaciones. Y hace una reflexión final. Colombia decidió que el Estado resolviera unos problemas y financiara actividades cada vez más grandes. Esto hace que las aspiraciones sociales sean cada vez mayores. Y eso está bien. Sin embargo, el país no ha dilucidado cómo pagar estos mayores beneficios. La Ley de Financiamiento avanzó al enfatizar en la tributación de las personas naturales. Pero todavía hay que caminar más. Le puede interesar: El billonario hueco de los combustibles