Hace varios días se presentó todo un tsunami político y empresarial en la capital de Antioquia, cuando el alcalde Daniel Quintero anunció que demandaría a los constructores, diseñadores y aseguradores del proyecto Hidroituango, por una suma de 9,9 billones de pesos. Horas después, la junta directiva en pleno presentó su carta de renuncia, al alegar que no fueron consultados antes de instaurar esta acción legal y que no se elaboró una matriz de riesgo. Esa misma semana, el alcalde empezó a publicar los nombres de quienes conformarían la nueva junta. Se anunció, entre otros, el nombramiento de Luis Fernando Mejía, Alberto Preciado y Sandra Suárez, quienes declinaron el nombramiento alegando conflicto de intereses.
Finalmente, luego de varios días, rumores y declinaciones, la junta quedó conformada por: Jorge Iván Palacio, Pablo Felipe Robledo, Ómar Flórez, Bernardita Pérez, Jorge Andrés Carrillo, Guillermo Diosa Pérez, Gildardo Correa y Olmer Palacio. El primer reto que tendrá que enfrentar la junta será la recuperación de la confianza, teniendo en cuenta que con las decisiones de Quintero y el gerente, Álvaro Rendón, se afectaron las políticas de gobierno corporativo, a tal punto de que Fitch Ratings redujo la calificación de ‘BBB-‘ a ‘BBB’ y mantuvo la perspectiva negativa. Si bien la firma no se encuentra listada en bolsa, ha emitido bonos, por lo cual recuperar la confianza es fundamental para calmar la incertidumbre de sus inversionistas, dentro de los que se encuentran fondos de pensiones, que han comprado cerca de 3 billones de pesos en bonos. Asimismo, deberán tomar una decisión de fondo sobre el futuro del proceso legal que iniciaron por casi 10 billones de pesos, en el que se reclaman los daños emergentes, los costos y el lucro cesante. En este punto cobrará vital importancia el talante jurídico que caracteriza a la nueva junta, ya que en los últimos días muchos expertos han catalogado la demanda como un arma de doble filo, pues de no llegar a feliz término, EPM podría incluso perder aún más dinero. Al mismo tiempo, tendrán que hacer un seguimiento minucioso al desarrollo del proyecto de Hidroituango para garantizar que las cuatro primeras unidades de generación entren en operación en 2022 para honrar los compromisos energéticos. Adicionalmente, será fundamental recomponer las relaciones entre el nivel directivo y los sindicatos, pues en los últimos días quedó en evidencia un creciente inconformismo entre los trabajadores por varias decisiones adoptadas por la gerencia en los últimos días. Incluso estarían pidiendo la renuncia de Rendón. Finalmente, en el corto plazo deberán garantizar el proceso de llegada a la operación del bloque Caribe Mar, que se adjudicó en el proceso de subasta de Electricaribe.
A partir del primero de octubre, EPM será la encargada de garantizar el suministro de energía en los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar, que vienen sufriendo por el mal servicio desde hace varios años. En este punto, se conoció que en los próximos días se reunirán con el Gobierno para hablar de las cláusulas del efecto adverso, esto con motivo de los cambios en el recaudo por la pandemia en estos departamentos. “Hoy se están revisando los alcances y hay completa disposición del Gobierno para corregir esos desbalances que se puedan estar presentando”, le dijo a SEMANA el gerente Rendón.