Tal y como lo anunció el Gobierno Nacional en agosto, los estratos 4, 5 y 6 ya empezaron a pagar 1.000 pesos adicionales en el recibo de la luz bajo la figura “Aporte departamento de La Guajira”. Este aporte hace parte de una medida para recolectar dinero que será utilizado para combatir la emergencia social y económica que viven en La Guajira.
El aporte ya se ve reflejado en las facturas de la energía eléctrica, según algunas personas han reportado en redes sociales. La medida iría para los próximos seis meses y hasta el momento no se ha confirmado que se extienda.
Así las cosas, si usted no se ha fijado, revise su recibo de la energía y se dará cuenta del incremento.
“Con el fin de contar con recursos para la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el departamento de La Guajira, desde el mes siguiente a la expedición del presente decreto legislativo y hasta el término de seis (6) meses o por un término mayor que determine el Congreso dentro del año siguiente, se incluirá en todas las facturas del servicio público de energía eléctrica que se emitan en el resto del territorio nacional”, detallaron en el decreto.
Los usuarios de establecimiento comerciales no están exentos de la medida y también deberán pagar un valor adicional en el recibo de luz, el cual corresponde a $ 5.000.
Procuraduría vs. Gustavo Petro
La Procuraduría General de la Nación envió a la Corte Constitucional un concepto en el que le pide al alto tribunal tumbar el decreto presidencial que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, y que le da facultad de tomar decisiones directas sobre la región, sin necesidad de pasar por el Congreso.
En el documento, el Ministerio Público advierte que el presidente Petro busca tener facultades legislativas excepcionales, pese a que la situación de la región puede enfrentarse por medio de mecanismos ordinarios.
“Se advierte que la crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional”, dice el documento.
“La posición del Ministerio Público en el proceso de la referencia no ignora la situación grave de La Guajira, en tanto ‘simplemente reconoce que su existencia no es emergente’ y que, por consiguiente, requiere una solución ‘por las vías normales previstas en la Carta Política’”, agrega la Procuraduría.
El concepto fue emitido luego de que le fuera negado el impedimento manifestado por la procuradora Margarita Cabello, quien advirtió que podría incurrir en la causal denominada “interés en la decisión”, pues cuando se desempeñó como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2016, fue ponente de la tutela que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, el cual se relaciona directamente con los decretos expedidos por la Presidencia de la República.
Precisamente, en 2021 la Corte Constitucional aceptó el impedimento presentado por la procuradora para participar en el seguimiento a ese fallo de tutela, al considerar que “ejerció un papel activo y tuvo un grado de participación significativo en el proceso, pues fungió como magistrada ponente de la decisión que se profirió en segunda instancia y que posteriormente dio lugar a la sentencia T 302 de 2017″.