Los movimientos que ha tenido el caso Odebrecht en Estados Unidos han producido un remezón en Colombia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) cerraron, tras cinco años de investigación, el proceso que existía en contra del Grupo Aval y Corficolombiana en el caso de la carretera Ruta del Sol Tramo II o conocida como Ruta del Sol II.
Se trataba de una decisión administrativa que se hizo en cooperación de las autoridades colombianas. En esta, se tomaron decisiones con base a que existió una persona que pertenecía a ese grupo, que fue condenada por cuenta del escándalo de los sobornos de la empresa brasileña, el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo.
La decisión ha levantado críticas contra la organización de Luis Carlos Sarmiento, principalmente del presidente Gustavo Petro que ha puesto una serie de trinos en contra del conglomerado empresarial.
En ese contexto, la organización publicó un comunicado en el cual asegura: “El Departamento de Justicia no interpuso ningún cargo contra el Grupo Aval en relación con el proyecto Ruta del Sol Sector II”.
Y aclara que “las resoluciones del DOJ y de la SEC no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta contra ningún funcionario, director o accionista del Grupo Aval, ni ningún funcionario, director o accionista de Corficolombiana, distinto al exejecutivo de Corficolombiana”.
Agregó en ese sentido que “las resoluciones del DOJ y la SEC concluyen las investigaciones de esas agencias americanas con respecto a Grupo Aval y Corficolombiana en relación con el proyecto Ruta del Sol Sector II”.
De inmediato, el presidente Petro respondió al comunicado. “El acuerdo que establece el grupo Aval en Estados Unidos dice que Melo, expresidente de Corficolombiana, fue el único de los miembros del grupo que sobornó con 26 millones de dólares, del grupo, a funcionarios y políticos. Melo solo confesó 6.000 millones de pesos de sobornos a la justicia colombiana. Alguien miente”, escribió.
El primer mandatario agregó una declaración polémica, teniendo en cuenta el respeto que debe existir por las decisiones de la rama judicial: “El proceso debe reabrirse en el caso Melo”.
El fiscal Francisco Barbosa, que en ese momento estaba en una entrevista en la W Radio, se refirió al tema de inmediato. Aclaró, en primer lugar, que una solicitud en ese sentido no puede ir dirigida al fiscal general.
“Si hay alguna solicitud alrededor de ese tema, debería ser ante el fiscal del caso”, aclaró.
Pero entregó sus apreciaciones de lo sucedido. “Aquí lo que hay es una condena, hasta donde yo sé, y por lo cual se logró ese acuerdo de procesamiento en los Estados Unidos... Aquí volvemos al mismo tema, no es que no exista cooperación, (la decisión) se dio por el trabajo conjunto”.
Agregó que “el presidente puede pedir lo que quiera, cualquier persona puede pedir cosas, pero hay unas reglas en el estado de derecho y es que en los procesos judiciales hay unos procedimientos”, le recordó enfático.