En medio de la estigmatización del sector petrolero, por parte del Gobierno nacional, en el que incluso el mismo presidente Gustavo Petro ha comparado esta actividad con otras ilícitas, como la coca, se conoció un reciente informe sobre la percepción que tiene el país y el sector privado de la industria de hidrocarburos, cuyas reservas vienen cayendo.
Jaime Arteaga & Asociados y el Centro Nacional de Consultoría presentaron el Barómetro Petrolero, en el marco de la Cumbre de Petróleo y Gas que se realiza en Cartagena. El análisis refleja desde 2019 la evolución de las percepciones, preocupaciones y expectativas sobre la industria de petróleo y gas entre ciudadanos, funcionarios de gobierno y directivos de las empresas del sector.
A pesar de la decisión del Gobierno de no avanzar con nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y de haber impuesto una mayor carga tributaria sobre esta industria, tanto en la primera reforma aprobada como en la reciente ley de financiamiento presentada ante el Congreso, los colombianos y las regiones mantienen una imagen favorable del sector.
De acuerdo con el estudio, el 80 % de los colombianos está de acuerdo con que la industria petrolera es positiva para el país, en tanto que en los municipios productores ese porcentaje llega al 83 %.
En los últimos seis años, la proporción de colombianos que considera que la industria del petróleo y gas genera desarrollo y oportunidades económicas en las regiones donde opera ha pasado del 58 % en 2019 al 78 % en 2024. Para los municipios petroleros esa cifra es aún mayor, al pasar de 63 % al 84 %, en el mismo período.
Mientras que en 2019 el 52 % de los habitantes de las regiones productoras estaban de acuerdo con que se llevaran a cabo actividades petroleras en su municipio, este año el porcentaje llegó a ser del 70 % en esas zonas.
Además, para los colombianos encuestados, la actividad petrolera no es excluyente. Para el 74 % es posible que la industria petrolera conviva con otras actividades económicas, como el turismo y el agro. En 2019, esa cifra era de 62 %. Mientras tanto, en este aspecto, en las regiones productoras el porcentaje supera el 80 %, casi 14 puntos porcentuales más que en 2019.
La percepción positiva sobre las empresas de petróleo y gas también ha alcanzado su punto más alto en estos años: el 68 % de los colombianos tiene una imagen favorable de las compañías petroleras (en 2019 era de 51 %), mientras que en las regiones productoras este porcentaje asciende al 72 % (para hace seis años fue del 55 %).
En los últimos años se ha mejorado la percepción de transparencia de las regalías: mientras que en el año 2020 el 43 % de los colombianos creían que los recursos de las regalías que genera la industria de petróleo y gas se iban para corrupción, este porcentaje ha bajado de manera continua hasta ser el 32 % en 2024.
Frente a su relación con las comunidades y el respeto por ellas, el 54 % de los encuestados consideran que las empresas de petróleo y gas respetan a las comunidades en donde operan, pero en los municipios productores esa cifra es del 72 %, la más alta en la historia de la medición.
Si bien para el 44 % de los encuestados a nivel nacional las empresas petroleras son responsables ambientalmente, para los preguntados en los municipios productores es del 59 %.
El 70 % considera que se puede luchar contra el cambio climático sin reducir drásticamente las operaciones de petróleo y gas, en tanto que para el 93 % de los encuestados son los países más desarrollados los que deberían asumir los costos de la descarbonización en proporción con su contribución a las emisiones de gases.
Al consultar a los directivos sobre qué tan satisfechos están con la comunicación de las empresas de petróleo y gas con el Estado, la cifra es preocupante. Después de registrar 63 % en 2022 como muy satisfechos o satisfechos con esa comunicación, para 2023 cayó a 15 % y este año apenas llega a 22 %.
Asimismo, frente al grado de satisfacción de los directivos por el apoyo del Gobierno nacional a la actividad del petróleo y gas, en 2022 y después de una tendencia ascendente llegó al 55 %, como muy satisfechos o satisfechos. Pero al año siguiente cayó al 3 % y para 2024 va en 14 %.
En más del 60 %, los directivos han reportado que en los últimos 12 meses han tenido que enfrentar bloqueos de carreteras, marchas o manifestaciones pacíficas o paros o huelgas de trabajadores.
Pensando en la empresa y manteniendo las condiciones actuales, el 43 % de los directivos piensan que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones, mientras que el 40 % considera que seguirán iguales. Para los directivos que consideran que en el próximo lustro reducirán sus operaciones, las razones que más pesan para ello son: la falta de apoyo del Gobierno (24 %), las políticas del Gobierno nacional (19 %), y les sigue la falta de estabilidad jurídica con el 15 %.
Esta radiografía llega en un momento clave para la industria. Con información al cierre de 2023, las reservas de hidrocarburos se redujeron: pasaron de 7,5 años a 7,1 en petróleo y, más dramáticamente, en gas de 7,2 años a 6,1.
Por su parte, Ecopetrol acaba de recibir de J.P. Morgan una dura noticia: esta entidad financiera decidió rebajar la calificación de las acciones de la petrolera colombiana de “neutral” a “infraponderación” y pasó su precio objetivo de 12 dólares a 8,5 dólares en los ADR en Estados Unidos. Pero no fue la única: BTG Pactual en un informe también redujo su estimación y pasó de 12,5 dólares por ADR a 10,5 dólares.
Varios factores han pesado. Por una parte, el difícil entorno en Colombia por las tensiones geopolíticas, los bloqueos y paros en las zonas de producción; por otro, las dificultades para el aumento de combustibles, en especial del diésel, tras las negociaciones para superar el reciente paro camionero. Además, lo que llama un posible “conflicto de agencia” –que afecta el gobierno corporativo, por el mayor peso de las decisiones del Gobierno en la empresa, tras la negativa de la empresa de participar en la compra de CrownRock en el Permian en Estados Unidos, con la OXY, en yacimientos no convencionales (fracking) y ampliar su presencia en ese país, que le habría permitido incrementar la producción, aumentar las reservas, crecer la utilidad neta, subir el ebitda y todo ello con un impacto ambiental mucho menor al que registran las operaciones de sus pozos en Colombia. La situación derivó en la renuncia de dos miembros de la junta directiva de Ecopetrol.
De igual manera, ya se han levantado advertencias sobre la situación del sector, como la que hizo la Contraloría General. En un reciente estudio afirmó el ente de control que “es un error anteponer la transición energética a la seguridad energética”. Asegura que la fortaleza energética del país se está deteriorando, pues se han reducido las áreas petroleras en 77 % y señala que el licenciamiento ambiental es “la fragilidad más recurrente” en el sector.
En el sector petrolero, la Contraloría señala que cada vez hay menos años de reservas, bajos niveles de exploración y –agrega– no se vislumbra nueva exploración en áreas diferentes a las ya explotadas. “Todo esto redunda en que los problemas de abastecimiento que se esperan tan temprano –en 2030–, si la producción continúa con la tendencia actual y no se incorporan más recursos, se van a sentir en la economía especialmente por los menores márgenes de utilidad para la industria con su consecuente impacto en todos los aportes que esta hace a las finanzas públicas, ya sea por impuestos, regalías y derechos económicos o por mejores niveles de inversión extranjera directa afectando desde los niveles de inflación, hasta la tasa de cambio, debilitando en general la economía nacional”, afirma la investigación.