Un llamado a utilizar las vías del diálogo hicieron los Ministerios de Defensa, Interior y Transporte, ante algunas situaciones que se han registrado en peajes, donde la comunidad manifiesta rechazo por el cobro de estos pagos que son parte de contratos establecidos previo a la realización de las vías.
Según el pronunciamiento, “el Gobierno nacional está y estará siempre dispuesto a promover y a acompañar las dinámicas de diálogo social y concertación”.
Los tres ministerios en conjunto sostienen que se han aplicado tarifas diferenciales, como acciones que se han concertado con autoridades locales, comunidades y otros actores interesados.
Además de esos acuerdos, según los ministerios, los peajes son el cobro necesario para poder materializar las grandes obras de infraestructura que necesita el país. Esto, porque solo con recursos públicos no es posible la financiación de dichos proyectos. De allí que tengan que existir carreteras concesionadas, las cuales combinan fuentes de recursos, a través de la figura de Asociaciones Público-Privadas (APP).
En tal caso, los usuarios de las vías son los llamados a aportar con el peaje, para la construcción y mantenimiento vial.
De esa manera, los ministerios señalan que “desconocemos el origen de los intereses que han llevado a algunas personas a desinformar frente a los temas abordados en las distintas mesas de trabajo que buscan concertaciones”.
Ya el país ha conocido las circunstancias relacionadas con el peaje Papiros, en la costa norte colombiana, entre Cartagena y Barranquilla, cuyo cobro había sido suspendido a partir de febrero de 2023 y a inicios de septiembre fue reanudado, en medio de protestas y trancones.
En Turbaco (Bolívar) se empezaban a presentar reclamos, porque la concesión Autopistas del Caribe, encargada del proyecto del corredor de carga Cartagena-Barranquilla, reanudaría el recaudo el 22 de septiembre. Sin embargo, se prorrogó de nuevo por 60 días más.
También la comunidad ha manifestado inconformidad con el peaje Puente Amarillo, en Meta. Y el peaje La Caimanera, entre Coveñas y Tolú, también estaría entre anuncio de protestas.
Preocupa que los usen con fines políticos
En el pronunciamiento realizado por los ministerios, advierten que, por el riesgo inminente que esto acarrea, “la utilización política de los peajes preocupa”.
Ante esto, hicieron un llamado a la ciudadanía para que “hagan uso del derecho a la movilización social de manera pacífica y responsable. No son aceptables las vías de hecho que atenten o pongan en peligro a los usuarios de las vías, representantes del Ministerio Público, fuerza policial y a quienes trabajan en los peajes”, aseguraron.
Así son las penas en este caso
Vale recordar que en Colombia bloquear o vandalizar un peaje puede ser considerado un delito de daño en bien ajeno, así como un acto de obstrucción de vías públicas, con penas que van desde 16 a 90 meses y multas hasta 37,5 salarios mínimos, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Por lo tanto, como Gobierno nacional no podemos aceptar ni normalizar que se suban las talanqueras impidiendo el cobro legal en los peajes.