La victoria de Gustavo Petro en las elecciones de este domingo 19 de junio abre paso a los temores que tenían varios sectores en el país. En particular hay temor por su plan de marchitar la industria de los hidrocarburos, que es la responsable del 50 % de las exportaciones colombianas.
Igualmente, por una posible pérdida de independencia del Banco de la República, la que fue obtenida en la Constitución de 1991 y ha sido clave en la credibilidad financiera internacional del país. También muchos expertos desconfían de las propuestas pensionales y laborales de Petro, así como de sus planes en materia tributaria. Aunque ya anunció que hará una reforma impositiva, por ahora lo único claro es que estaría centrada en gravar más a los 4.000 colombianos más ricos.
Pese a que Petro ha señalado que “Realmente lo que digo es absurdamente malinterpretado. Nunca he hablado de hacerme reelegir, sino de calificar mi mandato de cuatro años como la construcción de la transición hacia la economía productiva y la sociedad del conocimiento”, el destape de los ‘petrovideos’ dejan dudas acerca de lo que podrá pasar.
Los analistas enfatizan en que el líder del Pacto Histórico seguramente tendrá que cambiar el rumbo de muchas de las propuestas que señaló en la época de campaña. En parte, porque varias de ellas son irrealizables y en segundo lugar, porque necesitará del Congreso de la República para gobernar.
Estos son los grandes miedos que implican un gobierno del líder de izquierda.
¿Adiós a la industria petrolera?
Una de las propuestas más controvertidas de Gustavo Petro ha sido la de suspender los contratos de exploración de hidrocarburos y sustituir los ingresos que vienen de este sector por otros, como el conocimiento, el agro y el turismo, acelerando el paso hacia un modelo de energías limpias. Sin embargo, si bien hay un consenso en la estrategia de adelantar un proceso de transición energética, la velocidad con que se haga es fundamental, al igual que el desarrollo de otros sectores que reemplacen los ingresos provenientes de la industria fósil. Aunque Petro intentó en las últimas semanas bajar el tono y hablar de un período de largo plazo, la polémica se mantiene.
El petróleo es uno de los pilares de la economía colombiana no solo por los recursos que trae, sino también por la autosuficiencia energética que le permite al país no importar crudo, en especial ahora que supera los 100 dólares por barril.
Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), si se avanza en esta iniciativa, en cinco años la producción caería 47 %, en el caso del petróleo, y 27 % en gas, con una pérdida anticipada en la autosuficiencia energética, que llevaría a importar gas a partir de 2026 y petróleo desde 2028.
“El país quedaría expuesto a tensiones políticas de mercados internacionales que encarecerían el gas de los hogares (duplica su costo), la electricidad, el transporte y el respaldo para las fuentes renovables y la transición energética”, dice en un documento.
Agrega que la pérdida en divisas llegaría aproximadamente a 68.000 millones de dólares entre 2022 y 2032 por la reducción de las exportaciones de petróleo y, además, por importaciones anticipadas de petróleo y gas. “Este choque externo no solo encarecería la energía, también perjudicaría el bolsillo de los colombianos por un dólar más caro para todos los sectores y los hogares, podría implicar una menor calificación de riesgo país y aumentaría la deuda externa y las tasas de interés para los ciudadanos”, señala el gremio.
Por desplome en producción se estima una pérdida de 18 billones de pesos en aportes fiscales y regalías de las empresas de exploración y producción (E&P) para la nación y las regiones. Se desfinanciarían programas gubernamentales para la superación de la pobreza, el desarrollo socioeconómico regional, y hasta la misma transformación productiva y energética del país. “La reducción de inversiones E&P por 21 billones de pesos afectaría el empleo y las oportunidades de contratación de bienes y servicios en las regiones”, concluye el análisis.
Mercado laboral público
El gobierno de Gustavo Petro tendría muchos desafíos en términos socioeconómicos, pero hay temas sensibles: empleo y pensiones, alrededor de los cuales Colombia lleva décadas y no ha podido trazar el camino correcto. La política laboral y pensional que planteó Petro conquistó a muchos electores, pero también asusta a los técnicos que hicieron cuentas. El país está en mora de construir un mercado laboral que absorba a la mayor parte de la población a través de un empleo estable y digno, y, de hecho, Petro prometió rescatar el trabajo “como derecho fundamental, fuente de riqueza y libertad”.
Eso implicará no solo darle una opción laboral al 11,2 % de colombianos desempleados (tasa de desocupación a abril de 2022), sino deshacer la cifra de informalidad laboral, que es casi de la mitad de la población en edad de trabajar.
La idea de Petro con el empleo suena bien, pero la forma de llevarla a la práctica causa preocupación y, de ponerse en marcha, se llevaría mucho más que un cuatrienio. En la actualidad, el 80 % de los puestos de trabajo los genera el sector privado, que argumenta tener una carga demasiado pesada con la nómina, lo que le estaría impidiendo generar nuevas oportunidades laborales formales. Los empleadores privados se refieren en concreto a tener que asumir la mayor parte del costo de la seguridad social de cada trabajador, más la existencia de un salario mínimo que está muy cerca del salario promedio en el país, mientras que la productividad, medida cada año por Planeación Nacional, siempre resulta baja.
Petro defenderá “un salario mínimo que cumpla con los mandatos constitucionales en el marco de derechos sociales propios de un Estado Social de Derecho, incluyendo el derecho fundamental al ingreso mínimo vital”, lo que los analistas han estimado como una talanquera para que los empleadores decidan contratar más gente.
Por el lado de las finanzas públicas también hay preocupación con el esquema de empleo que planea aplicar Petro, pues sostiene que el Estado sea “el empleador de última instancia”, lo que llevaría a que, desde lo público, se contrate a todo aquel que no encuentre trabajo en el sector privado. Las dimensiones de ese costo, aunque no se han calculado, podrían ser mayúsculas.
Otro componente de la política de empleo de Petro es el que está atado a su idea de replantear los tratados de libre comercio con el objetivo de que Colombia los aproveche más, es decir, produzca para exportar y, así, se creen nuevos puestos de trabajo. Si a Colombia le costó sudor y lágrimas la negociación de los TLC, principalmente el de Estados Unidos, reabrir una negociación no será tan fácil ni rápido.
Pensiones desfinanciadas
Algunos estudios enfatizan en que la mejor reforma pensional es la laboral, pues es la manera de garantizar que cada ciudadano tenga con qué cotizar para su aseguramiento en la vejez. El sistema pensional actual incluye un régimen público, a través de Colpensiones, y uno privado, que manejan las AFP e implica la existencia de cuentas de ahorro individuales (el cotizante recibe lo que ahorró más los intereses y menos los costos de administración).
En lo público, el gasto anual es enorme y le genera una fuerte presión al Presupuesto General. En el privado se producen muchas demandas, pues cuando llega el momento de la jubilación, la gente siente que no recibirá una mesada acorde con lo que ahorró. Adicionalmente, pese a la existencia de dos esquemas, solo 22 % de la población en edad de pensionarse cuenta con una mesada. El resto necesitará ayuda del Estado en la vejez y las generaciones que vienen ven cada vez más lejos la posibilidad de jubilarse. En ese contexto, la política pensional de Petro también sonó bien a los posibles beneficiarios, pero les causa susto a los que a todo le echan números. Crear transferencias de 500.000 pesos mensuales para más de tres millones de adultos mayores, sin duda, reduce los niveles de pobreza. El problema es que la fórmula de Petro para financiar subsidios no tendría fondeo más allá de un par de años.
Paralelamente, la propuesta pensional que plantea Petro llevaría, en la práctica, a la desaparición de los fondos privados, pues su modelo es mayoritariamente público y los dos regímenes no competirían, sino que se complementarían.
La financiación es el punto crucial. Petro dijo que no tocaría la edad para pensionarse, algo en lo que han insistido organismos internacionales, incluso la Ocde, pues la población cada vez vive más, por lo cual, lo que cotizan las mujeres hasta los 57 años y los hombres hasta los 62 no alcanza para cubrir la demanda de recursos que tendrán durante los años en los que disfruten de la jubilación.
Una reforma tributaria ambiciosa
Nada más complejo de tramitar en el Congreso de la República que las reformas tributarias y, peor aún, cuando se necesitan recursos para cubrir las necesidades de financiamiento adicionales que planteó la pandemia y que se suman a las promesas de campaña.
Más difícil aún es lograr que pase una reforma tributaria estructural como la que busca Petro y que fue catalogada por JP Morgan como “sumamente ambiciosa”. Petro dice que hará cambios dentro de lo que llama “una justicia tributaria para los derechos y la vida”, pues argumenta que, en la actualidad, “el sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia”. Los recursos que busca son superiores a los 50 billones de pesos, y los pretende obtener con el combate a la evasión, la eliminación de ‘gabelas’ y la progresividad en el pago de gravámenes. No obstante, según advirtió JP Morgan, “podría implicar tensión institucional y un desafío a la regla fiscal (ley para mantener las finanzas públicas sanas), a pesar de algunas promesas de gradualismo”.
Además, desmontar beneficios tributarios a sectores que han tenido prebendas durante años es visto como un ataque a la seguridad jurídica, pues los inversionistas vinieron a poner sus negocios en el país con las condiciones que ahora les cambiarían.
Algunos analistas temen que esas estrategias, más la idea de reducir la brecha entre la tarifa nominal de tributación y la tarifa efectiva, si bien suena enmarcada dentro de la justicia (el que más tiene más aporta), podrían provocar una estampida de empresas de Colombia, lo que causaría un efecto negativo sobre el empleo y la economía.
¿Pérdida de credibilidad?
Quizás una de las instituciones económicas más serias y técnicas del país es el Banco de la República, entidad que en estos momentos está librando una dura batalla contra la inflación. Su principal mandato consiste justamente en evitar que el costo de vida se dispare, y como este ha subido más de 9 % en el último año, todas las alarmas están prendidas para evitar que la situación empeore.
El arma del Emisor son las tasas de interés, las cuales ha venido subiendo desde octubre del año pasado del 1,75 % al 6 % actual, y tanto el presidente Duque como Gustavo Petro han pedido que no las suban tanto, pues no quieren que se desacelere la economía.
Que ambos coincidan en su pedido y que, sin embargo, los siete codirectores del Banco se mantengan en su empeño de subir las tasas de interés es una prueba de su independencia y es allí justamente en donde está la preocupación con el nuevo gobierno, pues durante su campaña Petro aseguró que la junta no era realmente independiente, pues “todos sus miembros eran del Centro Democrático” y que su idea era cambiar esa situación.
Si bien por diferentes circunstancias, cinco de los siete miembros de la actual junta han sido nombrados por el presidente Duque, hasta ahora ni ellos ni sus antecesores les han hecho mucho caso a los pedidos del Ejecutivo de turno y, por eso, hay temor frente a lo que pueda hacer Petro, quien además desea que en la junta tenga presencia la sociedad, pues esta entidad está conformada por técnicos.
Esa idea tiene aterrados a los expertos, quienes recuerdan que, en el pasado, en la junta del Banco de la República hubo representantes de los exportadores, a quienes les interesaba la devaluación, sin tener en cuenta su impacto en otros sectores de la economía. El objetivo de contar con técnicos es que justamente la política monetaria y cambiaria sea para beneficio de todos y no solo de unos pocos. Otra de las propuestas controvertidas de Petro ha estado en la posibilidad de que el Banco de la República le haga un préstamo al Gobierno para que no tenga que endeudarse en el exterior.
Esta idea la expresó en medio del peor momento de la pandemia, cuando el país estaba urgido de recursos para atender la crisis sanitaria, pero inmediatamente hubo un rechazo unísono tanto de la junta del Emisor, como de otros economistas. Ellos recordaron que ese tipo de medidas son muy peligrosas porque generan inflación y que los países que las han ejecutado, como Argentina y Venezuela, son un ejemplo claro de por qué eso no se debe hacer. El temor es que Petro reviva su idea de la emisión de parte del Banco de la República, en momentos en que ya no habla como candidato, sino como el mandatario de todos los colombianos.
Impacto en la tasa de cambio
Tener por primera vez un presidente de izquierda y quien además aspira a implementar varias ideas, que para muchos son populistas, podría impactar la tasa de cambio, al menos hasta que no se tenga claridad sobre cómo será el estilo de gobierno de Petro.
La consultora Oxford Economics publicó un análisis en el que asegura que si el nuevo mandatario “impulsa su agenda populista, se reducirá la credibilidad fiscal del país, lo que haría que el peso se deprecie 9 % frente al dólar, que suban las tasas de interés en 1 % adicional, al tiempo que aumentarían los riesgos de un menor crecimiento y una mayor inflación”.
La estimación de Oxford Economics es que la tasa de cambio subiría a 4.850 pesos para 2026 si Petro logra implementar sus propuestas para frenar la industria petrolera. No obstante, consideran que ese no es el escenario más probable por el sistema de pesos y contrapesos del país.
Mercado de bonos, alborotado
La semana anterior a las elecciones, los bonos de deuda externa de Colombia estuvieron afectados ante la posible victoria de Petro, pues a los inversionistas foráneos les preocupa un cambio en el modelo económico del país.
Esta situación, sumada al duro impacto de la inflación en los mercados de deuda, llevó a que los bonos de Colombia aumentaran su nivel de riesgo, incluso por encima de los de Brasil, país que tiene una calificación inferior, así como a subir sus rendimientos a niveles no vistos desde hace más de 10 años, cuando el mundo estaba en plena crisis financiera.
Un informe de Bloomberg sostiene que algunas fuerzas podrían mitigar o incluso revertir esa tendencia de los bonos: si Colombia logra mantener su ritmo de crecimiento o si Petro decide implementar una política más centrista de lo que hasta ahora ha sido su retórica.